Si fuera por nuestros políticos, vivirían de darnos atole con el dedo como respuesta a cada problema público. De hecho cada avance que hemos tenido en materia de libertades públicas y rendición de cuentas ha sido a costa de ellos, siempre con presión de por medio. Y no importa cuán consolidada se encuentre una democracia, si la ciudadanía no está al pendiente siempre se encontrará expuesta a la decadencia.
Para decir lo anterior de otra forma, la democracia no funciona si no nos involucramos. Es fácil creer en soluciones simplistas para cualquier tema público, aun cuando éstas terminan empeorando las situaciones. Todos estamos expuestos a ser engañados en el debate público. De ahí la necesidad de contar con la mayor cantidad posible de datos duros.
Por otra parte la tecnología permite nuevas modalidades más directas de seguimiento a la agenda pública, además de abrir la posibilidad de intervenir en las decisiones. Este conjunto de recursos atraviesa hoy por la natural calibración, entre el romanticismo y lo que se conoce como slacktivism o activismo de sofá, pero ciertamente hay experiencias exitosas.
La semana pasada la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE presentó la investigación Violómetro Constitucional, coordinada por el académico Roberto Duque Roquero.
El objetivo de esta herramienta es ser un instrumento digital que ofrezca datos cronológicos y legislativos puntuales para medir, en término real, las violaciones constitucionales en que incurre el Congreso de la Unión al no cumplir con sus obligaciones legislativas dentro de los plazos establecidos en la ley.
Esta herramienta pretende ser útil para un mejor estado de derecho y una mejor rendición de cuentas. Busca ser un esfuerzo colectivo que obligue a los legisladores apegarse a la constitución y a la ley para cumplir sus obligaciones legislativas.
El tema no es poca cosa. Por ejemplo, según el violómetro el Congreso lleva más de siete meses sin aprobar una Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares como le obligaba la reforma constitucional. O lleva más de un año cuatro meses sin nombrar al Consejo General del Coneval. Estas son tan solo dos de muchas violaciones a los plazos que los mismos legisladores se establecen.
Cierto, se requiere mucho más que la simple presión para que nuestros diputados y senadores se pongan a trabajar. Especialmente tener costos políticos por sus omisiones. Aunque no vamos a tener legisladores responsables ante las urnas sino a partir de 2018 con la entrada de la reelección inmediata, sin el ojo vigilante de los ciudadanos nada sucederá.
Vale la pena dar la vuelta por la página, conocer la forma en que nuestros legisladores son omisos de sus propias obligaciones y comenzar a señalar. ¿Siguiente paso? Relacionar la violación con las comisiones que deberían dictaminar esas normas, centrados en el presidente y los secretarios.
