Cualquier persona medianamente razonable está de acuerdo que en el espacio público debe existir orden para que nuestra convivencia sea posible. Pero el orden público no es un concepto que signifique calles y las plazas solo ocupadas por conductores y consumidores. Como lo han sostenido reiteradamente los órganos internacionales de derechos humanos, es el espacio propicio para la democracia. En la opinión consultiva OC-5/85 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el mismo concepto de orden público reclama el respeto a la libertad de expresión.

Una noción de orden público en clave democrática, faculta a las autoridades a mantener la paz como un contexto para que la ciudadanía pueda realizar cualquier fin lícito. El artículo 6 constitucional establece con suficiente claridad, que la manifestación de las ideas no será objeto de inquisición por las autoridades y que ninguna manifestación podrá ser disuelta si esta es pacífica. Ejercer un derecho fundamental es un fin lícito por excelencia. Como el uso de la fuerza en las democracias es un tema serio, consentimos se ejerza por los gobiernos en ocasiones excepcionales y bajo los principios de racionalidad, necesidad y proporcionalidad señalados en la ley y en la jurisprudencia de la Corte en el caso Atenco.

Los actos de violencia ocurridos el 1 de diciembre pudieron ser evitados y/o sancionados. La misma noción de orden público reclama la acción de la policía para prevenir, detener y sancionar a quienes cometan un ilícito. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal invirtió los anteriores principios. Mientras en avenida Juárez se dañaban inmuebles, el mando superior dio órdenes de detener a personas que se manifestaban pacíficamente o que solo pasaban por la calle de Regina, a varias cuadras del punto de enfrentamiento.

Cuando integrado en la Liga de Abogados 1 de Diciembre asumimos la defensa legal de las víctimas, entendí que había una decisión política del más alto nivel para detener y consignar a inocentes con base en mentiras. Aquí en Sin Embargo, denuncié el engaño consistente en sostener que las personas fueron detenidas en avenida Juárez y Balderas. Eso nunca ocurrió. La cámara de seguridad que se encuentra en ese lugar, curiosamente fue la única que no funcionó en todo el Centro Histórico.

En los días posteriores al 1 de diciembre, envié a Miguel Ángel Mancera, por medio de un colaborador, la propuesta de lo que me parecía, era una solución adecuada. Pensé que no tenía por qué asumir el costo de la pésima decisión de Marcelo Ebrard. “Libera a los detenidos injustificadamente, castiga a los policías que abusaron y manda un mensaje claro que tu gobierno investigará y detendrá a quienes cometieron delitos. Aplicar el modelo Atenco, no es la solución de un gobierno de izquierda democrático”. La tenía fácil. Quedaba bien con amplios sectores de los capitalinos que defendemos nuestras libertades y mandaba un mensaje a favor del respeto a una convivencia pacífica. La aplicación correcta de la ley como salida a los problemas políticos, no está en la opción de algunos gobernantes.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realizó en enero un Informe Preliminar que ya documentaba tortura, decenas de detenciones arbitrarias y violaciones procesales. Ayer presentó su Recomendación sobre los hechos del #1DMx, tras una sólida investigación. Leer las 94 cuartillas y sus anexos, es un diagnóstico de campo sobre el estado de nuestras corporaciones policiacas, de procuración y de administración de justicia, además por un paseo por los prejuicios y la tentación autoritaria que permea en la Secretaría de Seguridad Pública del DF y a la Procuraduría General de Justicia del DF, lejos de los principio de racionalidad, necesidad y progresividad, ejes rectores del actuar policial en materia de uso de la fuerza legítima. Tortura, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, falsedad de declaraciones, incumplimiento de plazos constitucionales,  entre otras violaciones a los derechos humanos.

La investigación conducida por el Primer Visitador, Mario Patrón, demuestra que el único objetivo que consiguió el operativo fue resguardar las sedes de los poderes federales. La Policía falló en su obligación de cuidar y respetar a los manifestantes, falló en proteger la propiedad pública y privada y falló incluso en cuidar la integridad de los elementos policiacos. De manera sólida incorpora como criterio de interpretación legal, el principio pro persona para mayor protección de derechos ordenada las autoridades por el artículo 1 constitucional y es pionera mencionar el derecho ciudadano a filmar los operativos policiacos. Luis González Placencia hace lo correcto, incluso frente a un posible segundo mandato en la CDHDF.

En la Recomendación se prueba cómo Luis Rosales Gamboa actual Primer Superintendente de la SPPDF hizo un mal diseño del operativo y con Darío Chacón Montejo, en este tiempo Subsecretario, fueron inoperantes durante su desarrollo. Demuestra cómo desde las nueve horas ya se tenían ubicadas a las personas que portaban bombas molotov y no tomaron medidas adecuadas para aislarlos y detenerlos, por el contrario, el mismo diseño y ejecución del operativo generaron el contexto para que las personas violentas se mezclaran entre los manifestantes pacíficos y que esto les sirviera de cobertura. El plan indicaba que los policías no debían cargar equipamiento para disolver y detener grupos violentos. La idea era contener solamente. Solo hasta las 13:09 horas, Darío Chacón ordenó por radio: “Necesitaríamos detenciones R9”.

Es importante que la ciudadanía conozca la Recomendación que prueba cómo se pudo prevenir el daño a los inmuebles y negligentemente no se actuó. Alrededor de las 13 horas una comandante informó al mando superior que los comercios de avenida Juárez podrían ser vandalizados. No recibió orden alguna de actuar en consecuencia. 40 minutos después iniciaron los destrozos. Con su negligente acción, la Policía no solo generó el contexto para que un grupo dañara el patrimonio, pudiendo prevenir, no lo hizo.

Como ejemplo de la brutalidad policiaca de las decenas que se documentaron, está el caso de Uriel Polo (menor de edad) quien fue detenido sin haber cometido delito o falta. La investigación documentó los 200 golpes que la Policía le propinó. Fue llevado a la agencia 50 del Ministerio Público donde un oficial les dijo, “No lo podemos recibir así, viene muy golpeado”. Lo retuvieron ilegalmente durante horas en la calle. Llamaron a una ambulancia del ERUM que solo lo limpió la abundante sangre. Los policías lo trasladaron a Indios Verdes, le robaron su camisa ensangrentada y lo amenazaron.

En resumen, el mensaje de la Comisión es poderoso. Tanto la Procuraduría como la Policía nos mintieron. Sabían que por lo menos 96 detenidos eran inocentes y aun así los detuvieron y a 69 los consignaron ante la juez 47 de lo penal. Mentir no solo es un pecado, en este caso es un delito. La juez María del Carmen Mora Brito, por su parte, no realizó el cómputo del plazo constitucional de las 48 horas para realizar la consignación, lo que hubiera evitado un mes de cárcel a la mayoría de los consignados.

Las recomendaciones de la Comisión son puntuales. Las de justicia para las víctimas que incluyen la reparación integral del daño,  un acto de reconocimiento público por los abusos, garantías de no repetición, que la Procuraduría se desista de la acusación de las 13 personas a quienes aún se les siguen proceso y que se inicien las investigaciones a mandos superiores y operativos de las corporaciones de policía que lleven a la sanción de los culpables. Entre las de carácter estructural la Comisión recomienda una reforma a la policía con la participación de sociedad civil y academia para ajustarla a los estándares internacionales de seguridad ciudadana, que las autoridades elaboren protocolos de cadena de custodia de personas detenidas y que en lugar del protocolo para el control de multitudes publicado hace unas semanas por la PGJDF, elabore el Protocolo de detención de presuntos infractores y probables responsables.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado a los países a incorporar la noción de seguridad ciudadana. La seguridad es para las personas y solo por extensión para las instituciones. 800 elementos de la SSPDF destinados a la seguridad del convoy presidencial, adicionalmente a los cientos de elementos de la Policía Federal y el Estado Mayor Presidencial, parecen contradecir lo anterior.

Luis Rosales quién también planeó el operativo del News Divine y Darío Chacón, fueron formados por el Negro Durazo en Tlaxcoaque, sede de la Policía Capitalina que funcionó como centro de tortura y desaparición forzada hasta el temblor del 85. Ambos funcionarios deben, por lo menos, ser destituidos por su demostrada ineptitud y negligencia como un mensaje contra la impunidad y para evitar pongan en peligro vidas en adelante. Como sucede en otros casos trágicos, los ineptos se caen para arriba, Chacón es ahora funcionario federal y Rosales tiene nivel de subsecretario en el DF.

Finalmente urge que Raúl Plascencia desde la CNDH informe sobre los hechos en San Lázaro donde la Policía Federal actuó negligente dando como resultado que Uriel Sandoval perdiera un ojo y el profesor Juan Francisco Kuykendall permanezca en coma. No hubo detenidos. Las voces que piden aplicación de la ley no deben ausentarse cuando de los abusos se trata

De manera tramposa Jesús Rodríguez Almeida, ex Procurador y actual jefe de la Policía dijo que “atenderán” la Recomendación lo que no significa que la aceptarán y cumplirán. Por el cúmulo de evidencia conocida es tiempo que Mancera tome la decisión de aceptar la Recomendación. Si no lo hace por convicción, debiera atender algunas encuestas que ya indican una mala percepción de su trabajo. En este momento, el Jefe de Gobierno tiene la oportunidad, quizá la última, de restaurar la legalidad. Decidamos juntos.

Jesús Robles Maloof

https://www.sinembargo.mx/author/jrobles

Defensor de derechos humanos, entusiasta de los efectos transformadores de las tecnologías de la información. Hace años decidí unir mi voluntad a quienes luchan contra la corrupción, la violencia y la impunidad. Desde integro 2010 el colectivo de activistas digitales Contingente Mx. Colaboré como Senior Lawyer en New Media Advocacy Project y actualmente soy responsable del área de Defensa Jurídica de la organización Enjambre Digital que defiende las libertades en internet.

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