Cuando, en febrero de 2015, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto envió su terna para sustituir al fallecido Ministro Sergio Valls en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era evidente que las nominaciones de un profesor de la Escuela Libre de Derecho y de un magistrado federal no eran sino el relleno para impulsar el nombramiento de Eduardo Medina Mora. Aquella nominación despertó un inmediato rechazo entre quienes estudiábamos los terribles efectos de la guerra contra las drogas, declarada en el sexenio anterior por Felipe Calderón, con Medina Mora como Procurador General de la República y pieza fundamental de la desastrosa estrategia.

Los antecedentes del personaje, con evidentes conflictos de interés que le impedían ser un juez imparcial en temas que involucraban inevitablemente su actuación como jefe de la inteligencia y efímero Secretario de Seguridad durante el Gobierno de Vicente Fox y, sobre todo, como procurador de la primera mitad de Gobierno de Calderón, hacían que nos pareciera escandalosa su candidatura a ocupar un puesto de juez constitucional. Por ello, Catalina Pérez Correa, Alejandro Madrazo y yo decidimos promover una carta–petición, difundida a través de la plataforma Change.org, para levantar firmas contra la designación, la cual logró rápidamente decenas de miles de adhesiones de la comunidad académica, de activistas en temas de derechos humanos y de la ciudadanía.

El impacto de la petición hizo que fuéramos recibidos en el Senado y que senadores de distintos grupos parlamentarios manifestaran su coincidencia con nuestros planteamientos, que iban más allá del rechazo a la persona concreta y planteaban la necesidad de un escrutinio legislativo mucho más acuciosos de lo acostumbrado ante ese tipo de nombramientos, de propuesta presidencial y ratificación legislativa. Finalmente, Medina Mora fue designado con una apretada mayoría calificada de 83 votos, mientras algunos senadores que nos habían apoyado discursivamente se escabullían de la sesión con algún pretexto para no votar en contra, lo que hubiera evitado la errada designación.

Así llegó Eduardo Medina Mora a Ministro de la Suprema Corte. Menos de cinco años después ha quedado claro que teníamos razón cuando pedíamos que no se le designara. Su turbio nombramiento ha sido superado por su patética salida, en medio de la sospecha de que lo han atrapado por su larga cola corrupta y, desde el Gobierno, lo han forzado a renunciar por sus turbios manejos financieros. Como siempre en la historia de México, la tolerancia sistémica a la corrupción, que lleva a que todos los altos cargos tengan cadáveres en el armario, ha servido como mecanismo de disciplina. Nada nuevo, solo la expresión de la persistencia de una trayectoria institucional en la que la justicia no es más que un instrumento para negociar la desobediencia y otorgar privilegios.

El cenagoso proceso de renuncia de Medina Mora, un desastre tanto constitucional como legalmente, de acuerdo con el Ministro en retiro José Ramón Cossio, pues no se cumplió con el requisito de acreditar la gravedad de la causa que motivó la renuncia ni por parte del renunciante, ni por la del presidente de la República que la aceptó, ni por el Senado que la aprobó por mayoría calificada, es muestra del poco aprecio que se tiene por la legalidad en México. Pero mostró algo mucho más grave aún: la pertinacia de la trayectoria institucional de sumisión al ejecutivo que sigue dominando la vida política nacional. Una judicatura dócil y un legislativo domeñado, donde el líder de la mayoría se da el lujo de propiciar que la aceptación de la renuncia se haga por mayoría calificada, aun cuando ello no es requisito explícito, solo para mostrar el dominio que tiene sobre el pleno senatorial, donde la oposición ha claudicado y es incapaz de usar siquiera el pode mermado que tiene. El problema de México hoy no es López Obrador y sus pretensiones de concentración de poder, sino la desaparición del contrapeso que en una democracia constitucional deben ejercer los legisladores de oposición. Que nadie se llame a sorpresa cuando volvamos a los tiempos de la presidencia como encarnación única de la voluntad general.

Queda, para desagrado presidencial, la sociedad civil. Aunque también débil, de suyo plural, expresión de intereses y sensibilidades diversas, es de ahí donde surgen las voces de la resistencia al derrumbe del endeble entramado democrático que se ha construido en el país. De aquella movilización virtual ciudadana contra la designación de Medina surgió después el movimiento #SinCuotasniCuates, que ha exigido en los siguientes procesos de nombramiento de ministros, tanto los que hizo Peña Nieto como en los de López Obrador, transparencia y análisis escrupuloso por parte del Senado de los nominados a ocupar altas magistraturas del Estado. Una causa que se reanima ante la inminente presentación de la terna presidencial para sustituir al fallido Ministro.

Bien dice Alejandro Madrazo Lajous que la renuncia de Medina ha dejado en evidencia la precaria salud de las instituciones mexicanas, pues es una cuestión muy delicada que un Ministro del más alto tribunal del país esté probablemente involucrado en lavado de dinero, pero también es muy grave que su renuncia desate las sospechas sobre las intenciones del ejecutivo de controlar al poder judicial a través del nombramiento de un nuevo Ministro o ministra dócil a sus designios. De ahí que el foco lo debamos poner de nuevo, como en 2015 y en 2018, en el procedimiento de designación, que ya ha dado muestras evidentes de caducidad, pues deja amplio margen para la discrecionalidad presidencial.

Si de legitimar al poder judicial se tratare, bien haría López Obrador en atender el llamado que le ha hecho un grupo de organizaciones civiles y ciudadanos para presentar una terna que surja de un mecanismo de preselección, a partir de consultas con las comunidades académicas y de profesionales del derecho y la judicatura, para seleccionar a tres buenas candidatas que sean sometidas, ya durante el proceso parlamentario de designación, a un amplio escrutinio público sobre sus trayectorias y capacidades, de manera que sean estas, y no la cercanía con la coalición de poder, las razones que sustenten el nombramiento.

Que sea mujer la nueva integrante de la Corte es indispensable para hacer realidad el criterio de paridad en todo que ha sido ya aprobado por el legislativo. Esa sería la mejor ruta para desmentir las sospechas sobre la intención del Gobierno de someter al poder judicial. El Presidente tiene una oportunidad en sus manos.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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