La oposición a que se emitiera Alerta de Género hace cuatro años –lo que pudo salvar la vida de cientos de mujeres mexiquenses– fue encabezada por la funcionaria que hoy tiene la máxima responsabilidad de promover políticas públicas a favor de las mujeres. Y la argumentación recayó por una jurista de la mayor confianza de Enrique Peña Nieto a quien ha allanado el camino hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

SinEmbargo posee copia del debate que cerró el paso a la alerta y que ha sido clasificado como confidencial: Datos falsos, defensa electoral de Peña y hasta la utilización de la palabra “misojenía” por parte de una representante del Gobernador fueron suficientes para que el candidato priista, al que se le coreaba “Enrique, bombón, te quiero en mi colchón”, avanzara en la carrera presidencial por un camino al que las mujeres muertas simplemente se les hizo a un lado…

Ciudad de México 10 de agosto (SinEmbargo).– El Gobierno del Estado de México encabezado por Enrique Peña Nieto mintió para evitar la emisión de alerta de violencia de género en 2011, tal como finalmente ocurrió la semana pasada.

Funcionarios estatales dirigidos por Lorena Cruz Sánchez, hoy presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, ofrecieron cifras falsas de la situación de homicidios dolosos sufridos por mujeres ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, órgano titulado por el Instituto Nacional de las Mujeres.

El Sistema Nacional está compuesto además por los institutos estatales de las mujeres e instancias federales, entre estas la Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Salud y la Procuraduría General de la República, en ese momento bajo la responsabilidad del gobierno panista de Felipe Calderón.

Es decir, la alerta que hoy avala Cruz Sánchez es la misma que hace cinco años se negó a que siquiera se analizara. Y para esto se apoyó en el voto de los estados priistas.

“[…] En el Estado de México no estamos ocultando las cifras. Se podrían ocultar, se podrían maquillar muchísimas cosas, pero no es así, son cifras que están a la vista de la gente, pero sobre todo el señor Procurador las dio a conocer, entonces, bueno, sobre esto se hace la investigación, pero básicamente nos vamos a eso”, argumentó Lorena Cruz.

La funcionaria se declaró incompetente para discutir los aspectos técnicos de la situación de las mujeres en la entidad, es decir, de su estado y de sus representadas, y cedió la palabra a Martha María del Carmen Hernández Álvarez, asesora jurídica del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México:

“¿Cómo es posible que se pueda tomar a las mujeres como un pretexto, como un vil pretexto para tratar de llevar a cadalso a otra persona?”, espetó Hernández Álvarez.

“Considero que cada uno de los argumentos que esgrimiré demostrarán que lejos de basarse en la ley y verdaderamente en las mujeres, que es a quien están ustedes defendiendo y representando, se está utilizando como enseñó exactamente ahorita la licenciada Lorena, nada más políticamente”, sostuvo Hernández, quien fuera subprocuradora de justicia en el gobierno estatal de Peña y fungiera como magistrada federal.

“Jamás se les explicó a ustedes que esta violencia debía ser sistemática, que además se debía de probar que se dan en un contexto de impunidad o permisividad social, y mucho menos porque se debe de probar que la violencia proviene de un conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social. ¿En algún momento se nos explicó qué significa la misojenía (sic)? No, de ninguna manera y saben por qué, porque de lo que se pretende es simple y sencillamente confundirnos y llevar precisamente, como ya se demostró, a primera plana a una persona que lo único que tiene de mal es el hecho de que sea carismático o que lo ven como un enemigo a vencer”, Hernández se refirió a Peña Nieto en el contexto de la carrera presidencial.

Hernández se empeñó en descalificar las cifras absolutas en función del estado y exigió que el criterio adoptado fuera el de tasas, es decir, de número de homicidios dolosos por cada 100 mil mujeres residentes en el municipio o estado de referencia.

La funcionaria ofreció datos en este sentido, subrayando que el Estado de México vivía una situación de menor gravedad y que Ecatepec, municipio de origen del actual Gobernador Eruviel Ávila, en particular tenía índices inferiores a los estatales y nacionales.

En primer lugar, Hernández, a quien en la misma sesión se le recordaría su carencia de experiencia en temas de género, mostró tasas elaboradas por cada cien mil habitantes, sin distinción de sexo, cuando por elemental criterio demográfico las mediciones con diferenciación de género se hacen entre cien mil habitantes de ese género.

El segundo aspecto interesante es que en todo momento evadió el término feminicidio cuando hizo referencia a los casos de su estado, a los que únicamente se refirió como “homicidios dolosos en contra de las mujeres”.

Los datos presumidos por Hernández Álvarez simplemente no cuadran con las bases de datos oficiales de defunciones en México de la Secretaría de Salud federal, a su vez nutridas por los reportes de los registros civiles de los estados.

La siguiente tabla contrasta los datos utilizados por el gobierno del Estado de México con los existentes en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Fuente: Datos aportados por Hernández Álvarez e INEGI/SS. Bases de datos de las defunciones, 1990-2012. Disponibles en la dirección electrónica: http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/index.html. Fecha de consulta enero de 2014.Población: CONAPO. Estimaciones de la Población de México, 1990-2010 y  Proyecciones de la Población de México, 2010 – 2050. Disponibles en la dirección electrónica http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/index.html.

Existe al menos una razón para sospechar que el sesgo fue intencional porque el cálculo orientado hacia abajo se debió mantener también con respecto de los números nacionales, lo que habría colocado nuevamente al Estado de México y a Ecatepec por encima de la línea mexicana.

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En 2007 México presumió un mecanismo internacionalmente innovador para la salvaguarda de la vida y los derechos de las mujeres. El procedimiento denominado alerta de violencia de género fue previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su respectivo reglamento, promulgada ese año.

Según la ley, la declaratoria es “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado […] tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos”.

El ordenamiento facultó a las organizaciones de la sociedad civil para solicitar la alerta ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, órgano titulado por el Instituto Nacional de las Mujeres.

Las organizaciones que suscribieron el documento son integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el cual está constituido por 43 agrupaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos distribuidas en 19 estados del país.

De acuerdo con el Observatorio, México ocupa el lugar 16 en el mundo en asesinatos de mujeres. Según un reporte de la ONU citado por esa organización, las muertes violentas de mujeres en el país se han incrementado a partir desde 2007, año con menos hechos de este tipo desde 1985.

Hasta ahora, las organizaciones sociales han reclamado formalmente y al menos en una ocasión la implementación del mecanismo en los estados de Nuevo León, Oaxaca, Guanajuato, Estado de México.

El Observatorio registró 922 feminicidios en el Estado de México entre enero de 2005 y agosto de 2010, concentrados en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán. De ese casi millar de casos, según la organización feminista, sólo 12 por ciento discurrieron en consignaciones ante un juez y únicamente entre 3 y 4 por ciento concluyeron en condenas a los asesinos.

Cuando el conglomerado de organizaciones no gubernamentales reclamó las medidas cautelares a favor de las mexiquenses afirmaba que, del conjunto de esas muertes, las autoridades desconocían la identidad de 526 feminicidas. En ese momento, según la compilación de información de la agrupación, el Estado de México era el sitio con más feminicidios sólo después de Chihuahua y Sinaloa.

La petición de alerta reclamaba la necesidad de identificar las irregularidades en que incurría el sistema de justicia mexiquense y que resultaban en un patrón de violencia sistemática y de impunidad contra las mujeres en el estado que impedían a las víctimas acceder a la justicia.

Tras presiones nacionales e internacionales, el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas solicitó la emisión de la alerta de género para los municipios más poblados.

Ni Ávila ni Peña Nieto se han reunido una sola vez con madres de mujeres asesinadas, a pesar de que se les ha pedido decenas de veces.

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El 8 de diciembre de 2010, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia recibió la solicitud de procedencia sobre la investigación de declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Es decir, nunca se discutió siquiera si se identificaba o no la existencia del problema en el Estado de México: lo que se puso a debate fue si se promovía la conformación de un comité de expertos que estudiaran la dimensión y circunstancias de la violencia de género en la entidad. Esa comisión compartiría sus hallazgos y entonces sí, el Sistema Nacional votaría la emisión o no de la alerta de violencia de género.

Mucho antes de esto, el órgano intergubernamental sesionó para resolver si investigaba o no el odio a las mujeres en el Edomex el 11 de enero del año 2011.

Participaron cinco dependencias del gobierno federal y catorce oficinas estatales de la mujer. Desde el inicio de la reunión se observó el talante con que el encuentro se desarrollaría: el tema para las mexiquenses no era social sino políticamente malintencionado. Su tono fue áspero, ajustado a la respuesta ante una ofensa.

Felipe de Jesús Zamora, entonces subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, presidió la sesión, que fue conducida por María del Rocío García Gaytán, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La representación del Estado de México recayó en Lorena Cruz Sánchez, vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social de esa entidad, quien se reconoció incapaz de sostener la argumentación legal del tema y se apoyó en Martha María del Carmen Hernández Álvarez.

Alguien reclamó el protagonismo de la jurista mexiquense con el argumento de que así se duplicaba la argumentación del Estado de México, pero la moción no prosperó. Antes de esto, se sacó del recinto al representante de la organización no gubernamental que reclamaba la declaratoria de alerta de género en el Estado de México. Ni siquiera se le permitió presenciar la discusión como simple observador, sin hacer uso de la voz.

Las funcionarias del Estado de México se opusieron al formato de la discusión, de la distribución de los tiempos dados para las intervenciones. Algunas presidentas de los institutos de la mujer de los estados priistas cedieron el tiempo de participación al que tenían derecho para que se extendiera el alegato de defensa mexiquense.

El Estado de México hizo todo lo posible por evitar el asunto llegara siquiera a la votación. Con vehemencia y un claro tono ofendido, Hernández Álvarez alegó que se trataba de “un procedimiento cuasijurisdiccional”, reclamó la presencia de un notario público y alegó que cualquier acto ahí carecería de validez jurídica, pues toda la burocracia mexicana estaba en ese momento de vacaciones. Una y otra vez llevaron la discusión a que la pretendida alerta era un tema electoral y no de género.

Resultaba clara la alusión a la trayectoria del gobernador Peña Nieto hacia la Presidencia de la República y al interés de algunos panistas y perredistas por frenar la carrera del mexiquense. Quizá esto fuera cierto, lo que no diluye de ninguna manera la existencia del extendido e impune feminicidio mexiquense.

DEBATE

Los detalles de la reclamación de la alerta y de la oposición a que se efectuara no son conocidos, pues la información producida al interior del Sistema es confidencial. Las activistas acusan que este acuerdo de confidencialidad mengua los alcances del instrumento.

“No estamos frente a un error aislado producto de la impericia, las anomalías aquí expresadas indican que más que una legitima preocupación por los derechos de las mujeres, se trata de una estrategia del gobierno federal para contener y eventualmente eliminar la competencia en el proceso político que se avecina”, se empecinó Hernández Álvarez.

Malú Mícher Camarena, entonces directora general del Instituto de las Mujeres del DF sostuvo:

“(…) Esto no es un juicio, es un procedimiento administrativo, esto no es declarar la alerta de género, esto es iniciar un procedimiento donde primero se crea una comisión de expertas y expertos [que] van y conocen el lugar de los hechos, entrevistan a algunas de las familias de las víctimas, ellas decidirán su método, vienen y nos dicen lo que encontraron, nosotras lo analizamos, se lo dirán seguramente al gobernador, al procurador de justicia, se lo dirán a la presidenta del Consejo, a todas las compañeras y luego vendrán para acá, nos dirán el procedimiento, lo que encontraron y nosotras volveremos a dar una opinión, pero esto que nos sirva a todas y lo digo de verdad, compañeras.

“¿A qué le tememos? ¿A poner en marcha una ley? ¿A poner en marcha lo que tanto hemos soñado? Sí, señoras: sí hemos soñado que se les diga a las funcionarias y a los funcionarios que lo están haciendo mal, que son misóginos, que no nos contratan, que cuando vamos a hacer una denuncia en el Ministerio Público, como sucedió en Chihuahua, se archivaron los expedientes durante quince años. Eso es lo que queremos que haya: justicia para las mujeres, y no lo estamos haciendo en contra del gobernador, lo estamos haciendo por sus hermanas, lo estamos haciendo por su esposa que se acaba de casar, lo estamos haciendo por las hijas que tiene, porque cuando los funcionarios y las funcionarias entiendan que no es en su contra, sino que es a favor de todas mujeres, entonces es cuando nos lo agradecen, es cuando nos dicen, no ‘están discriminando’, sino que entienden que estamos cerrando la brecha de desigualdad en el acceso al ejercicio de un derecho, y el derecho que tenemos de vivir una vida libre de violencia”.

Reviró Lorena Cruz Sánchez, vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México:

“Que quede muy claro: nosotros no estamos en contra de la alerta de género, sabemos que es un buen mecanismo, simplemente estamos en contra del procedimiento jurídico que se llevó a cabo para anunciarnos que querían hacer una investigación. Es lo único. Nosotros respetamos este mecanismo, respetamos y creemos que es muy válido tener un grupo de expertos que vayan a los estados y que nos digan cómo podemos mejorar, que vean lo que estamos haciendo, obviamente es muy bueno, no estamos en contra de eso, simplemente en la forma en la que se lleva a cabo el procedimiento.

“(…) En el Estado de México no estamos ocultando las cifras. Se podrían ocultar, se podrían maquillar, muchísimas cosas pero no es así, son cifras que están a la vista de la gente, pero sobre todo el señor procurador las dio a conocer, entonces, bueno, sobre esto se hace la investigación, pero básicamente nos vamos a eso.

“Desafortunadamente fue la forma en la que se está percibiendo este proceso y todo se juntó (…). La época en que nosotros estamos, que es año electoral, entonces básicamente es eso solamente.

Y entonces Zamora Castro ordenó la votación.

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Alzaron la mano en contra todas las directoras de los institutos de las mujeres de los estados priistas: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua —referente histórico y mundial del odio mortal a las mujeres—, Durango, Hidalgo, Puebla —aún gobernaba Mario Marín, acusado de proteger pederastas—, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas.

También la de Nuevo León, estado que desde un par de años anteriores a la sesión vive un ascenso de la violencia en general que ha afectado a sus mujeres, asesinadas, violadas, tratadas, ejecutadas en medio de la guerra entre dos de los cárteles más poderosos y violentos del país, el del Golfo y Los Zetas.

Llaman la atención las reflexiones efectuadas por algunas funcionarias priistas al momento de votar.

“En contra y la reflexión sería que tenemos que revisar la eficacia del Sistema y de su programa que no aplica”, habló Edda Ernestina Arrez Rebolledo, de Veracruz.

“A partir del principio de no permitir que se partidice la lucha a favor de las mujeres, en contra”, sostuvo Georgina Rosado Rosado, de Yucatán.

Llama la atención la posición en contra de Guerrero y Michoacán, gobernados por el Partido de la Revolución Democrática, cuya supuesta agenda política coloca en el centro el tema de género. Ambos estados constituyeron secretarías de la Mujer, es decir, trascendieron en la organización de sus administraciones públicas el nivel de los institutos pero ambos votaron contra la emisión de la alerta de género en un estado con un problema histórico de violencia contra las mujeres, quizá porque también es el caso de Guerrero y Michoacán.

Y evidentemente se pronunció por la desestimación de la alerta la propia Lorena Cruz Sánchez.

Votaron a favor de la investigación Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y María del Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.

También las y los representantes de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la Secretaría de Educación Pública federal, Secretaría de Salud federal, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

En el mismo sentido lo hizo el Distrito Federal, que si bien no tiene el problema en las dimensiones de su vecino Estado de México, tampoco puede presumir que sus mujeres estén a salvo.

Oaxaca se pronunció a favor. Tiempo después, cuando le tocó el turno de responder por sus feminicidios a la autoridad de ese estado, formada por una coalición de izquierda, su gobierno se defendería en términos no tan distintos a los que emplearan los mexiquenses.

Igualmente se pronunció por la realización de la investigación la panista de Jalisco. Guanajuato, también de Acción Nacional, se abstuvo; poco tiempo después ese estado enfrentaría una ola de feminicidios y, como siempre, una férrea oposición de su gobierno para admitir siquiera la existencia del problema. La asistente de Baja California, otro sitio en que el crimen organizado y el homicidio de mujeres se cruzan, sufrió el mismo conflicto moral.

Se lee al final de la versión estenográfica de la sesión: “Resuelve en definitiva con veinte votos en contra, once a favor y dos abstenciones la improcedencia de la investigación sobre la declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México promovida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a. c., toda vez que la misma no fue aprobada por el Sistema”.

El 28 de noviembre de 2013, a un año menos tres días del inicio de la presidencia de Enrique Peña Nieto, su gobierno acumuló la tercera negativa para investigar la procedencia de la alerta de género en el Estado de México, a pesar de la existencia de mandato judicial para que se revise a profundidad la situación de las mujeres y el incumplimiento de las autoridades.

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En noviembre de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto ocupó su capacidad de realizar uno de siete de nombramientos en el Consejo de la Judicatura Federal a favor de Martha María del Carmen Hernández Álvarez.

Y antes fue subprocuradora estatal bajo las órdenes de Alberto Basbaz, el Procurador que debió renunciar tras el caso de Paulette Farah, la niña de Huixquilucan a la que todo un aparato de justicia no encontró muerta a los pies de su propia cama.

Hoy, todos los argumentos ofrecidos contra la alerta de género por parte de Lorena Cruz y de Hernández Álvarez han sido admitidos, en  los hechos, como ciertos por el mismo gobierno del Estado de México al ceder a las demandas ciudadanas y requerir la implementación del instrumento.