La suspensión de la Ley Federal de los Servidores Públicos que realizó el viernes Alberto Pérez Dayán, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no impedirá que el tope del salario de los funcionarios públicos –una de las principales promesas de Andrés Manuel López Obrador– sea el del Presidente de la República, dice Pablo Gómez Álvarez, Diputado federal de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y creador de la controvertida iniciativa.
El Ministro, afirma Pablo Gómez, se “inventó” una suspensión que no es acorde a lo que los senadores de oposición le pidieron: “Pérez Dayán no aceptó la suspensión que le pidieron los senadores y lo que hizo fue inventarse una suspensión propia, que es la que le están pidiendo los jueces y magistrados y utilizó la acción de inconstitucionalidad que presentaron los senadores de oposición para hacer una suspensión a modo de los jueces y ministros, no a modo de lo que los senadores querían”.
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– El Alberto Pérez Dayán, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “se inventó” una suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos “a modo de los jueces y magistrados” y no la que le pidieron los senadores de la oposición, pues será la Cámara de Diputados la que finalmente decida los sueldos de los funcionarios públicos, Pablo Gómez Álvarez, Diputado federal de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y creador de la controvertida iniciativa.
“La oposición en el Senado la estaba pidiendo que la Cámara no pudiera emitir, fijar las remuneraciones y que se fijaran como las de este año, que todo quedara igual que en el Presupuesto 2018. Esto no lo pudo conceder el Ministro, porque hubiera sido equivalente a suspender la propia Constitución”, dijo Pablo Gómez en entrevista con SinEmbargo.
“Pérez Dayán no aceptó la suspensión que le pidieron los senadores y lo que hizo fue inventarse una suspensión propia, que es la que le están pidiendo los jueces y magistrados y utilizó la acción de inconstitucionalidad que presentaron los senadores de oposición para hacer una suspensión a modo de los jueces y ministros, no a modo de lo que los senadores querían”, añadió Gómez Álvarez.
El 5 de noviembre la Ley Federal de Remuneraciones –que ordena que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República y elimina las pensiones a los ex mandatarios– fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
Con su publicación se materializó el primer paso para cumplir una de las principales promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, quien se comprometió a bajar el sueldo de los funcionarios públicos, empezando por él.
El pasado viernes el Ministro Pérez Dayán admitió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición contra la Ley y prohibió que se utilice para fijar los salarios de los funcionarios en 2019, pero la resolución no impide que la Cámara de Diputados pueda asignar los sueldos fijados en base a las reglas ya previstas en la Constitución en los artículos 75, 94 y 127.
El Artículo 127 establece que el tope del salarios de los funcionarios públicos debe ser el sueldo del Presidente de la República. Pablo Gómez precisó que los senadores –del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC)– interpusieron la acción de inconstitucionalidad para proteger a los altos funcionarios, principalmente de los órganos autónomos, de la austeridad que plantea Morena y López Obrador.
“Entonces eso no se los concedió Pérez Dayán porque se hubiera metido en honduras […]. Para dejarlo claro: lo suspensión que Pérez Dayán hizo, es a la Ley, lo cual no nos perjudica a nosotros, porque tenemos que cumplir con la Constitución de todos modos. Incluyendo lo que toca a los sueldos de los integrantes del poder Judicial, de la Judicatura y los consejeros electorales, que son los que la Ley en el Tercero Transitorio del Decreto de la reforma constitucional, cuando se reformó el 127 en 2009, quedó planteando en qué condiciones se iba a respetar el sueldo que habían tenido con anticipación todos estos cargos, eso no lo hemos puesto en duda y la Ley que suspendieron tampoco”, dijo.
Pablo Gómez explicó que los sueldos de los ministros, magistrados y jueces no pueden ser disminuidos durante el tiempo de su encargo. “Ese un tratamiento aparte”, dijo.
Roberto Duque Roquero, especialista en Derecho Constitucional y en materia electoral de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que en 2009 se hizo una reforma al Artículo 127 Constitucional en el contexto de que había presidentes municipales y otros servidores públicos que ganaban cantidades escandalosas de dinero.
“Pero ha estado de adorno, porque en efecto distintos servidores públicos ganan más que el Presidente. La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos es Ley, lo otro es la Constitución que dice que ningún servidor puede ganar más que el Presidente. Esto cubre a todos los poderes, organismos autónomos, es la Constitución vigente y desde entonces bastante incumplida”, explicó Duque Roquero.
Las salvedades previstas también en la Constitución, añadió, son los sueldos del Poder Judicial y de los consejeros electorales. “Entonces el alcance [de la suspensión de la Suprema Corte] no se debe extralimitar o desbordar lo que implica una suspensión de esta Ley”, dijo.
Tatiana Clouthier Carrillo, Diputada federal de Morena, agregó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 quedará estipulado claramente el sueldo que ganará el Presidente de la República.
“Recordemos que la Cámara de Diputados hace el presupuesto y en el presupuesto de alguna manera lo topa, es muy claro. Todo queda presupuestado, el monto que gana el Presidente cumple claramente con lo que el Presidente se comprometió que va a ganar, lo que se había comprometido de bajarse el sueldo”, explicó.
Sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de frenar la Ley Federal de Remuneraciones, Clouthier Carrillo afirmó que no le queda duda que la Cámara hará los ajustes necesarios.
“Se habrán de hacer los ajustes con el presupuesto, no me cabe la menor duda. El presupuesto es el que que termina diciendo si alcanza o no alcanza”, dijo.
Esta mañana durante su conferencia de prensa matutina López Obrador dijo que los salarios de los funcionarios y en especial en el Poder Judicial, que son de hasta 600 mil pesos, son “ofensivos, una arbitrariedad”.
“Todavía no está resuelto este asunto. Quienes van a decidir son los diputados, en el Congreso”, contestó.
López Obrador también aseguró que su Gobierno actuará con apego a la Ley y que no entrará en “enjuagues, en negociaciones vergonzosas”, ni se comprarán voluntades.
“Es un proceso de transformación que va a llevar su tiempo, ya inició, lo importante es que inicia sin titubeos, sin medias tintas, eso es lo importante. Vamos también en uso de nuestras facultades a ir impulsando esta transformación; por ejemplo, en los nuevos ministros. Por facultad me corresponde enviar las ternas, vamos a ser cuidadosos: ya no queremos gente en los cargos que no tengan principios, que no tengan ideales. No queremos gente deshonesta en el Gobierno, entonces los que van a proponerse van a ser gentes intachables, de absoluta honestidad”, dijo AMLO.
El Presidente aseguró que se terminan “los coyotes” y traficantes de influencias y reconoció que por tratarse de un periodo de transición, se padecerá todavía al viejo régimen.
IMPUGNARÁN DECISIÓN DE SCJN
El Poder Legislativo, liderado por una mayoría de Morena, ha mostrado su rechazo a la suspensión realizada por la Suprema Corte de Justicia.
Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, dijo a SinEmbargo que en estos momentos el Senado realiza un análisis jurídico de la suspensión emitida por Pérez Dayán, pues el Artículo 64 de la Ley Reglamentaria indica que no se pueden suspender las leyes cuestionadas por una acción de inconstitucionalidad.
“Si se puede reconvenir, el Senado se puede inconformar sobre el tema, porque a primera vista no tendría soporte legal”, dijo el legislador de Morena.
Batres Guadarrama consideró que la suspensión, en el fondo, se trata de una “resistencia frente a un proceso de cambio que reclama el país” y cuestionó a los magistrados y jueces que hoy aseguraron que ninguno de sus funcionarios ganan 600 mil pesos mensuales.
“Se reitera que es falso que en el PJF alguien gane ni remotamente 600 mil pesos mensuales”, dijo la Suprema Corte en Twitter.
Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, leyó un posicionamiento esta mañana en el que aseguró que es falso que ganen más de 600 mil pesos al mes y acusó una campaña de desprestigio.
“Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas como que percibimos más de 600 mil pesos mensuales, que no corresponde ni cercanamente a la realidad. Sólo para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”, dijo.
A lo que Batres Guadarrama contestó: “Ah bueno, si es así, ¿por qué les preocupa la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos? Entonces, no tendrían que estar bloqueando la Ley”.
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró a través de su cuenta de Twitter que irán por la impugnación de la suspensión de la Ley ante la Suprema Corte.
“La resolución que suspendió la #LeyDeRemuneraciones contravino el art. 64 de la Ley en la materia, que señala no haber lugar a la misma. Es una falta grave que afecta el orden público y el interés social, por ello la impugnaremos ante la @SCJN . Demostraremos que se violó la ley”, escribió.
Mario Delgado Carrillo, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció en entrevista con Carmen Aristegui que los salarios en donde no se podrá “meter orden” son en los del Poder Judicial, pero sí en el resto de los sueldos de la administración pública.
“Estamos en esta situación porque senadores del PAN, del PRI y Movimiento Ciudadano presentaron esta acción de inconstitucionalidad porque no están de acuerdo en la austeridad republicana. Están defendiendo un régimen de excesos y privilegios, de súper salarios, están defendiendo a la alta burocracia que ellos crearon”, dijo el Diputado federal.
