Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– Destituciones e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos hasta por 20 años, seis denuncias y cuatro informes ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), además del pago de más de 631 millones de pesos fueron las sanciones que la Contraloría General del Distrito Federal impuso a 33 funcionarios y ex funcionarios por su responsabilidad respecto a las fallas en la construcción y operación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro, como dio a conocer ayer el contralor capitalino, Hiram Almeida Estrada.

Sin embargo, para el Partido Acción Nacional (PAN) en el DF –grupo político que desde 2011 ha criticado la construcción de dicha obra– estas sanciones, aunque positivas, son insuficientes, pues no se ha definido una fecha para reanudar el servicio en las 11 estaciones que desde marzo se mantienen suspendidas, ni se fincaron responsabilidades al ingeniero Francisco Bojórquez Hernández, director del STC Metro en la pasada administración capitalina, ni a las empresas que participaron en la construcción de la llamada Línea dorada (ICA, Alstom y Carso).

“El tema no está cerrado, no se le puede dar carpetazo a un tema en el que ya hay responsables, pero todavía no está la obra funcionando”, manifestó el presidente del PAN en el Distrito Federal, Mauricio Tabe Echartea.

En el mismo tenor se expresó el Diputado local Héctor Saúl Téllez Hernández, uno de los legisladores panistas más críticos de la obra emblema de la gestión de Marcelo Ebrard Casaubón, y quien forma parte de la comisión de Diputados que se formó para investigar las fallas en la Línea 12.

“Creemos que todavía faltan más investigaciones, creemos que lo de hoy es algo bueno, pero es parcial y esperamos todavía sanciones al ingeniero Bojórquez y a su equipo de trabajo en el Sistema de Transporte Colectivo Metro”, dijo.

Este martes 9, el Contralor Almeida dio a conocer  un primer listado de los servidores públicos y ex servidores públicos sancionados por su responsabilidad en las irregularidades técnicas detectadas en la Línea 12. Fueron 33 nombres pero un total de 54 sanciones, que van desde inhabilitaciones por un año para ocupar algún cargo en la administración pública, hasta denuncias ante la PGJDF por la posible comisión de delitos.

El primer nombre en la lista dada a conocer por el contralor fue el de Enrique Horcasitas Manjarrez, el ex director del Proyecto Metro y, como tal, quien se encargó de coordinar las obras de la Línea 12. A él le fue conferida una inhabilitación del servicio público por 20 años, así como una denuncia ante la PGJDF “por haber permitido la entrega preliminar de los trabajos que no estaban debidamente concluidos”.

Horcasitas Manjarrez trabajó entre 1997 y 2002 en la constructora ICA y su hermano Luis Horcasitas Manjarrez, es vicepresidente de Construcción Civil de dicha constructora. Pero el ex funcionario es también uno de los dos personajes señalados por los panistas como los principales responsables de las irregularidades en la construcción de la Línea dorada. El otro personaje es Bojórquez, quien no figuró entre los sancionados.

El contralor informó que aún continúan integrándose cuatro auditorías y seis investigaciones, y que éstas derivarán en nuevas sanciones.

Al respecto, el Diputado Téllez Hernández expresó: “En efecto, vemos las sanciones al ingeniero Horcasitas, pero nosotros esperamos que haya también sanciones para el ingeniero Bojórquez, él fue el principal encargado de la compra de los trenes […] Es evidente que tiene que haber ahí un tramo de responsabilidad que todavía no está identificado”.

SANCIONES Y PENDIENTES

De los 33 sancionados, casi todos son o fueron empleados del Proyecto Metro; sólo hay un ex funcionario del STC Metro entre ellos. Se trata de Juan Carlos Mercado Sánchez, quien fue subdirector general de Administración y Finanzas del STC Metro. Él también fue sancionado con una inhabilitación de 20 años, además de una multa por 33 millones 711 mil 920 pesos y se dio vista a la PGJDF.

El director de Construcción de Obras Civiles del Proyecto Metro, Moisés Guerrero Ponce, fue el servidor público que recibió más sanciones de la Contraloría: cinco en total, todas destituciones e inhabilitaciones pero cada una por la comisión de irregularidades diferentes. En total, sus inhabilitaciones suman 34 años, en los que no podrá trabajar en la administración pública. Además, también fue denunciado ante la PGJDF.

Quien recibió la mayor multa económica fue la ex directora de Administración de Contratos del Proyecto Metro, a quien se le impuso una sanción de 478 millones 63 mil 757.84 pesos. Además, fue destituida de su cargo e inhabilitada para el ejercicio público durante 15 años, y se dio vista a la Procuraduría local.

En su informe sobre los 33 responsables, el contralor Almeida refirió que la investigación que derivó en estos castigos se basó en 11 auditorías y el reporte que la empresa francesa Systra entregó sobre las causas de las fallas de la línea.

Dicho informe, que fue entregado a la Secretaría de Obras y Servicios el pasado 4 de septiembre, detalla problemas en el diseño de la Línea 12, así como en el trazo, la elección de materiales y la lubricación de los trenes. El contralor capitalino señaló diversas irregularidades detectadas, desde la presentación de documentos apócrifos, entrega de contratos fuera de procedimientos e incluso pagos irregulares a empresas contratadas.

Este lunes, legisladores panistas –entre ellos Téllez Hernández– junto con su líder en la capital dieron una conferencia de prensa en la que criticaron la dilación del gobierno capitalino para fincar responsabilidades por las irregularidades en la Línea 12, que causaron su cierre parcial desde el pasado 12 de marzo. Además, el coordinador de los Diputados panistas, Federico Döring Casar, sugirió una posible fabricación de “chivos expiatorios”, refiriéndose a que la Contraloría podría señalar como responsables sólo a servidores públicos de segundo nivel.

Pero tras conocerse a los primeros 33 responsables, Téllez Hernández aplaudió la información dada a conocer, así como que en este primer listado de sancionados aparezcan funcionarios de segundo y tercer nivel del Proyecto Metro, “que acompañan en esta responsabilidad al que sí tenía la responsabilidad de primer nivel, que era el ingeniero Horcasitas”.

Tabe Echartea subrayó que el gobierno del Distrito Federal ahora “no se puede lavar las manos”, pues aun hay responsables pendientes de ser sancionados, que no necesariamente son funcionarios.

Y recalcó las exigencias esenciales del partido que lidera: “Que haya responsables, no haya ‘chivos expiatorios’ y que abran la Línea 12 del Metro”.

Como integrante de la comisión especial que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se creó para investigar las fallas de la Línea 12, Téllez Hernández dijo que aún está pendiente que dicha comisión concluya su respectiva indagatoria, y que en ésta se aborden los aspectos jurídicos, administrativo y financiero del proyecto, pues hasta ahora se ha enfocado en revisar sólo las cuestiones técnicas.

“Nosotros hemos pedido al presidente de la comisión que veamos también el aspecto del manejo de los recursos, la posible suscripción de instrumentos jurídicos fuera de la ley y también el manejo administrativo en cuanto a la toma de decisiones. Eso creo que es todavía tema pendiente en la comisión, independiente de las cuestiones técnicas que ya se dieron a conocer”, detalló.

A decir del legislador panista, en los pendientes de la Contraloría hay cabida para responsabilizar a las empresas que estuvieron involucradas.

“Tenemos que recordar que el contralor también tiene facultades para llevar a cabo sanciones ya sea de tipo económico o administrativo en contra de las empresas que participaron en la construcción. Hoy no escuchamos nada de eso. Nos parece que por ahí todavía hay algo que está incompleto”.