La reforma constitucional al poder judicial que plantea el oficialismo se está enfrentando a algunos problemas. En primer lugar, la conformación de un bloque opositor en el Congreso de la Unión que parece irse consolidando en su firmeza por no avalar la aprobación de un cambio constitucional que supeditaría el poder judicial a los designios de los otros dos poderes. Es cierto que la fragilidad de este bloque depende de que un sólo Senador no vote en favor de la reforma. De cualquier manera, esto está todavía por ocurrir y, al menos hasta ahora, la presión del grupo en el poder no ha convencido a un número suficiente de Senadores.

En este punto hay que decir que el oficialismo está coqueteando con la idea de que ellos ya tienen la mayoría calificada en el Senado y que 85 Senadores la conforman. Poner en práctica esta idea sería un error, pues haría más clara su intención de arrollar a la oposición. La reacción de los mercados y de la sociedad no se haría esperar.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal dieron a conocer un documento titulado Reforma Integral al Sistema de Justicia en México: Desafíos y Propuestas. Con ello, ya existen dos planes sobre la mesa para su discusión en el Congreso y entre la opinión pública.

Más fundamental todavía son los signos que están enviando los mercados. Por lo pronto, un grupo de firmas extranjeras han detenido inversiones por cerca de 35 billones de dólares en varios sectores económicos estratégicos como la alta tecnología, la energía y la infraestructura. La cifra es gigantesca, pues, de acuerdo con el Wall Street Journal, esta equivale a lo que atrae México en un año normal de inversión extranjera directa. A esto hay que agregar 18 billones de dólares en inversión privada en el sector eléctrico, que es fundamental para cubrir las necesidades de su uso industrial.

Luego está la advertencia que han hecho actores políticos y económicos de nuestro vecino del norte de que con la reforma judicial y la que intenta eliminar la infraestructura de organismos autónomos se pone en riesgo la continuación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que será renegociado en 2026. El contenido del T-MEC señala explícitamente que, en ciertos casos, deben existir órganos independientes del gobierno. Por ejemplo, en el artículo 18.17 del Tratado se exige que haya un organismo regulador independiente del Ejecutivo para las telecomunicaciones. Transferir entonces las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones a una Secretaria de Estado podría poner en riesgo la continuación del Tratado. Este es sólo un ejemplo, pero hay muchos más, de cómo el T-MEC está amarrado a una concepción moderna de la democracia liberal y que no sólo tiene un contenido económico.

Es tiempo de que todas las fuerzas políticas trabajen al unísono y que no se pretenda imponer una sola visión. Esto último no será, por otro lado, posible porque va en contra de la naturaleza plural de la sociedad mexicana y del carácter poliédrico de las fuerzas económicas que inciden en nuestro país.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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