Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).– Tania Ramírez se puso una playera con el rostro impreso de su padre, Rafael Ramírez Duarte, quien desapareció hace 37 años. “Hoy deberíamos celebrar 65 años de que él nació, su cumpleaños, y no una conferencia”, dijo la integrante del Colectivo Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.OS.).
Ramírez Duarte es uno de los mil 200 desaparecidos durante la “Guerra Sucia”, periodo comprendido entre los años setenta y ochenta del siglo pasado, en que el gobierno mexicano utilizó la desaparición de personas para reprimir movimientos opositores.
El papá de Tania fue desaparecido en el Distrito Federal el día 9 de junio de 1977, a dos días de su cumpleaños.
Ayer su hija acudió al Centro Pro de Derechos Humanos, acompañada de otros activistas y especialistas en el tema, a presentar el informe sobre la situación en México ante la revisión que del Estado mexicano hará el Comité contra la Desaparición Forzada de personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), programada para el próximo año.
Los activistas informaron que además del nulo esclarecimiento de los que casos registrados durante los años sesenta y ochenta, se suman los que se han producido por la guerra declarada por Felipe Calderón Hinojosa al crimen organizado, y los que se han sumado en la actual administración de Enrique Peña Nieto.
Las cifras sobre personas desaparecidas en México son inconsistentes, hay opacidad para acceder a ellas, y por la tendencia actual de casos, el gobierno de Peña Nieto podría tener el doble de casos que el de Felipe Calderón Hinojosa, dijo a SinEmbargo la investigadora del Área de Derechos Humanos de Fundar, Ximena Antillón Najlis.
“Se presenta opacidad en la manera de cómo se han depurado las cifras, hay dos grandes registros, el que recibió el gobierno de Calderón y el que se ha venido realizando durante el gobierno actual”, explicó.
A ello se agrega el registro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que dice que desde 2005 los desaparecidos suman 24 mil personas.
El problema es que las cifras no se pueden cotejar porque las bases no son públicas, detalló la investigadora.
De acuerdo con cifras del propio gobierno federal, dadas por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, durante la administración calderonista desaparecieron 13 mil 195 personas.
En los meses que lleva Peña Nieto en el poder ya suman 7 mil 615 personas desaparecidas en poco menos de dos años, lo que equivale 17 desaparecidos por día, número más alto que en 2010 y 2011, los años más violentos de Calderón, según el asesor de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), Juan López Villanueva.
Antillón advirtió que este gobierno alcanzó 60 por ciento de todo el sexenio de Calderón y que si continúa la tendencia podrían rebasar el número de desaparecidos de Calderón.
La tendencia marcaría un fracaso de la estrategia preventiva que el gobierno de Peña Nieto ha presumido. “Calderón tenía el discurso de la guerra contra el narcotráfico y éste fue modificado en el gobierno actual, que ha tratado de diferenciarse de ese discurso y habla más de prevención, pero las cifras dicen que esa política no está funcionando y se está agravando, vemos que la desaparición continúa”, comentó.
LA OPACIDAD EN EL GOBIERNO
La activista explicó que el padrón de desaparecidos durante el gobierno de Calderón fue depurado al encontrar que no todos los reportados como desaparecidos lo estaban.
“Lo que tenemos es información que nos comunicó el Procurador [Jesús Murillo Karam] de que son personas que no son víctimas, que no fueron desaparecidas sino que estaban extraviadas, no localizadas y que ellos tuvieron conocimiento de que habían sido encontrados porque se habían comunicado con las familias. Este proceso de depuración no viene de una búsqueda ni de una localización sino que se puso el gobierno en contacto con familiares”, dijo.
En cuanto a las desapariciones reportadas en la actual administración que Osorio Chong hizo públicas fue porque recibieron alrededor de 16 mil denuncias, de las cuales se han encontrado 8 mil personas y alrededor de otras 300 se registró que ya estaban muertas.
“Lo que hicimos fue sumar las 13 mil 195 más 7 mil 615 que el gobierno reconoce con lo cual tenemos 20 mil 810 personas, eso es una primera conclusión, a partir de lo que han estado informando pero no hemos tenido acceso a un registro ni a base de datos porque no está publicada en el Reporte Nacional de Personas desaparecidas, hay declaraciones pero no hay acceso a esas bases de datos”, criticó.
Además, hay inconsistencias con cifras de otras instancias. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un reporte de 24 mil personas desaparecidas desde 2005, pero no hay posibilidad de comparar nombres de víctimas.
“Ni siquiera tenemos la posibilidad de cruzar datos porque ellos contemplan a otras personas, necesitaríamos ver una lista y otra”, lamentó.
“De esas cifras tenemos dudas porque en primer lugar no tenemos la certeza sobre las personas migrantes desaparecidas en tránsito por México ni de los desaparecidos durante la Guerra Sucia”, añadió.
Tampoco existen cifras que dividan a las víctimas por género, edad o los estados donde con más frecuencia se reportan los casos.
“No es pública esa base de datos”, afirmó.
La activista planteó que la política para atender a las víctimas ha sido rebasada, sobre todo en la operación de la Unidad para Desaparecidos de la PGR.
“Lo que hemos observado es que la Procuraduría General de la República [PGR] creó la unidad por decreto y fue en el contexto de una huelga de hambre organizada por madres de desaparecidas y el gobierno lo anunció como su respuesta frente a la problemática”, recordó.
Con un año de distancia y según datos oficiales, la Unidad lleva 402 averiguaciones previas.
“Hay que comparar, si tenemos un registro de 20 mil 810 personas entonces la capacidad es insuficiente y por eso se necesita una política de Estado para atender la problemática. Si con 400 casos ya están rebasados el Estado tendría que hacer un esfuerzo mayor para alinear sus capacidades”.
A ello se suman las trabas burocráticas y las limitantes de personal de la Unidad y que padecen los familiares de las víctimas.
“Lo que nos han dicho los familiares de las víctimas que llevan sus casos es que hay muchas dificultades porque no cuentan con policía ministerial ni federal, entonces se necesitan más recursos destinados”.
Lo que se traduce del funcionamiento de la unidad y su escaso equipo es que el gobierno no ha dimensionado la emergencia, consideró Antillón.
“Lo que nos preocupa es que no se dimensiona a lo que está pasando en este país con esta problemática de personas desaparecidas”.
La dinámica de las desapariciones ha cambiado, y ya no se hace de manera sistemática por parte del Estado para eliminar a opositores, pero al hacer omisiones de investigación o de negar el problema, se manda el mensaje de que en este país se puede desaparecer a las personas, dijo.
Pero además ha aumentado el número de casos donde se presume que los desaparecidos fueron detenidos por agentes del estado, y luego desaparecidos.
En muchos de estos casos el común denominador es la colusión de dichos agentes con el crimen organizado.
“Con la magnitud del problema no podemos pensar que el Estado no tiene nada que ver, como mínimo hay omisión”.
Asimismo, dijo que otro problema es que el reglamento de la ley General de Víctimas está por debajo de los estándares internacionales de protección de víctimas.
“Cuando se disolvió Províctima la Comisión Ejecutiva estaba en pañales y no tenía convenios ni forma de atender a las víctimas y la Comisión recibió la responsabilidad de atender a quienes atendía antes Provictima, pero limitó el número o de plano dejó de atender a las víctimas, luego sí las atendió, pero se siguen produciendo. Si en este sexenio tenemos 8 mil son miles de familiares los que necesitan atención; tenemos una preocupación importante de cómo va a hacer la Comisión Ejecutiva para atender a las víctimas, ha estado por debajo de su responsabilidad”, agregó.
CON LA MANO DEL ESTADO
Las desapariciones continúan en el país, informó por su parte el integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Carlos Moreno. La organización fundada por el poeta Javier Sicilia recibe información de nuevos casos diariamente.
“Los casos siguen en aumento y hay simulación del gobierno que no permite conocer cifras”, dijo.
Algunos funcionarios cuando son cuestionados al respecto responden que ellos son nuevos y carecen de datos, expuso.
En el caso de los migrantes desaparecidos, tampoco hay cifras ni datos oficiales de la PGR, dijo el Coordinador Jurídico de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Rafael Heredia.
Explicó que en México la única instancia que ha presentado números al respecto es la CNDH, que registra 308 casos de indocumentados desaparecidos, cifra que contrasta con la información de Honduras y El Salvador, países que afirman que son más casos de ciudadanos de ambos países.
Los analistas pidieron una Fiscalía de desaparecidos, que se abra el registro de víctimas, que el Estado mexicano deje de apostarle a la policialización del Ejército y de militarizar a las policías, y que el gobierno dedique tiempo a una política de personas desaparecidas, como se ha hecho con las reformas estructurales.
DESAPARICIONES EN CIFRAS
- 1969 Primera desaparición forzada del maestro Epifanio Avilés Rojas
- De 1970 a 1980 ocurrió la Guerra Sucia, época en que de manera sistemática el Estado usó la desaparición forzada para reprimir a opositores al gobierno priista.
- 1,200 personas desaparecieron durante esa época.
- 532 Averiguaciones previas registró la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, sobre desapariciones forzadas producto de la Guerra Sucia.
- Ningún caso fue consignado.
- 20 mil 810 personas desaparecidas desde el 2006 a causa de la guerra contra el narcotráfico.
- 13 mil 195 durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
- 7 mil 615 en la actual administración.
- 2/3 partes de las desapariciones podrían tener participación de agentes del Estado (policías municipales, estatales o federales, o de miembros del Ejército).
- 19 de 32 estados han tipificado la desaparición forzada.
