Apenas hace una semana el Presidente Enrique Peña Nieto expresó en China la importancia de las reformas estructurales para el país ante el grupo económico de países más importante del mundo, el G20. Sin embargo, la imagen que presenta el máximo mandatario podría no concordar con los hallazgos del escrutinio internacional en México. Un grupo de más de 100 organizaciones de la sociedad civil acusó ante una misión de la Organización de Naciones Unidas que la Reforma Energética, la insigne de las 13 que Peña Nieto impulsó al inició de su sexenio, abona a la violación derechos humanos de la población.
Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– En agosto del 2014, el Senado de la República concluyó la discusión del último dictamen de la Reforma Energética. La intención de atraer las inversiones a ese sector hoy se ha traducido en, algunos casos, en atropellos a los derechos humanos. Así lo afirmó una coalición de más de 100 organizaciones que trabajó de lleno con el grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre empresas y derechos humanos, que visitó el país entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre.
En los diversos encuentros sostenidos con organizaciones de la sociedad civil no sólo se denunciaron los daños que proyectos han hecho a comunidades en el marco de la Reforma Energética, sino que se incluyó un capítulo dentro del informe preliminar que prepara el grupo.
“Se habló precisamente de cómo se prestaba y abría campo para abusos de derechos humanos. Y como favorecía a otros usos de suelo. Perjudicando el derecho a la alimentación, entre otros”, expuso Karen Hudlet Vásquez, representante del Centro de Información sobre empresas y Derechos Humanos, en conferencia de prensa.
La investigadora dijo que varias de las fichas entregadas al Grupo de la ONU por atropellos a los derechos humanos incluyen casos relacionados con la Reforma Energética.
El informe preliminar dado a conocer por el grupo de la ONU reconoció como positivo que se incorporara el concepto de desarrollo sostenible en la Reforma. Y que leyes, como la de Industria Eléctrica y de Hidrocarburos, pusieran como requisito a las empresas realizar evaluaciones de impacto social.
Sin embargo, reconoció, que escucharon que por lo general este proceso no involucra a las comunidades afectadas o partes interesadas.
ENERGÍA RENOVABLE
La transición hacia energías limpias fue una de las promesas de la Reforma Energética. Como en sus tiempos de campaña, el Presidente Enrique Peña Nieto expresó en marzo el inicio de una nueva etapa para la energía renovable en México, a partir de la inauguración de la segunda fase de la Planta Central Eólica Sureste, en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.
Sin embargo, este no ha sido el caso, expusieron organizaciones de la sociedad civil, que documentaron el perjuicio de 68 mil hectáreas de tierra en el municipio de Juchitán, Oaxaca, en donde se concentran 12 de los 32 parques eólicos de la entidad, conocida por su potencial para este tipo de generación energética.
Elena Villafuerte Mata, representante de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC), expuso que los aerogeneradores están propiciando afectaciones a los terrenos de las comunidades indígenas zapotecas.
“Están teniendo afectaciones a sus formas de vida. Afectaciones culturales. Las mareas que van generando lo aerogeneradores hacen que ciertos productos que antes pescaban ya no se acerquen a las lagunas”, dijo Villafuerte Mata.
En tierra adentro, los parques eólicos tienen por efecto la pérdida de los nutrientes de la tierra. Lo que evita que puedan sembrar a cabalidad y alterando su forma de subsistencia desde hace años, agregó.
Un argumento en el que se basó el Presidente para impulsar estos parques ha sido la reducción en los costos de la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad.
“La Reforma Energética tiene por propósito el que nuestro país pueda detonar la generación de más energía […] amigable con el medio ambiente y, al final de cuentas, que sea una energía más barata, que impacte positivamente en la economía de las familias mexicanas”, dijo el 3 de marzo en Asunción Ixtaltepec.
No obstante, la generación de energía eólica en el país es mínima. Sólo representó el 0.98 por ciento de la generación neta (a diferencia de la generación bruta, es aquella que no considera la energía que gasta en las plantas de generación) de electricidad del país el año pasado, de acuerdo con el informe anual de la CFE.
Además, los precios no bajaron, afirmó Villafuerte: “Las comunidades siguen pagando altos costos de energía eléctrica. Pero además no tienen una renta suficiente por sus tierras”.
Apenas el mes pasado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aumentó la tarifa doméstica en un 9 por ciento. Alrededor de 35.5 millones de personas percibieron el impacto en sus bolsillos.
Para el sector industrial también hubo un aumento este mes de entre el 6.5 y 8.4 por ciento en comparación con septiembre 2015. En tanto que para el sector comercial el aumento fue de entre el 8.6 y 9.4 por ciento.
BENEFICIOS AL EXTRANJERO
Las empresas que han llegado a invertir en parques eólicos en Oaxaca son Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Renovalia Energy. Mientras que en la cadena de suministros se encuentran Siemens y Gamesa Corp, enumeró Villafuerte.
Si bien la distribución de la electricidad queda a cargo de la CFE, hay empresas que financian sólo su autoabastecimiento.
“Estas empresas generan energía y muchas veces para autoconsumo. Por ejemplo, el parque eólico de Piedra Larga es para el autoconsumo de Bimbo [desde el 30 de octubre del 2012], y lo realiza Renovalia Energy, con su filial Desarrollos Eólicos de Mexicanos, DEMEX”, explicó la investigadora.
A partir de la Reforma Energética, dijo Villafuerte, las empresas han llegado a las comunidades ignorando la propiedad social de la tierra. A través de procesos civiles (enmarcados en el Código Civil Federal) que evitan la aplicación de la Ley Agraria.
¿Con qué fin? Para evitar los procesos de consulta comunitaria reglamentados por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), explicó, la cual manda a que se realicen previo a dar luz verde a un proyecto en tierras comunales de pueblos indígenas. México ha ratificado este convenio.
Por la vía civil las empresas han reconocido como pequeños propietarios a comunitarios, incluso, sacándoles pequeños títulos de propiedad en el Registro Público de la Propiedad con ayuda de notarías públicas, acusó Villafuerte.
“La Ley Civil lo que hace es poner en igualdad de condiciones al propietario y a la empresa, sin tener en cuenta, las disparidades económicas. E incluso políticas”, dijo la integrante del área de Justicia Transnacional de ProDesc.
La primera consulta de esta clase se realizó en Juchitán de Zaragoza, el 30 de julio del 2015, donde después de ocho meses de trabajos de información por parte de la Secretaría de Energía (Sener), la localidad aprobó la incursión de un proyecto eólico de 14 mil 454 millones de pesos de la empresa Energía Eólica del Sur.
Villafuerte recordó que aunque este evento fue anunciado por las autoridades como el inicio a una serie de consultas en el resto de la República, mas en este proceso no se cumplió con todos los estándares del convenio 169 de la OIT.
¿QUÉ EMPRESAS VIOLAN DERECHOS?
Astrid Puentes, directora ejecutiva del proyecto Aida expuso que, además del sector energético, las reformas estructurales han incidido en los atropellos a los derechos humanos.
“Es uno de los cinco temas estructurales ante el grupo de trabajo. Y es que justamente las reformas estructurales son un síntoma de las violaciones de derechos humanos porque se están haciendo sólo con la visión de las empresas”, dijo Puentes.
Entre las empresas que más cometen este tipo de atropellos de acuerdo con la documentación que las organizaciones le entregaron al Grupo de trabajo de la ONU se encuentra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con cinco casos, Grupo México con tres; y empatados con dos casos cada uno: Petróleos Mexicanos con dos, Transcanada, la Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCDMX) y Monsanto.
Puentes subrayó que sería importante que las empresas del Estado lideraran el menor número de agresiones. Y lamentó la respuesta del Gobierno, que a través de un comunicado, firmado por las secretarías de Economía, Relaciones Exteriores y Gobernación, no reconoció los atropellos que cometen las empresas.
Sin embargo, más de 100 organizaciones detallaron al Grupo de Trabajo de la ONU que los atropellos a los derechos humanos.
Los comunes fueron fueron: abusos al derecho a la tierra y el territorio, con 32 casos; falta de acceso a la información, 28; abusos al derecho al medio ambiente sano, 22; impactos negativos a la salud, 17; y falta de cumplimiento de los derechos indígenas, 17.
Asimismo, denunciar estas violaciones a los derechos humanos no es tarea fácil en un país como México. Al menos 32 casos de intimidación y amenazas contra los opositores de un proyecto empresarial fueron registrados y entregados al Grupo de Trabajo.
