Alejandro Calvillo
10/09/2019 - 12:04 am
La Guerra Sucia contra la Salud Pública
"El conflicto de interés es una de las formas más profundas de corrupción y en eso están, políticos que no miran la realidad".
Ya inició la guerra sucia contra funcionarios, institutos de salud, académicos, legisladores y organizaciones civiles que promovemos el etiquetado frontal de advertencia en alimentos altos en azúcares, grasas saturadas y sodio. La Guerra está coordinada por un grupo de las grandes corporaciones de los refrescos y la comida chatarra y sus aliados, entre ellos exfuncionarios del sector salud que en el sexenio pasado estuvieron al servicio de estas grandes empresas bloqueando cualquier política que afectara sus intereses.
Como es común en este tipo de empresas, la estrategia es atacar al mensajero no al mensaje, no atacar la propuesta, atacar a las personas y las instituciones. Para ello se han unido exfuncionarios, corporaciones, cabilderos y agencias de relaciones públicas. Si en la ciudad de San Francisco las refresqueras gastaron 10 millones de dólares para evitar el impuesto al refresco, si la industria de alimentos y bebidas invirtió mil millones de euros para evitar un etiquetado de advertencia en Europa, ¿cuánto no estarán invirtiendo en México?
El etiquetado de advertencia aparece como la medida más efectiva en el mundo para reducir el consumo de este tipo de alimentos que se han convertido en la principal causa de enfermedad en muy diversos países y, de forma especial, en México. Todas las políticas recomendadas internacionalmente para enfrentar la epidemia de obesidad y diabetes establecen la necesidad de desarrollar regulaciones para bajar el consumo de bebidas y alimentos altos en azúcar, grasas y sodio. Y este etiquetado es el que mejor lo hace.
Los datos están ahí, el Ministerio de Salud de Chile reportó este año que el etiquetado frontal de advertencia provocó, entre otros resultados:
- caída de 25 por ciento en la compra de bebidas azucaradas,
- caída de 14 por ciento en la compra de cereales azucarados,
- caída de 17 por ciento en la compra de postres envasados,
- reducción del 46 al 62 por ciento en la exposición de publicidad de este tipo de alimentos entre preescolares y adolescentes.
Hay que recordar que el actual presidente de Chile, Piñera, se opuso a esta iniciativa. En su primera ocasión al frente del gobierno tuvo que aceptar la Ley que aprobó el Congreso, pero estableció un reglamentó que traicionaba los principios establecidos por la Ley. En la administración de la presidenta Bachelet se estableció el etiquetado de advertencia que correspondía al espíritu de la Ley y se vinculó a la regulación de la publicidad y los alimentos en las escuelas. Los productos que tuvieran etiquetados de advertencia no se podrían publicitar, por ningún medio, a menores de 14 años y no podrían entrar a las escuelas.
Piñera volvió al poder en Chile y es su administración la que acaba de publicar un reporte de los logros de la Ley de Alimentos 20.606. Es decir, los resultados citados anteriormente están en un reporte elaborado por un gobierno cuyo presidente no apoyó esta medida. Ahora, el gobierno de Piñera no sólo la respalda, ha establecido su tercera y última etapa, en la que los sellos de advertencia se aplican con criterios más rigurosos a la presencia de azúcar, sodio y grasas saturadas en los productos.
Este reporte de Julio de 2019, que muestra la caída en la compra de productos como bebidas azucaradas, cereales azucarados, postres envasados, etc., informa que el 90 por ciento de las madres de preescolares, entienden y valoran positivamente los sellos de advertencia. Otro estudio muestra los beneficios que ha tenido esta regulación en la alimentación al interior de las escuelas.
La política ha tenido un impacto positivo en la reformulación de los productos en el mercado, presentándose una reducción de 25 por ciento de azúcares y una reducción de 5-10 por ciento de sodio en promedio en las categorías de alimentos estudiadas. En una evaluación en más de 5,000 productos se encontró una reformulación en alrededor del 17 por ciento.
Este tipo de etiquetado frontal de advertencia está operando actualmente en Chile y Perú y el año próximo entra en Uruguay. Con diferentes modelos se están implementando etiquetados de advertencia en otras naciones como Israel y Canadá. El etiquetado chileno ha sido reconocido por los organismos de naciones unidas OMS, OPS, FAO, OCDE, UNICEF y por otros organismos internacionales no gubernamentales como el World Cancer Research Fund . En comparación, el etiquetado que se estableció en México, diseñado por la industria en contubernio con las autoridades de salud que ahora hacen parte de la guerra sucia, ha sido criticado por varios de estos organismos como un etiquetado no solo no entendible, si no como un etiquetado que puede representar un riesgo a la salud.
Los resultados del etiquetado frontal de advertencia están ahí y es urgente impulsarlo en México, país que presenta una de las mayores incidencias de obesidad y diabetes, al tiempo que reporta el mayor consumo de ultrapocesados en la región de América Latina. La Guerra Sucia evita hablar de los resultados obtenidos por esta política, no va contra el etiquetado frontal de advertencia porque no hay como ir contra esta medida, va contra los funcionarios, instituciones, académicos, legisladores y organizaciones de la sociedad civil que lo promovemos.
En esta Guerra Sucia, un recurso común es utilizar trascendidos y columnistas aliados a los intereses de las grandes corporaciones. Puede hacerse un seguimiento de los aliados en la prensa a estas estrategias de la industria desde que se comenzaron a establecer las regulaciones al tabaco: impuestos, áreas libres de humo de tabaco, imágenes en las cajetillas. En muchos casos, son los mismos columnistas, son las mismas agencias de relaciones públicas, los mismos cabilderos, los que actúan en defensa del tabaco, del alcohol y de la comida chatarra y las bebidas azucaradas.
Desde los años en que comenzaron las regulaciones al tabaco hasta ahora, podemos ver la consistencia de esta estrategia. Una estrategia muy similar por parte de las corporaciones que ven una amenaza en las políticas de salud pública que están dirigidas a proteger la salud de la población. Imagínese usted como estaríamos con la cajetilla de cigarros a 13 pesos, pudiendo fumar en los espacios públicos cerrados, sin limitaciones a su publicidad, los índices de tabaquismo serían mucho mayores, los casos de cáncer, las muertes asociadas.
En el poder legislativo, donde existe ya una iniciativa de etiquetado frontal de advertencia ya aprobada en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ya han aparecido diputados y senadores actuando como aliados de esta estrategia, de esta Guerra contra la Salud Pública.
La propuesta del etiquetado frontal de advertencia, la iniciativa presentada en diputados, ha tenido el visto bueno de la Secretaria de Salud, de la Secretaría de Economía, de los organismos de Naciones Unidas, del Instituto Nacional de Salud Pública, de un nutrido grupo de académicos, de una red amplia de organizaciones de la sociedad civil y de una amplia mayoría de los diputados de la Comisión de Salud. Habrá que observar en los próximos días con quien se comprometen los diputados y los senadores, si con la población o las corporaciones. Hay que observarlos en este país en el que lo que comemos es la principal causa de enfermedad y muerte.
Los gobiernos de izquierda, el de Bachelet en Chile, el de Correa en Ecuador, el de Tabaré Vázquez en Uruguay y el de centro en Perú, han impulsado los etiquetados de advertencia. El primero fue el de Ecuador con el etiquetado tipo semáforo que con los años se pudo comprobar que no tiene el impacto deseado. Se refinó con la propuesta de octágonos negros de Chile, siguió Perú el ejemplo chileno y viene el de Uruguay, con el mismo modelo y muy ligeros cambios. Donde se ha detenido es con los gobiernos de derecha, al servicio de las corporaciones, como el de Bolsonaro en Brasil y el de Macri en Argentina. En este entorno sorprende o no, que un grupo muy reducido, pero poderoso, de legisladores de Morena han venido trabajando al servicio de estas corporaciones mientras sus demás compañeros apoyan el etiquetado frontal de advertencia.
El 19 de mayo en Chiapas, el presidente López Obrador, advirtió el regreso de la “mafia del poder”, esa mafia es la misma que ha impedido que en México se implementen las políticas para combatir las emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes, es la misma que está realizando la guerra sucia, la misma a la que se han aliado ese grupo reducido de legisladores de Morena. En América Latina se ubican en la misma línea de los correligionarios de Bolsonaro o Macri, muy lejos de los planteamientos originales de la llamada 4T, de la separación del poder político del económico, del servicio al interés público, del combate a la corrupción.
El conflicto de interés es una de las formas más profundas de corrupción y en eso están, políticos que no miran la realidad, que se especializan en construir sus acuerdos con los poderes fácticos para obtener sus favores y dar su siguiente paso en la escalera del poder, ya sea para llegar a una gubernatura o llevar a su grupo político a la toma del poder dentro de Morena. Por lo cual, el regreso de la “mafia del poder”, no sólo amenaza desde fuera, puede venir desde dentro de Morena.
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