El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció hace unas semanas la designación como próximo Secretario de Defensa al general Luis Crescencio Sandoval González. A través de su cuenta de Twitter, el futuro mandatario señaló que del general reconoce su lealtad a la patria y respeto a los derechos humanos, palabras más, palabras menos.

Según se supo, no tiene tacha, no tiene mancha alguna, la CNDH investigó su pasado y no tiene antecedentes sobre violaciones a derechos humanos, sin embargo, si así fue, la CNDH dejó de lado, quizá intencionalmente, la información que generó en torno a los hechos ocurridos de 2011/12, en aquella entidad del norte de Coahuila.

“He decidido nombrar, en uso de mis futuras facultades, de conformidad con la Constitución y las leyes, al general Luis C. Sandoval González para ser Secretario de la Defensa Nacional.  Reconozco en él su lealtad a la patria.

Pero, ¿Quién es el general Sandoval?

Ha realizado cursos sobre la administración de recursos de Defensa y de Inteligencia en el Colegio de Inteligencia Militar, y de Operaciones de Apoyo a la Paz, en la base militar McNaughton, en Ontario, Canadá.  Se ha desempeñado como comandante de la 30 Zona Militar en Villahermosa, Tabasco, de diversos regimientos y guarniciones, y ha ocupado puestos en la Sección Quinta, Planes y Proyectos, del Estado Mayor de la Defensa. También fue agregado militar en la embajada de México en Washington y delegado ante la Junta Interamericana de Defensa. En febrero, señaló “que cuando los soldados prestan auxilio y protegen a la población vierten lo mejor de su esencia humana”.

No se dice más de su orden de batalla, porque quizá se trata de encubrir un hecho grave de violaciones a derechos humanos y de desacato al cuerpo de leyes militares, que enseguida relato.

Pues bien, no estoy en contra de nadie, señalo, describo y advierto, a contrario de lo que hasta ahora se ha dicho, por unos y otros, no quiero dejar pasar hechos que la ciudadanía debe conocer, y si llega conocer no debe olvidar, recordemos que estamos en una coyuntura de cambio de régimen, reclamado y exigido en las urnas, que de ninguna manera debemos desdeñar ni dejar pasar. ¡Los militares a sus cuarteles!

Va el relato. De nadie es desconocido que el Ejército mexicano es el primer violador de derechos humanos, hasta se jactan de su letalidad, que su actuación fuera de sus cuarteles en la lucha contra las drogas y el crimen organizado ha roto el tejido social y el orden jurídico e institucional del Estado, lo que ha desembocado en una crisis humanitarias irreparable, por otra parte, la clase política nacional, los medios de comunicación y varios integrantes quienes integrarán el próximo Gobierno, son partidarios de la permanencia de los militares en las calles para lograr la pacificación. Esta apreciación se desprende por los coqueteos que tienen algunos futuros funcionarios, con los militares.

La situación sobre la designación del general Sandoval, de buena fe, o no se saben los hechos, y si se sabe, entonces se encubre y se simula. Veamos, de 2011 a 2012, cuando el grupo criminal conocido como Los Zetas, se enseñorearon en el norte del Estado de Coahuila, entonces gobernado por los hermanos Moreira, ante los señalamientos por la presunta colusión de las autoridades estatales con ese cártel, concretamente en el autogobierno que instauraron en el penal de la localidad de Piedras Negras, a pregunta expresa el mandatario Moreira, respondió que la responsabilidad de ese penal correspondía a los militares adscritos a la Guarnición fronteriza, cuyo comandante era el general Luis Crescencio Sandoval González. De aquí, la complacencia de Cienfuegos, por el nombramiento.

Durante más de tres años Los Zetas utilizaron el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras Coah. Para asesinar e incinerar al menos a 150 víctimas, pero el ex Gobernador Humberto Moreira argumentó que la seguridad de la prisión “era de los militares, correspondía a los militares”, es decir de la Guarnición militar que encabezó, en el periodo más sangriento, el general Luis Crescencio Sandoval González, futuro Secretario de la Defensa Nacional.  El 15 de octubre de 2017 el sitio web de Proceso publicó el reportaje “El Cereso de Piedras Negras, búnker de Los Zetas”, donde se informa de los “diagnósticos” sobre el sistema penitenciario mexicano elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (Proceso 2191)

En esos documentos la CNDH asienta que desde 2011 hasta 2013 se advirtió a las autoridades estatales y federales que la cárcel estaba bajo el “control por parte de los internos” que “internos ejercen violencia o controles sobre el resto de la población”, “hay prostitución” y “cobros por parte de los internos para protección”, entre otras irregularidades.

Abundando, oficialmente se trata de una cárcel, pero en su interior ocultaba otra realidad: un centro de operaciones del cártel de Los Zetas que lo mismo usaban para modificar vehículos y confeccionar uniformes que para encerrar a secuestrados y disolver en diésel los cadáveres de sus víctimas. Auspiciado y protegido por los militares encargados de la seguridad de la Guarnición y del Cereso, en los acuerdos y contubernios con el Gobierno federal para resguardar la seguridad pública.

La prisión estatal de Piedras Negras, en Coahuila y a sólo seis kilómetros de la frontera con Estados Unidos, sirvió al menos entre 2010 y 2011 como un búnker de uno de los carteles más sanguinarios del país sin que las autoridades penitenciarias, estatales, federales y militares hicieran algo para impedirlo, según un reporte divulgado este martes y basado en documentos oficiales, testimonios y datos públicos.

Elaborado por El Colegio de México, el informe “El Yugo Zeta” ofrece un acercamiento a un caso que hasta ahora sólo se conocía de manera parcial: el uso de la cárcel de Piedras Negras como punto “clave en el esquema de negocios y terror” de Los Zetas.

Dirigido por los investigadores Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, el reporte revela un expediente de la fiscalía estatal de mil 535 hojas con un centenar de declaraciones que describen una surrealista vida criminal dentro de la prisión.

Junto al área donde se asesinaba y deshacía los cuerpos de las víctimas se levantaba una de las torres de vigilancia del penal, el cual era controlado por Los Zetas mediante amenazas y castigos. Varios presos al servicio de Los Zetas tenían armas, según el reporte. Y salvo los jefes de turno, ningún guardia portaba alguna arma. Había miembros del cártel que llegaban de fuera con rifles.

La venta de droga y las extorsiones a los internos financiaban la compra de voluntades. El informe calcula que el cártel reunía el equivalente a unos 75 mil dólares al año. Los sobornos eran simbólicos, desde los 50 dólares al mes para un guardia raso a los 500 del director del penal, e iban acompañados de intimidaciones.

Además de un lugar de “exterminio” -en palabras de los autores-, la prisión era también refugio de líderes para evitar su detención o lugar de fiestas, en las que a veces no faltaron vacas que mataban allí mismo para alimentar a los asistentes. El jefe Zeta de la cárcel, un ex-policía municipal preso ahí y cuya identidad no se menciona en el documento, lo mismo salía del penal a tomar un café custodiado por guardias que se liaba a disparos “por pura diversión” o seleccionaba a esposas de los internos para mantener relaciones sexuales. Tenía 34 colaboradores cercanos y otras 58 personas realizaban las tareas de confección de uniformes, modificación de vehículos, carpintería, según el reporte.

La tarea más delicada -y también la mejor pagada, a 300 dólares por noche- era la de los 20 “cocineros”, los encargados de disolver los cadáveres. Según los testimonios, algunas víctimas llegaban vivas y eran asesinadas allí mismo de un disparo o un martillazo en la cabeza. Algunas eran desmembradas antes de quemarlas con diésel en tanques de 200 litros.

“Cuando se cocinaba a las personas éstas se iban haciendo chiquitas y se les iba picando con un fierro hasta que no quedaba nada… Luego se empinaba el tonel para vaciar los residuos en el suelo […] que la mera verdad era muy poco”, declaró el jefe Zeta.

Los guardias que debían estar en las torres eran llevados a otros lugares y los internos eran encerrados en sus respectivos módulos. Según la descripción, vehículos con los condenados bordeaban el perímetro de seguridad hasta detrás de los talleres. Lo único que no podía controlarse era el humo y el olor que se extendían por toda la cárcel.

Cuando terminaban el trabajo, los restos eran esparcidos en varios lugares cercanos, entre ellos un río o un campo de fútbol. El informe contó con el apoyo del Gobierno estatal, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de colectivos de víctimas. Los investigadores dicen que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores no entregaron información.

Testimonios en juicios contra miembros de Los Zetas en Estados Unidos entre 2013 y 2016, dados a conocer en un informe de la Universidad de Texas, apuntan a que hubo alrededor de 150 calcinados en la cárcel. Otros creen que más, por eso piden profundizar las investigaciones para llegar a la verdad y procesar a todos los responsables.

Los investigadores aseguran que miembros del Gobierno estatal y del federal sabían lo que ocurría en el penal. La CNDH dijo públicamente en 2011 que la prisión estaba controlada por los internos. El reporte de El Colegio de México asegura que “algunos funcionarios fueron testigos presenciales de un secreto a voces”.

Integrado inicialmente por militares de élite que desertaron, el grupo de Los Zetas surgió como brazo armado del cártel del Golfo. En la primera década del siglo XXI cobró vida propia y creció hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más temidas que disputó y logró el control de amplios territorios, sobre todo del norte y este del país.

Al paso de los años las autoridades dieron diversos golpes a Los Zetas y detuvieron a varios de sus líderes y operadores. El grupo ha sido señalado como autor de algunas de las peores masacres en el país, incluido el asesinato de 72 migrantes en 2010 y el incendio de un casino en 2011 que dejó 52 muertos.

Lo que pasaba en la cárcel de Piedras Negras no era algo aislado. En marzo de 2011, una supuesta venganza entre Zetas hizo que miembros del cártel llegaran a la localidad de Allende y con la ayuda de policías municipales desaparecieran a un número aún indeterminado de familias. El reporte del Colegio de México asegura que ahí participaron presos de Piedras Negras.

La Federación Internacional de Derechos Humanos, una organización civil, solicitó hace unos meses a la Corte Penal Internacional iniciar un estudio preliminar sobre supuestos delitos de lesa humanidad en Coahuila.

La situación de violencia en Coahuila llegó en octubre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí, las víctimas se quejaron de la falta de indagatorias transparentes y hablaron de ataques generalizados con complicidad de autoridades. Los gobiernos estatal y federal negaron tales acusaciones y el ejecutivo de Coahuila aseguró que la investigación, iniciada en 2014, sigue abierta.

En septiembre de 2012 se fugaron 129 presos. Las autoridades dijeron entonces que usaron un túnel. Según el expediente de la fiscalía y los testimonios de los juicios de Texas, salieron por la puerta principal; el jefe Zeta había sido trasladado a otro penal y necesitaba refuerzos.

Después de la fuga llegó un nuevo director a Piedras Negras, apenas duró dos semanas. Un preso ofrece su explicación. “Lo mataron porque no se quiso poner al mando de los viejos”. El empresario Armando Guadiana Tijerina, quien demandó al Gobierno de Coahuila ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad, aseguró que en la masacre de más de 300 personas en Allende y en el Penal de Piedras Negras, ocurrida en marzo de 2011, hubo un “encubrimiento” de las autoridades, cómo será posible que la autoridad militar que tiene el control total del sistema de seguridad local, la Guarnición de la Plaza, no se haya percatado de tal acontecimiento.

Así las cosas, si bien, el nombramiento del general Sandoval González descabezó a un grupo cupular de militares que durante 25 años estuvo a cargo y dirección de la Secretaría de la Defensa Nacional, en torno al liderazgo del general Enrique Cervantes Aguirre, “generales empresarios”,  lo cierto es que tanto el general Sandoval González y el grupo militar cooptado, abrevaron de la misma fuente de adoctrinamiento,  tienen las mismas habilidades e impunidades y prácticas autoritarias e irresponsabilidades, como lo es entre otras, Tlatlaya y Ayotzinapa. Es decir, se cobijan con el mismo  manto de impunidad. ¿Por qué debemos esperar un cambio?

Luego qué resulta del relato, primero el encubrimiento por parte de la autoridad militar superior de los hechos del penal de Piedras Negras y de la localidad de Allende, donde se sabe de una masacre de más de 350 víctimas en el lapso de 2011/12, en la jurisdicción de aquella Guarnición fronteriza, otrora a cargo del general Sandoval González, futuro mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, no obstante que “la misión de los militares de la Guarnición que encabezaba Sandoval Gonzáles era vigilar los perímetros y entrada  salida de la cárcel”. (Proceso 2191, p.15), pone sobre relieve que se trata de una política de Estado.

Segundo, la misión de tutelar la seguridad de la localidad de Piedras Negras incluyendo la del penal, jurisdicción encomendada al general Sandoval González, en su función de policía, o no se cumplió, fue un fracaso, es complicidad o es parte de lo mismo.  ¿Por qué debemos esperar un cambio?

Por tanto, cuál es el mensaje, continuidad o cambio. Anticipación del predominio militar para las definiciones, por encima de consideraciones civilistas, o un quiebre de paradigma que rompa las contravenciones primordiales de la democracia.

Estimados los invito a reflexionar, no obstante la coyuntura que reclama un cambio de régimen tope en lo que tope, y no sé dónde más pueda topar. El poder civil, todavía siente los pasos en la azotea de la bota militar. Si la nueva clase política, demuestra que siguiendo los mismos procedimientos, el fracaso en la seguridad, puede obtener resultados diferentes, los tendré que felicitar. ¡Pero Veamos… y será rápido!

La relación civil-militar democrática, está en riesgo, está en riesgo el avance democrático de la sociedad, y más grave está en riesgo el destino de la nación.

Ahora que redacto esta entrega, me cae a cuenta que hace 25 años 09/11/1993, fui encarcelado, por haber propuesto la creación del ombudsman militar.  Una institución que tiene por objeto establecer controles institucionales al Ejército.

Glosario: La Guarnición de la Plaza, son órganos de mando y dirección del servicio militar de Plaza encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos del ejército, en representación del Secretario de la Defensa Nacional, les corresponde además ejercer funciones propias del servicio de justicia militar.

Los comandantes de Guarnición tendrán sobre todos los militares de igual o inferior categoría a ellos que residan en la zona a su cargo, el mando y las facultades judiciales que les confiere las leyes respectivas.- Los comandantes de Guarnición dependerán directamente del Secretario de Defensa para los asuntos del servicio en general, al que rendirán diariamente parte de novedades.- Las fuerzas militares que se encuentren en una localidad, quedarán bajo la autoridad de los comandantes de Guarnición, así como las que transitoriamente arriben a una plaza.- Los comandantes de Guarnición dispondrán de las tropas para resguardar el orden público en la Plaza y en la jurisdicción exterior de su encargo.- Los comandantes de Guarnición tendrán facultades inspectoras sobre las tropas bajo su jurisdicción.-   (Reglamento de las Comandancias de Guarnición y Servicio Militar de Plaza, 1933.)

General Gallardo

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