Nicaragua vive una grave crisis política y social desde 2018, cuando el Gobierno reprimió con policías y elementos paramilitares una serie de protestas sociales, dejando al menos 355 muertos, más de dos mil heridos, mil 600 detenidos y unos 100 mil exiliados entre abril y septiembre de ese año, según organismos humanitarios.
Por Gabriela Selsar
Ciudad de México, 10 de septiembre (AP).- El Gobierno de Nicaragua anunció el martes que decidió quitar la nacionalidad y expropiar a 135 personas calificadas como “presos políticos” por la oposición y que fueron expulsadas a Guatemala el jueves de la semana pasada.
La decisión fue anunciada en una nota de prensa de la Corte Suprema de Justicia, que señaló que las 135 personas excarceladas fueron “condenadas por hechos delictivos” que “atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación”, además de promover “la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica”.
El comunicado indicó que además se decidió “el decomiso de todos los bienes de los condenados”, para que respondan “por los severos daños materiales e inmateriales” de sus “actividades delictivas”.
Ésta es la primera vez que el Gobierno de Nicaragua se refiere en una nota pública a la excarcelación y destierro de los 135 exreos de conciencia, entre los que figuran 13 nicaragüenses miembros de la iglesia estadounidense Puerta de la Montaña (Mountain Gateway) que estuvieron nueve meses en prisión acusados de supuesto lavado de dinero y otros delitos graves.
La organización religiosa estadounidense, que fue clausurada y sus propiedades confiscadas por el Estado de Nicaragua, ha negado enfáticamente los cargos en contra de sus miembros.
La excarcelación de estas personas fue posible mediante un acuerdo entre los gobiernos de Nicaragua, Estados Unidos y Guatemala, cuyos detalles no han sido divulgados. Los 135 excarcelados, según se informó, estarán temporalmente en Guatemala para luego radicarse en Estados Unidos.
Según fuentes de la oposición, con esta excarcelación masiva el número de “presos políticos” en Nicaragua se redujo a unas 40 personas, entre ellas, 10 que están en prisión desde antes de las protestas sociales de 2018.
Estados Unidos ha ofrecido al grupo de excarcelados el acceso a “vías legales” para optar a la residencia en ese país.
Las primeras imágenes de los 135 nicaragüenses excarcelados y desterrados a Guatemala este jueves y que fueron publicadas por la Presidencia de ese país. pic.twitter.com/r1k7AplQYR
— LuciérnagaNica (@Sacuanjoche09) September 5, 2024
Eric Jacobstein, Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo el lunes que Washington ha puesto a disposición de los 135 nicaragüenses un “procedimiento acelerado de refugio”, extensivo también a sus familiares que aún están en Nicaragua.
En tanto, en Ginebra, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN) presentó el martes un informe oral actualizado que implica al Gobierno de Daniel Ortega en “graves violaciones” de las libertades fundamentales, entre las que mencionó la expulsión de los 135 nicaragüenses a Guatemala.
El reporte se sustenta en más de mil 200 entrevistas y casi 5.000 documentos sobre “hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad” y que “se han quedado impunes y sin reparación alguna”, como la persecución por motivos políticos y la privación de la nacionalidad nicaragüense, dijo Jan-Michael Simon, Presidente del GHREN.
“Tenemos motivos razonables para creer que el actual Presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo son los principales responsables” de esos crímenes, agregó Simon, hablando ante la cuarta sesión del período 57 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El informe criticó el “alcance transfronterizo” de la represión gubernamental, expresado en una reciente reforma al Código Penal de Nicaragua que le permitirá a Ortega enjuiciar y expropiar a personas y organismos, nicaragüenses o extranjeros, que pidan sanciones contra el Gobierno o cometan “actos de terrorismo” y otros delitos.
Nicaragua vive una grave crisis política y social desde 2018, cuando el Gobierno reprimió con policías y elementos paramilitares una serie de protestas sociales, dejando al menos 355 muertos, más de dos mil heridos, mil 600 detenidos y unos 100 mil exiliados entre abril y septiembre de ese año, según organismos humanitarios.
