En el Golfo de Ulloa, una zona con alta productividad pesquera, una minera con concesión vigente busca dragar millones de toneladas de arenas fosfáticas. Durante su periodo de exploración, aparecieron especies marinas muertas en la costa de Baja California Sur.
Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– La empresa Exploraciones Oceánicas pretende dragar del Golfo de Ulloa, Baja California Sur, 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas negras durante 50 años para la producción de fertilizantes.
La autorización ambiental fue negada por su posible afectación a langostas, ballenas o tortugas marinas migrantes, pero como la concesión sigue vigente, pescadores no bajan la guardia y exigen la prohibición de la minería submarina en México.
“La pesca es la columna vertebral de la zona del Golfo de Ulloa. Definitivamente no podríamos seguir pescando si entra una mina ahí, se van a crear zonas de muerte”, dijo en entrevista Tomás Camacho, integrante de la cooperativa “Puerto Chale” compuesta por 200 familias pesqueras.
En 2016 y 2018 la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) negó la autorización ambiental regional del proyecto en el yacimiento “Don Diego”, con las concesiones 100/00617, 100/00618, 4/002-00544, otorgadas a Exploraciones Oceánicas por la Secretaría de Economía en noviembre de 2013 y aún vigentes.
Ante la negativa de la autoridad ambiental, en junio del 2019 la otra empresa encargada, Odyssey Marine Exploration, demandó al Gobierno de México por 3 mil 540 millones de dólares en EU, hecho que el Gobernador Víctor Manuel Castro Cosío considera un “exceso” y ha reiterado su negativa al inicio de esta minería submarina.
Tomás Camacho, de la cooperativa “Puerto Chale”, se reunió estos días con la Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, tras celebrarse un foro en la Cámara de Diputados para reformar la Ley Minera que ponga en el centro los derechos humanos de las comunidades y detenga los abusos de la industria extractiva.
“Aunque se haya rechazado dos veces la Manifestación de Impacto Ambiental por inconsistencias, tienen la concesión y podrán seguir presentando los proyectos que quieran con otros nombres. O, por la demanda millonaria, el Gobierno mexicano puede dejarlos operar. La Secretaria nos decía que mientras esté ella no pasa, pero nosotros necesitamos que se prohiba para siempre la minería submarina”, afirmó el pescador.
En la zona de las islas Clarion-Clipperton, entre Hawai y México frente al puerto de Manzanillo, la autoridad del cuidado del fondo marino, la International Seabed Authority (ISA), ya autorizó un proyecto en aguas profundas a la empresa Nauru Ocean Resources, una subsidiaria de la canadiense Metals Company (TMC), para desde barco extraer tierras raras demandadas por la tecnología de microcomponentes electrónicos.
SEGUIR EN RESISTENCIA
En octubre de 2012, los pescadores del Golfo de Ulloa –una zona de alta productividad casi todo el año por la luz, clima y corrientes– empezaron a ver una embarcación a lo lejos. Meses después, aparecieron tortugas amarillas y delfines muertos en la costa.
“No sabíamos qué era”, recordó Tomás, de la cooperativa pesquera “Puerto Chale”, que tienen concesión para pescar langosta, caracol, abulón y pulpo. Se trata de una región de paso de especies migratorias como las ballenas y las tortugas que buscan alimento y condiciones para reproducirse.
En 2014, se llevó una reunión pública informativa del proyecto “Don Diego”, donde asistieron 500 personas y la mayoría estuvo en contra. En marzo de 2015, Exploraciones Oceánicas demandó penalmente a un periodista de la región que investigó sobre los posibles efectos, Carlos Ibarra, y también a Florencio Aguilar, de la cooperativa “Puerto Chale”, por “conspirar en contra del desarrollo económico de México”.
La Manifestación de Impacto Ambiental-R, no aprobada en 2016 ni 2018 por la Semarnat, planteó que el material a extraer no presenta “características de toxicidad al ecosistema”; la empresa realizaría “paradas ecológicas” para asegurar el libre tránsito de las ballenas con sus ballenatos; ofreció la participación de Pemex Fertilizantes como potencial comprador del producto para la producción de fertilizantes fosfatados (para agricultura); y propuso un acuerdo con los pescadores para que se les otorgue una compensación económica por no pescar.
Sin embargo, el documento reconoce que “el proyecto ocasionará impactos vinculados con la generación de pluma de sedimentos (desechos que podrían quedar de forma permanente), afectando la calidad de la columna de agua y el fondo bentónico, así como ruido que ocasionará el proceso de dragado”. Además documenta que en la zona, a parte de peces, tiburones, aves, tortugas y ballenas, hay 29 especies de fauna incluidas en alguna categoría de riesgo como la especie tortuga Carretta Carretta.
María Concepción Lora, integrante del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos, fue una de las científicas que revisó la Manifestación de Impacto Ambiental y recomendó a la Semarnat no aprobarla.
“Con la exploración aparecieron muertas las tortugas. Si la explotación se permitiera, estaría molestando a los organismos que atraviesan esa zona por el ruido y por quitar el paso de la luz solar, alimento del fitoplancton (alimento de otras especies ); todo se alteraría”, dijo.
La investigadora titular del Programa de Acuicultura del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste explicó: “Al estar dragando de la mañana a la noche todos los días durante 50 años eso hará una especie de nube, un polvo muy fino que quitará todo el paso de la luz solar y no permitirá disolver sedimentos contaminantes que quedarían como un talco o lodo”.
“Nosotros vimos la MIA y dijimos no es nada bueno; todo lo que está ahí se puede contaminar, pero no lo vamos a permitir”, afirmó la investigadora.
