Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).– La madrugada del 17 de diciembre de 2014, mientras circulaba por el Bulevar de la Luz, en Pedregal de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, el entonces jefe delegacional de Iztapalapa, Jesús Salvador Valencia Guzmán, perdió el control de la camioneta blindada Jeep Grand Cherokee modelo 2015 que conducía y chocó contra la parte trasera de una camioneta estacionada. El vehículo en el que viajaba el funcionario se volcó.

Tras difundirse la noticia del accidente, el perredista dio distintas versiones sobre el percance.

A una estación de radio le dijo que se encontraba enviando un mensaje de texto y que venía del Aeropuerto capitalino, donde se había reunido con algunos dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD). A otra estación le dijo que había perdido el control de la camioneta porque se había quedado dormido a causa del medicamento –un ansiolítico llamado Activan-Lorazepam– que un médico le había recetado. Luego, a un diario le explicó que regresaba de una fiesta.

A esas versiones se sumó la que dio el área de Comunicación Social de la propia Delegación, que informó que el funcionario se había quedado dormido debido al cansancio laboral y a que tenía gripe.

Más tarde, Valencia Guzmán repitió la versión del medicamento. Luego aseguró que cuando chocó regresaba de un festejo navideño. “No festejo de fiesta, sino de las luces, el festejo bonito”, dijo. Y sostuvo que venía con su esposa y su bebé. Sin embargo, testigos dijeron a la prensa que el entonces Delegado viajaba solo.

En un principio afirmó, además, que la camioneta en la que viajaba no era suya, sino prestada. Luego dio otra versión, sosteniendo que había obtenido el vehículo mediante un autofinanciamiento y que la estaba pagando.

Pero el 19 de diciembre, el diario Milenio publicó que la camioneta estaba a nombre de la empresa Amexire. Ese día, en entrevista con Radio Red, Valencia Guzmán dijo que el vehículo era de un amigo suyo, contratista de la Delegación Iztapalapa, y que se la había pedido prestada “para ver qué tal jala, porque mi camioneta ya tiene 70 mil kilómetros”.

Amexire es propiedad del empresario Luis Molleda Cámara. Se dedica a la compra, venta, distribución, comercialización, importación, exportación de mobiliario urbano, juegos y artículos para parques públicos, equipo educacional y recreativo, parques de diversiones, canchas deportivas, señalamientos, productos viales, mobiliario de cualquier tipo, material eléctrico, luminarios e iluminación pública, urbana, industrial, residencial, así como materiales de construcción, productos de limpieza, calzado, blindajes, equipos de protección, chalecos antibalas, medicamentos y productos para la salud.

En Iztapalapa fue la empresa contratada en 2014 para ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), mediante la construcción de cesas para familias en zonas marginadas de la delegación. El contrato del FAIS consideraba un monto de entre 19 millones y hasta 48 millones de pesos.

Además de ese, la Delegación otorgó a Amexire otras dos contrataciones el año pasado, ambas a través de adjudicación directa: una por 200 mil pesos para la adquisición de computadoras y equipos de cómputo y la otra por 150 mil pesos para comprar grabadoras, proyectores y pantallas.

Días después del accidente y apenas cuando la Contraloría General del Distrito Federal había dicho que investigaría el caso ante el posible conflicto de interés entre Valencia Guzmán y el dueño de Amexire, se difundió que el entonces Delegado también usaba otra camioneta que pertenecía a otro contratista de la demarcación.

Esta vez se trató de la empresa Protexer, la cual había obtenido un contrato de la Delegación Iztapalapa en 2013 por 2 millones 999 mil pesos para prestar servicios de espectáculos del programa “Tardes Culturales”. Durante la vigencia del contrato, todos los gastos que generara el vehículo puesto a servicio del jefe delegacional correrían por cuenta de la empresa.

Además de la Contraloría General, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) también inició una investigación de los hechos, a través de la Fiscalía para Servidores Públicos. El caso incluso generó señalamientos en el Congreso de la Unión y hasta se propuso crear una comisión de investigación para revisar los posibles hechos de corrupción y conflicto de interés.

Sin embargo, esta propuesta no se concretó; pasó el fin de año y a principios de 2015 Valencia Guzmán compareció ante la contraloría interna de la Delegación Iztapalapa y se supo también que la Contraloría General y la PGJDF también lo habían citado.

Luego el caso pareció diluirse, pero fue traído de nueva cuenta a la agenda pública a mediados de febrero, cuando se supo que Valencia Guzmán sería postulado como candidato a Diputado federal por el principio de representación proporcional, ese mecanismo que exime a algunos candidatos de ser sometidos a la elección popular, sino que son elegidos únicamente por su partido y consiguen el cargo o no en función del número de votos alcanzado en las urnas y conforme a su aparición en las listas de candidaturas.

En el caso de Valencia Guzmán es altamente probable que consiga un escaño en el Congreso de la Unión, ya que ocupa el séptimo lugar de los candidatos a Diputados federales por la cuarta circunscripción, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en donde también figura, en primer lugar, el ex dirigente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano Grijalva.

A mediados de enero pasado, Valencia Guzmán pidió licencia al cargo, argumentando que era para no entorpecer las investigaciones que se le seguían. De conseguir la diputación federal en las elecciones del 7 de junio próximo, ganaría también las prebendas y beneficios asociados al cargo, entre ellos el fuero constitucional, una prerrogativa que los exime de ser detenidos o encarcelados (excepto en los casos que determinen las leyes) o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen.

A menos de dos meses del proceso electoral en el que se definirá la próxima composición de la Cámara de Diputados y que podría llevar a Valencia Guzmán a convertirse en uno de sus 500 integrantes, la Procuraduría y la Contraloría capitalinas parecen no tener prisa en llevar avante sus indagatorias sobre posibles actos de corrupción que involucren al Delegado con licencia.

Prueba de ello es que el pasado 24 de marzo, al término de su comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el contralor general Eduardo Rovelo Pico dijo que hasta ese momento era difícil encuadrar la conducta de Valencia Guzmán con algún delito.

“La dificultad puntual en las que nos encontramos ahorita en materia de análisis es vincular el nexo causal entre la conducta y la responsabilidad, por lo que señala la ley en conflicto de intereses. Se tiene que encuadrar la conducta a lo estrictamente establecido en la norma, creo yo que del cierre de la investigación sí tendremos que encontrar todos los antecedentes que nos permitan presumir algún conflicto de interés y en caso de ser así serán fincadas las responsabilidades administrativas”, declaró entonces a la prensa.

Durante su comparecencia, Priscila Vera y Héctor Saúl Téllez, diputados del Partido Acción Nacional (PAN), habían cuestionado al contralor sobre el caso de Valencia Guzmán y señalado su limitado actuar para sancionarlo.

Tras conocerse que el Delegado con licencia figuraba entre los candidatos del PRD a diputaciones federales, el ex dirigente de ese partido –también candidato plurinominal a una diputación federal– Jesús Zambrano Grijalva declaró que pediría al Consejo Nacional de su partido reconsiderar la candidatura de Valencia Guzmán.

Éste se dijo sorprendido por la declaración, ya que, afirmó, el mismo Zambrano Grijalva había apoyado su candidatura. Mas concedió que aceptaría quedar fuera si el Consejo Nacional así lo determinaba. Pero eso no ocurrió.

 

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Valencia Guzmán pertenecía al grupo político del ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubón, de quien incluso fue muy cercano colaborador, pero en octubre del año pasado abandonó las filas de la corriente interna del PRD Movimiento Progresista, encabezada por Ebrard Casaubón, para unirse a Alternativa Democrática Nacional (ADN).

El entonces Delegado rechazó que se tratara de un rompimiento personal sino de una decisión de sumarse a un grupo político en mejores condiciones. La decisión de Valencia Guzmán era explicable en el preámbulo del proceso electoral de este año y dada la importancia que la Delegación Iztapalapa tiene para la capital del país, ya que es la demarcación más poblada y, en consecuencia, la más importante electoralmente.

Como aliado de Ebrard Casaubón, cuya figura al interior del partido –al que finalmente abandonó– comenzaba a desdibujarse, Valencia Guzmán tenia una posición débil y ante ese escenario optó por sumarse a Alternativa Democrática Nacional (ADN), liderado por Héctor Rojas y considerada la segunda fuerza del PRD a nivel nacional.

Valencia Guzmán cuenta con estudios de Contaduría Pública y Ciencias Políticas, pero su nombre no figura en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con una entrevista que concedió al diario El Universal, comenzó su vida laboral desde niño, como vendedor de zapatos en el mercado La Purísima, en Iztapalapa. Según contó, por las mañanas trabajaba y en las tardes acudía a la escuela.

Valencia Guzmán no nació en esa Delegación sino en la Cuauhtémoc, en la colonia Santa María la Ribera, pero llegó a Iztapalapa junto con su madre y hermanos cuando era niño.

Antes de convertirse en jefe delegacional de esa demarcación, trabajó en el Gobierno capitalino durante las dos administraciones anteriores.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador fue responsable de coordinar a la policía de proximidad en el Centro Histórico y de poner en marcha el programa de reordenamiento de anuncios espectaculares, mientras que en la gestión de Ebrard Casaubón fue director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) capitalino, donde creó el programa “Niños Talento”.

También fue secretario general del PRD en el Distrito Federal, cargo que obtuvo gracias a una nueva intervención de Ebrard, así como subdirector de Normatividad de la Central de Abastos y participó en la fundación del Partido Centro Democrático. Además participó en la campaña de Ángel Aguirre Rivero a la gubernatura de Guerrero.

Valencia Guzmán llegó a la jefatura delegacional de Iztapalapa con el 64.1 por ciento de los votos en la elección de 2012, la cifra más alta obtenida por un perredista en esa demarcación, pese a que desde 1997 ha sido un bastión de ese partido político.

Apenas había transcurrido un mes desde que asumió el cargo cuando enfrentó su primer crisis. El 2 de noviembre de 2012, un niño de 10 años llamado Hendrik Cuacuas González fue asesinado dentro de una sala de cine de la cadena Cinépolis en Plaza Ermita. La Delegación tardó 12 días en actuar y cerrar el complejo de cines. Se dijo que la muerte había sido resultado de una bala perdida y la única medida tomada por las autoridades iztapalapenses fue el canje de armas por dinero como en otras delegaciones.

Dos meses después, otro escándalo puso en el centro de la atención pública a Iztapalapa. Durante los primeros días de enero de 2013, las autoridades hallaron los cadáveres de un hombre y una mujer en las faldas del Cerro de la Estrella. La PGJDF responsabilizó de las muertes a una jauría de perros salvajes, pero la versión fue muy cuestionada por vecinos y por la opinión pública.

El último escándalo antes de su accidente ocurrió el 5 de noviembre del año pasado, cuando fueron detenidos el ex Alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, en la Delegación Iztapalapa. El matrimonio Abarca Pineda había huido de Iguala días después del ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de cuyo ordenamiento se responsabilizaba a Abarca.

Valencia Guzmán pidió entonces aclarar cómo se había hecho la detención del matrimonio, al considerar que el hecho podría llevarse al terreno político y vincularlo a él, dada su participación en la campaña del entonces Gobernador de Guerrero y el vínculo partidista entre él, Aguirre Rivero y Abarca, todos perredistas.

El vínculo, en efecto, fue sugerido en los medios de comunicación, pero al igual que como ocurriría más tarde con el asunto del choque, eventualmente se diluyó. Y aunque quede para la memoria de quienes el próximo 7 de junio acudirán a las urnas, no tendrán ahí posibilidad de mostrarle su apoyo o rechazo a Valencia Guzmán, pues su llegada a la Cámara de Diputados no estará en manos de los ciudadanos.