Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) intenta frenar cualquier oportunidad de esclarecer el presunto tráfico de influencias entre el Presidente Enrique Peña Nieto y la empresa Grupo Higa, considerada como favorita del peñismo, acusaron diputados de oposición integrantes de la recién creada Comisión Especial para investigar el proceso de licitación, emisión de fallo y cancelación de la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro.

Consideraron que desde antes del nacimiento de la comisión en comento, el PRI se encargó de debilitar su capacidad de investigación: rechazó que se vinculara su plan de trabajo con otros contratos de obra pública que favorecen a empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú y evitó que se incluyera la investigación de la casa de Angélica Rivera, ubicada en Sierra Gorda número 150, propiedad de Higa.

“Es una Comisión que será presa del interés del PRI porque no se esclarezca de manera alguna la historia detrás de la revocación de la concesión de la empresa Higa, que tiene un eslabón con la ‘casa blanca’ de las Lomas”, afirmó el Diputado Carlos Reyes Gámiz, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en entrevista para SinEmbargo.

No sólo eso, la oposición acusó que el PRI utilizó a sus aliados del Partido Verde y Nueva Alianza para incluir dentro de la citada comisión a dos legisladores del Estado de México “la guardia pretoriana de Peña Nieto”.

Uno de ellos, Fernando Alfredo Maldonado Hernández, legislador por Huixquilucan, Estado de México, fue nombrado presidente de la misma, colocado allí con el propósito de controlar los trabajos legislativos.

“Es claro que mandaron a dos legisladores del Estado de México, la gente que nosotros hemos llamado parte de la ‘guardia pretoriana’ de Peña Nieto en la Cámara que quieren blindar al Ejecutivo”, expuso en entrevista el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano (MC).

El Diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández, presidente de la Comisión, tuvo diversos cargos en el gobierno del entonces Gobernador Enrique Peña Nieto: se desempeñó como titular de la Secretaría del Transporte en la entidad desde el inicio del peñismo hasta el 2009, año en que fue transferido a la Secretaría del Trabajo.

Por lo cual los legisladores consideraron que está en riesgo la parcialidad de quien lidera la Comisión Especial.

“Es precisamente frente al interés exacerbado que tiene el PRI de brindar opacidad y de evitar que los ciudadanos se enteren de las corruptelas el que actuó de esta manera para presidir la Comisión, lo cual no solamente es antiético, sino amoral”, afirmó el Diputado Reyes Gámiz.

Las primeras acciones que priistas y pevemistas realizaron para disminuir los efectos de la Comisión fue desligar la investigación del tren bala con otras licitaciones ganadas por empresas propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú.

Por ejemplo, Constructora Teya, una de las empresas mexicanas que integra el único consorcio registrado para construir el tren México-Querétaro, ganó un contrato por más de siete mil 38 millones de pesos para edificar, operar y dar mantenimiento al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, en 2009, cuando Enrique Pena Nieto era Gobernador mexiquense.

Otro contrato a favor de Constructora Teya, fue el encargado por el gobierno mexiquense para construir obras viales en el Boulevard Aeropuerto, en la ciudad de Toluca, por la que se pagaron 575 millones de pesos.

“Es nuestra idea que se revisen todos los contratos, no nada más unos cuantos”, advirtió a SinEmbargo el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien agregó que buscarán que la Comisión especial cite a comparecer al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, así como a representantes de las empresas internacionales que declinaron a continuar en el proceso de licitación.

El legislador explicó que sí se puede citar a empresarios, a pesar de que no son servidores públicos, toda vez que ya se sentó un precedente en la Comisión Especial de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México, donde fueron citados representantes de las empresas constructoras.

“No habría razón para no citar a los representantes de las empresas internacionales, a menos de que el PRI bloquee que se les llame”, comentó el Diputado de Movimiento Ciudadano.

El Diputado Mejía sostuvo que el presunto tráfico de influencias y corrupción de Peña Nieto no será fácil de detener, a pesar de que se cruzan las vacaciones de fin de año, toda vez que se ha convertido en un escándalo internacional. “Ante los ojos del mundo, ante los inversionistas, ante los medios internacionales, va a quedar evidenciado la protección y la impunidad del Ejecutivo Federal”, sentenció el legislador.

COMISIÓN QUE NACIÓ COJA

La Comisión Especial para revisar el proceso de licitación, emisión de fallo y cancelación de la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, se instaló este martes 9 de diciembre, poco más de un mes después de que el Presidente Enrique Peña Nieto anunciara que quedaba sin efecto el fallo que consideraba como ganador del proceso de licitación para construir el tren bala la empresa china Railway Construction Corporation en alianza con Constructora Teya, filial de Grupo Higa.

A los legisladores de oposición, incluido el Partido Acción Nacional (PAN) les pareció importante investigar el presunto conflicto de interés, toda vez que resultó ganadora la Constructora Teya, la cual pertenece al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien también es propietario de Eolo Plus, la compañía que rentó helicópteros y aviones al PRI para la campaña presidencial de Enrique Pena Nieto, en 2012.

Según datos entregados por la vía de solicitud de información, el PRI nacional pagó 26 millones de pesos, por la renta de aeronaves de Grupo Higa en las que viajaron Pena Nieto, su esposa Angélica Rivera, los ahora secretarios de Hacienda, Luis Videgaray; y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; entre otros, durante la campaña presidencial.

No obstante, la Comisión Especial recién creada tendrá facultades limitadas de investigación incluso en lo que acordó que será su materia de trabajo: revisar el proceso de licitación, emisión del fallo y cancelación del tren bala.

Dentro del acuerdo que dio su nacimiento se estipuló que la Comisión Especial no podrá reunirse, citar a comparecer a servidores públicos y empresarios o allegarse de información, si antes no existe un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, controlada por el Diputado priista Manlio Fabio Beltrones.

En el texto del acuerdo se estipula que la Comisión Especial “podrá allegarse de información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario, previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con las autoridades competentes responsables y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable”.

Los propios integrantes de la Comisión consideraron poco probable que la Comisión Especial entregue buenos resultados.

“Yo soy poco optimista al respecto, de parte del PRI hay una clara resistencia a transparentar y esclarecer este asunto de la cancelación de este contrato que ya se había adjudicado. Me parece que una de las razones por las cuales les interesa echarle tierra al asunto, es precisamente por la vinculación que deriva en un presunto conflicto de intereses con la Presidencia de la República y la famosa ‘casa blanca’ de las Lomas”, expuso el Diputado perredista Reyes Gámiz.

La Comisión Especial fue encargada de presentar un informe de resultados a más tardar el 31 de marzo de 2015, después de lo cual se considerará cumplido su objetivo y se extinguirá.

SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN EN EL TREN BALA

El Tren de Alta Velocidad México-Querétaro es la segunda obra de infraestructura más importante del sexenio, después de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el proyecto integra una planeación sólida en términos de movilidad, conectividad, medio ambiente y desarrollo económico.

El plan es que el tren bala corra de la terminal ferroviaria de Buenavista, en la Ciudad de México, cruce diversos municipios de los estados de México e Hidalgo a una velocidad de entre 210 y 300  kilómetros por hora sin estaciones intermedias hasta llegar a la ciudad de Querétaro. Por lo que se espera que el recorrido total se haga en un tiempo de 58 minutos.

El Gobierno federal anunció que los efectos del Tren de Alta Velocidad repercutirán sustancialmente en el desarrollo económico y la movilidad de los habitantes de la zona centro del país, porque se privilegió este medio de transporte por encima de otros proyectos como era la ampliación de la carretera federal, lo cual sólo generaría más tráfico en las salidas de la Ciudad de México.

Para realizar la obra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes abrió la licitación pública internacional número LO-00900988-I55-2014 a fin de otorgar un contrato mixto de obra pública para la construcción, suministro, puesta en marcha, operación y mantenimiento de: una vía férrea; material rodante; equipos y sistemas; y demás componentes del tren de alta velocidad.

La licitación pública finalizó el 3 de noviembre pasado con la emisión del fallo respectivo, el cual fue a favor de la empresa china Railway Construction Corporation.

En realidad se trató de un consorcio integrado por: Constructora y Edificadora GIA+A, Promotora y Desarrolladora Mexicana, Constructora TEYA, GHP lnfraestructura Mexicana, China Railway Construction Corporation Limited, China Railway Construction Corporation (International) Limited; China Railway Construction Mexico, y CSR Corporation Limited, por Ia cantidad de 58 mil 951 millones 506 mil 289.75 pesos con los impuestos incluidos.

A la opinión pública le pareció sospechoso el hecho de que grandes empresas, como la española CAF encargada de la construcción de líneas de metro a nivel internacional, así como otras de la misma jerarquía como la japonesa Mitsubishi, la canadiense Bombardier, la francesa Alstom, la alemana Siemens o las mexicanas ICA y Carso, se deslindaran del proceso, con el argumento de que fue insuficiente el tiempo otorgado para elaborar sus propuestas.