Siete mil millones de razones para no desaparecer los institutos electorales en los estados. Hace apenas unos días la gran mayoría de l@s titulares de los Institutos Electorales en los estados buscaron un encuentro urgente con miembros de la Cámara de Diputados en donde solicitaron que éstos busquen dotar de autonomía presupuestal, profesionalización, homologación de los Consejeros y sobre todo el fortalecimiento de las autoridades electorales, sin recurrir a medidas tan extremas como desaparecer los institutos electorales.
Es decir, lo que argumentan es la NO DESAPARICIÓN de los institutos electorales en los estados. Incluso he llegado a leer comunicados de algunos de los presidentes de dichos organismos que son vergonzosos por su falta imaginación, sustento y defensa de carácter propio; los asesores de estos sólo se han dedicado a plasmar ideas de uno de los más grandes conocedores de la materia como lo es el maestro José Woldenberg, pero no estamos hablando de lo que piensa el ex presidente del IFE sino de lo que piensan cada uno de estos individuos.
Por ejemplo, Diana Talavera, titular del organismo electoral en el Distrito Federal, ha dicho que el INE implicaría atentar contra la democracia y la autonomía de los estados en donde, dice, queda demostrado que han sido capaces de organizar elecciones estatales y municipales; y en los cuales, dice, hay alternancia en el poder sin mayor problema. También recordó que hay institutos locales que sólo tienen 25 millones de pesos para funcionar en procesos electorales y otros donde los consejeros se nombran por tres y en otros por nueve años. Ella dice que se debe sentar el debate ya que tampoco es válido que tanto el PAN como el PRD establezcan que los institutos locales salen muy caros ya que las 32 autoridades locales en su conjunto gastan al año cuatro mil 700 millones de pesos frente a los siete mil 300 millones que cuesta el IFE.
Quizá la consejera o sus asesores no sepan sumar ya que sacando el Presupuesto de Egresos de cada uno de los 32 estados de la República, tenemos que el gasto destinado para los institutos electorales en el 2013 es de siete mil 438 millones 725 mil pesos –como lo demuestro en la siguiente tabla y podemos ver que el interés tiene pies: el Instituto Electoral del D.F. se llevó del presupuesto este año la nada despreciable cantidad de 931 millones 600 mil 48 pesos–. ¿Usted qué haría con 931 millones de pesos? Esto es como ganar 124 veces el premio mayor de la lotería del 4 de octubre en su sorteo Superior 2367. El problema es que hemos perdido el piso y no tenemos conciencia del recurso que se gasta en los institutos electorales.
Debemos establecer que en el apartado cinco del Pacto por México, denominado “Acuerdos para la vida democrática”, en su punto tres sobre los partidos políticos y elecciones, se propone crear una autoridad electoral de carácter nacional para todas las elecciones, creando una agenda mínima para defender y profundizar la democracia, en la que en su punto uno se dice es facultad del Senado de la República desaparecer los órganos electorales locales y en consecuencia encomendar al IFE la organización de una determinada elección cuando se acredite parcialidad o intereses de partido de gobierno local, “sólo en estos casos”, lo cual resulta totalmente inoperante.
Quizá me equivoque en mi análisis y no pretendo debatir con la opinión de Woldenberg, marco teórico y sustento ideológico de la mayoría de los consejeros estatales, pero sí debo esgrimir que por primera vez no comparto su opinión e intentaré explicar el porqué.
¿Deben desaparecer los institutos electorales en los estados? Estoy convencido de que sí, este es sin duda el principal foco del debate respecto a la reforma político electoral que viene. Hay quienes están a favor y quienes están en contra. Unos dicen que es muy caro mantener a los 32 institutos electorales y otros argumentan la experiencia y conocimiento del terreno en la práctica; pero siendo objetivos se acusa a los institutos electorales estatales de ser parciales, esto motivado creo yo, en el principio que reza “el que paga manda”.
En los presupuestos de egresos de los estados se contempla un rubro que describí anteriormente destinado para cada uno de los institutos estatales electorales, que si bien son organismos autónomos, independientes, objetivos que brindan certeza, legalidad y transparencia –bla bla bla– esto lo vemos sólo en sus códigos comiciales y en las constituciones de los estados, claro está, porque en realidad me parece y estoy convencido de que no es así. Sin dinero no hay institutos, no hay contrataciones, no hay capacitadores electorales, no hay funcionarios temporales para elección; más aún la designación de los consejeros en los estados recae en la Gran Comisión de los Congresos de los Estados, por ende estos nombramientos se convierten en objeto de negociaciones partidistas y de bancadas, es decir se reparte el “pastel electoral” de acuerdo con la representatividad, poder y acuerdos de las bancadas al interior del Congreso –esto en el mejor de los casos, porque existen muchos casos en los cuales los nombramientos de los consejeros electorales deben de pasar por el visto bueno del Secretario General de Gobierno y de los propios gobernadores. Hay quienes dicen que esto es mentira, pero en realidad usted y yo sabemos que es verdad, que estas posiciones se convierten en “peones del ajedrez electoral”–.
Considero que no se trata de centralizar los procesos electorales, como argumenta Woldenberg, se trata de eficientizar la operatividad, de redistritar el ámbito electoral, de optimizar los recursos, y de restringir los campos de operatividad del poder estatal. Si bien es cierto el IFE cuenta con 300 distritos electorales, y los estados no son compatibles en cuanto a su distritación, me pregunto: ¿será tan complicado unificar los distritos para homologar elecciones en un sólo órgano?
La idea que tengo preconcebida sobre la creación del INE es rescatar lo mejor de cada caso. El IFE cuenta con vocalías estatales y distritales de carácter permanente, es decir funcionan haya o no elección; caso contrario en los estados en donde se conforman organismos distritales y municipales sólo en periodo electoral, lo cual no permite la profesionalización de los servidores, incluso se reinventa cada periodo electoral, o se convierte en un modo honesto de vivir de muchos mexicanos que se encuentran en el desempleo o que piensan en que nos les viene nada mal una dieta extra a su sueldo mensual, y tanto consejeros distritales o municipales en los estados, o capacitadores electorales brincan del IFE al instituto electoral en su estado y luego van al INEGI, esa es la trilogía que impera en el momento.
Debo aclararle, estimado lector, que al escuchar las palabras “consejero electoral” a la mayoría nos viene a la mente lo que vemos en la televisión, pero como diría mi abuela ”hasta entre los perros hay razas”. Aquí intentaré conceptualizar la distinción para que nos podamos entender usted y yo. Estamos hablando de dos órganos: el primero es el IFE integrado por consejeros electorales, vocalías estatales y distritales todos de carácter permanente y son miembros del servicio profesional de carrera, en estas últimas se contrata consejeros ciudadanos sólo durante proceso electoral. Y los institutos electorales en cada estado integrados por Consejeros del Consejo General nombrados desde tres hasta nueve años, con sueldos que van desde los 35,000 hasta los 90,000 pesos mensuales, y durante proceso electoral contratan ciudadanos que fungen como consejeros electorales distritales y municipales.
Woldenberg dice que “los resultados de las elecciones dependen de los electores y no de quién se encuentra al frente de los organismos”. En cuanto hace a una argumentación teórica me parece correcta, que demuestre la fortaleza de los institutos con base a resultados de múltiples colores y sabores partidistas me parece más correcto; pero en la operatividad me pregunto: ¿se han planteado la hipótesis de que los institutos electorales acotan la participación de los consejeros distritales y municipales por acuerdos y negociaciones? Es decir, en la vida diaria los consejeros de los órganos transitorios no son elegidos por sus cualidades, actitudes y aptitudes, sino por su cercanía con algún miembro del Consejo General en los Estados, por su cercanía con algún representante de partido, por tanto, se sabe que consejeros son “línea”, es decir, saben a qué “partido representan” o “a quién le deben el favor”.
Algo que a todas luces resulta ir en contra de la democracia, los nombramientos se pactan en las mesas de trabajo previas a la sesión de nombramiento, algo similar puede ocurrir al momento de designar funcionarios electorales en cada distrito, es potestad de cada presidente o grupo de consejeros el nombramiento de sus vocales de capacitación y organización, así como las decenas de capacitadores, a pesar de que se contempla “utópicamente” la selección mediante un examen, hay casos en los cuales se filtra a los representantes de los partidos y ellos logran colocar ciudadanos que operan como capacitadores pero que tienen alguna afinidad partidista y cumplen con una misión “switcher”.
Sin duda Woldenberg habla de un sistema electoral del cual él fue pieza fundamental y quizá sea la referencia más sana e ideal de lo que es y debería de ser un instituto electoral, pero no en todos los estados hay un José Woldenberg, ni un Mauricio Merino, ni un Alonso Lujambio, o más reciente un académico de la talla de Lorenzo Córdova. Es precisamente ésta creación de más de 20 años que es el IFE en donde pienso debe descansar la operatividad estatal y municipal, es decir, ocupar la base de vocales estatales y distritales del IFE y crear vocalías municipales de carácter permanente adscritas al órgano nacional. Creo que esa es una idea operativamente viable y aprovechar quizá la única institución en el país que lleva un Servicio Profesional de Carrera lo más cercano a lo óptimo. Sin duda alguna el IFE está mucho menos amañado que los institutos electorales estatales.
¿Qué razón de ser tienen los 32 institutos? Si utilizan el padrón electoral y recurren en todos y cada uno de los procesos electorales a los vocales del Registro Federal de Electores del IFE en los Estados para la organización de sus comicios, si el 65% de los funcionarios contratados trabajan un año para el IFE y al año siguiente para el IEE. ¿Qué razón de ser tiene erogar más de siete mil millones de pesos anuales entre los 32 institutos, más los 11 mil millones del IFE, y sin tener en cuenta que en proceso electoral aumentaría casi en un 50% estos números algo así como 27 mil millones de pesos, resulta una democracia demasiado cara para los mexicanos?
Me parece que es tiempo de tomar decisiones en pro de la democracia, en pro de la ciudadanía, a favor de acotar el poder estatal encubierto en el discurso conveniente sobre el federalismo. Tiempo de terminar con las practicas indeseables, terminar con la corrupción que se genera en cada uno de estos órganos comiciales. Debemos de ser más eficientes, la capacidad está de sobra, el compromiso ciudadano igual. En términos generales y sin temor a equivocarme, creo los procesos electorales lo hacen los ciudadanos, los capacitadores que se encargan de convencer a los funcionarios de casilla y los ciudadanos que deciden ser voces y ojos de la democracia el día de la jornada electoral. La democracia va más allá de ser nombrado consejero electoral y levantar la mano en las votaciones y tener un status de privilegios equiparados a los de un Diputado y de organizar elecciones detrás de un escritorio.
Hoy podemos ver un bloque sólido creado por los institutos electorales en los estados, al más puro estilo de la CNTE en contra de la reforma educativa o de los miembros de izquierda en contra de la reforma energética. Hoy vemos a los consejeros en contra de la reforma político-electoral planteada en el Pacto por México, pero es lógico: hay demasiados intereses de por medio. Imagine usted la cantidad de contratos (arrendamientos de bienes muebles e inmuebles), licitaciones (programas de resultados electorales preliminares, auditorias y seguimientos a medios de comunicación, equipos de cómputo, copiadoras, papelería, gasolina, alimentación para los ejércitos electorales), arreglos, dádivas, diezmos y demás prebendas que se dejarán de percibir en cada uno de estos organismos, aunado a los salarios homologados al de un Diputado que dejarán de percibir los actuales consejeros estatales. Así que estas semanas escucharemos en los institutos estatales al unísono el discurso de: “queremos ser escuchados y hacer nuestras propuestas; queremos hacer valer la autonomía y la soberanía que cada una de las entidades federativas tiene, y que no puede vulnerar el pacto federal”.
La reforma claro que es posible, en México lo que se quiere se puede. Es tiempo de tomar decisiones y cambiar el rumbo de la democracia, fortalecer las instituciones y devolverle el poder al ciudadano, y que dejemos de mal gastar los recursos que al final de cuentas provienen de los impuestos que usted y yo pagamos al estado, siete mil millones de pesos independientemente del debate académico, social, electoral me parece un argumento suficiente para tomar al toro por los cuernos.
El gasto total de los institutos electorales en los estados es, por citar, un ejemplo para mirar la magnitud de lo que está en juego: lo equivalente a ganar 991 veces el Premio Mayor de la Lotería del 4 de octubre en su sorteo superior 2367 o cuatro veces el monto destinado para el FONDEN a propósito de “Ingrid” y “Manuel”. ¿A usted no le gustaría ganarse el Premio Mayor de la Lotería al menos una vez? Los institutos electorales estatales tienes más peros que pros, le dejo un link sólo para que vea un poco la corrupción de la que estamos hablando en los estados. Ya veremos si hay tamaños en el Congreso para mantenerse en lo pactado o una vez más ceden ante las presiones absurdas. Nos vemos la próxima semana…
