Los criminales no son infalibles. Ni los de cuello blanco, ni los políticos o gobernantes, muchos menos los narcotraficantes. El 5 de enero de 2023, el gobierno de la República, entregado, en materia de combate a la inseguridad, más a la retórica que a las acciones, demostró que si se quiere, se puede. Que, si hay compromiso, no hay fuerza ilícita que lo detenga, y que el Ejército es capaz de colaborar en la lucha contra el narcotráfico.

Efectivamente, la aprehensión de Ovidio Guzmán López, miembro de la célula de los Menores en el Cártel de Sinaloa o también conocida como la Chapiza o los Chapitos, dio cuenta de un gobierno operando para sacar de circulación a uno de los más buscados, aun cuando lo requiera otro país, en este caso los Estados Unidos cuyo departamento de Estado ofreció 5 millones de dólares por información que llevara a su captura, o incluso considerando que en México Ovidio Guzmán no cuenta con mandamiento judicial en su contra.

Sea la captura resultado de un trabajo de investigación que llevó por lo menos seis meses, según informó el secretario general de la Defensa, general Crescencio Sandoval, o porque se toparon con el hijo de Joaquín Guzmán Loera el Chapo en un traslado, o porque fue una acción coordinada para demostrar el trabajo del gobierno mexicano en el combate a los cárteles, particularmente al tráfico de fentanilo, como se comprometería el presidente Andrés Manuel López Obrador en la X Cumbre de Líderes de América del Norte, ante sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, el hecho es que sucedió y que dejó en claro que si el gobierno de la República quiere, puede.

Y ojalá, quiera más seguido.

No fue una operación en blanco, hace unos días el secretario de la defensa nacional informó que en el recuento de los daños en la aprehensión de Ovidio Guzmán, la cifra fatal fue de 29 personas muertas. A saber, diez miembros de las Fuerzas Armadas, y 19 presuntos criminales. Miembros del cártel de Sinaloa intentaron, aun cuando ya era muy tarde, primero, liberar al detenido, y posteriormente presionar, como lo hicieron en 2019, para que su liberación fuese ordenada ante la amenaza de atacar zonas civiles y asesinar ciudadanos.

Afortunadamente no sucedió así. Conforme avanzó el día, dado que la detención fue apenas pasadas las seis de la mañana según se informó oficialmente, y al hecho de que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional prácticamente dejaron solos a los sinaloenses, las secuelas de violencia, bloqueos, quemas de vehículos, disparos, fueron cediendo.

Los sinaloenses se resguardaron en sus hogares al tiempo que empresas y comercios cerraron actividades. Lo mismo aeropuertos, centrales de transporte, y justas deportivas o actos recreativos y de entretenimiento fueron cancelados. En las carreteras de acceso a Sinaloa, el tráfico se detuvo. Por esas horas, el Estado estuvo a merced del crimen organizado, del cártel de Sinaloa.

Pero se pudo. Luego de la detención y el sucesivo traslado a la Ciudad de México donde fue presentado para tomarle declaración en la fiscalía general de la República, un juez de control le dictó la prisión preventiva oficiosa con fines de extradición, pues -se insiste- pese a que en México no cuenta con investigación u orden de aprehensión por delitos contra la salud o cualquier otro, en 2019 el gobierno de los Estados Unidos solicitó al mexicano la captura para extraditarlo.

En los Estados Unidos existe una investigación contra Ovidio Guzmán López, apodado el Ratón, y el Nuevo Ratón, así como contra su hermano Joaquín Guzmán López, el Güero, el Güero Moreno y el Moreno, en la corte del distrito de Columbia, abierta en julio de 2017, por los delitos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, y mariguana, así como por importarla hacia la Unión Americana.

Aparte de los Estados Unidos también ofrecer una recompensa de cinco millones de dólares a quien provea información que lleve a la captura del hermano de Ovidio, Joaquín Guzmán López. La misma oferta pesa sobre los otros dos hijos del Chapo, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Por lo que material para que el gobierno de México continúe por el camino del desmantelamiento de los cárteles de la droga, hay y mucho. Y si del cártel de Sinaloa se trata, aparte de los tres hijos de Joaquín Guzmán Loera que integran a los Menores, ahí está Ismael Zambada García el Mayo, y su prole, dedicados por herencia al narcotráfico, y algunos miembros de hecho, ya han pisado la cárcel en los Estados Unidos.

Por supuesto el presidente puede ordenar también al Ejército, la captura de los cabecillas criminales de otros cárteles, como el cártel Jalisco Nueva Generación, el del Golfo, los Zetas, los Beltrán Leyva, el cártel de Caborca, los Rojos, los Caballeros, y tantas organizaciones criminales que, ante la impunidad, han crecido, se han diversificado criminalmente, dañan a la sociedad, y mantienen al país con más de 35 mil ejecuciones por año.

Con la captura de Ovidio Guzmán a manos del Ejército Mexicano en 2023 ya se comprobó que, si se quiere, se puede. Ojalá quiera más seguido, hasta que en este país haya justicia. Ojalá, después de todo, no hay que olvidar que en 2019 también se pudo, pero no se quiso. Ahora, a ver qué pasa.

Adela Navarro Bello

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