Un análisis del Banco Mundial concluyó que una mayor prima salarial del sector público no se asocia con una menor corrupción. Es el caso de México, donde los salarios de los funcionarios se ubican entre los mejores pagados y su nivel de corrupción es de los más altos del mundo.
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– Los detractores de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que contempla que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente, aseguran que un buen salario en el servicio público evita la corrupción. Sin embargo, un análisis del Banco Mundial (BM) refiere que no siempre es así.
“¿Son los funcionarios públicos mejor pagados menos corruptos? La evidencia existente entre países tiende a apuntar hacia una relación débil pero negativa entre la corrupción y la prima salarial del sector público”, destacó Pamela Jakiela, analista del Banco Mundial.
Tomando como referencia los indicadores de la burocracia y el Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial, el análisis sugiere que no existe una relación entre el grado de corrupción (indicado por las puntuaciones más bajas de control de la corrupción) y la prima salarial del sector.
“Por un lado, esta es una correlación y no una estimación del impacto causal. Por otro lado, la ausencia de una asociación en un rango tan amplio de primas salariales sugiere que, si existe una relación causal, debe haber algunos otros factores importantes que se mueven con la prima salarial para compensar su impacto”, destacó el informe titulado “Tres lecciones de la nueva base de datos de indicadores de burocracia mundial del Banco Mundial”.
Así, el análisis concluyó que una mayor prima salarial del sector público no se asocia con una menor corrupción. Es el caso de México, donde los salarios de los funcionarios se ubican entre los mejores pagados y su nivel de corrupción es de los más altos del mundo.
La austeridad republicana del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desatado un alud de amparos por parte de los servidores públicos, quienes afirman que la medida es inconstitucional. Más de 2 mil empleados del Poder Judicial de la Federación han solicitado amparos por las reducciones salariales y otros 3 mil 500 funcionarios de 297 dependencias y organismos planean hacer lo mismo una vez que se conozca el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor cuando se apruebe el Presupuesto 2019, establece que “ningún servidor público debe recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Lo que significa que nadie podrá ganar más de 108 mil pesos mensuales, que será el sueldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El viernes pasado, Alberto Pérez Dayán, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones y prohibió que se utilice para fijar los salarios de los funcionarios que tendrán en 2019.
La acción de inconstitucionalidad fue impulsada por senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) contra la reducción de salarios de los funcionarios.
