El conflicto jurídico en Punta Colonet por la explotación del yacimiento de Titanio más importante de México, está vigente y a un paso de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución definitiva o pasar a tribunales internacionales.
De hecho, la liberación de este litigio, primero y único en su tipo en toda la República, sentará las bases para que el gobierno federal asuma la responsabilidad de regular la explotación de las minas costeras en el país, en donde existe un potencial de aprovechamiento, principalmente de acero, que puede generar miles de empleos y riqueza para toda la nación.
El oceanólogo Pablo López Domínguez, de la empresa Tecnoplades, luego de participar en la reunión de fortalecimiento de una propuesta para crear la Agencia Mexicana de Mares y Costas (AMMC), realizada en Ensenada el pasado martes 13 de marzo, recordó la importancia de los yacimientos de Titanio y Hierro en la costa del Pacífico bajacaliforniano.
El consultor ambiental resaltó que al estar evaluados comercialmente en miles de millones de dólares y con un potencial de explotación por hasta 200 años, los inmensos depósitos de Titanio en Colonet provocaron la avaricia de grandes políticos del país y de grupos mineros trasnacionales asociados con poderosos inversionistas mexicanos.
Por eso, dijo, es fundamental que se forme la Agencia de Mares y Costas como un órgano especializado, capaz de mediar profesionalmente en este tipo de conflictos y, de una manera objetiva e imparcial, determinar la mejor forma de aprovechar los recursos mineros ubicados mar adentro de las costas de México.
“La creación de una Agencia Mexicana de Mares y Costas (AMMC) como la que impulsa el Senado de la República, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el CICESE (Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada) puede ayudar a resolver esta y otras disputas que se pueden dar en temas tan controversiales como el de Punta Colonet”, dijo.
Para el científico, la agencia tendría en su poder una serie de investigaciones, de bases de datos, de información “fuerte” y objetiva, que le permitiría ser el árbitro técnico a través de peritajes especializados “ciento por ciento creíbles, alejados de otro tipo de intereses”.
Y resaltó: “Imagine a la agencia investigando, regulando, poniendo fin a las peleas entre instituciones diciendo: señores, por favor, necesitamos empleos, necesitamos riqueza y aquí estamos llenos de Titanio y de Hierro. Es absurdo estar peleando por esto”.
-¿Qué tan importante es, comercialmente hablando, el yacimiento de Punta Colonet?
-Se sabe que el yacimiento de Titanio es de 15 kilómetros de extensión, pero en la plataforma en Baja California se habla de 150 kilómetros. Empieza delante de la bahía de Colonet y se va hacia el Sur y el Norte, muy cerca de la bahía de Ensenada. Y hay riqueza explotable todavía rentable.
El Grupo Minero Lobos, que representa Gabriel Chávez Aguirre y que sostiene una larga disputa jurídica por hacer valer la concesión minera que la Secretaría de Economía le otorgó en septiembre del 2005 para luego rescindirla por los intereses económicos y políticos que se concentraron en Colonet, en donde consorcios trasnacionales desean construir un megapuerto comercial, identificó así la importancia del sitio:
En 2006 el grupo presentó al gobierno federal, incluida la Presidencia de la República, un proyecto integral de desarrollo industrial en Colonet.
Esto para aprovechar su potencial minero como detonador económico “y en el contexto de materia prima para la integración de cadenas productivas”.
En el Manifiesto de Impacto Ambiental que Lobos presentó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de una subsidiaria -BC Puerto Enterprise, asociada en un 50 por ciento con el gigante portuario estadunidense Stevedoring Services of America (SSA)-, se afirma que el potencial de la mina asciende a 700 millones de toneladas de fierro y 300 millones de toneladas de Titanio.
También informa que el valor del depósito minero tiene un potencial estimado en 60 mil millones de dólares para un periodo de aprovechamiento de al menos 200 años, generando una economía interna de 600 mil millones de dólares.
Asimismo, revela que la inversión inicial del proyecto integral con su socio Stevedoring Services of America, dueño en México al 100 por ciento de las concesiones portuarias de Manzanillo, Veracruz, Cozumel y Progreso, y propietario del 49 por ciento de la concesión de Acapulco, sería de mil 200 millones de dólares.
Esta primera etapa de la inversión (el total a 10 años sería de 10 mil millones de dólares) generaría 70 millones de dólares en impuestos (700 millones en 10 años), mil 500 empleos directos (15 mil en 10 años) y 10 mil indirectos.
Al respecto, el oceanólogo Pablo López dijo: “Lo cierto es que inicialmente se conocía que el banco de Titanio existía sólo tierra adentro, pero los estudios científicos, entre ellos los del Cicese, han demostrado que lo que vemos en tierra es apenas la punta del iceberg, que lo grueso del yacimiento se encuentra en el mar”.
LA MANO NEGRA
Para el consultor ambiental “hay al menos tres políticos que no han dejado a la empresa (Grupo Minero Lobos) desarrollar la mina”, por lo que incluso las dependencias del gobierno federal tienen sus propias expectativas del sitio.
“Lo que pasa –dijo López Domínguez- es que al no existir nada en nuestro país que regule (legalmente) la concesión de un yacimiento minero dentro del mar, todas las dependencias federales interpretan a su antojo” y los políticos de altos vuelos hacen de las suyas.
Uno de esos políticos es el ex gobernador de Baja California, ex comisionado fronterizo en el gobierno de Vicente Fox y actual aspirante al Senado por el Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Ruffo Appel.
Gabriel Chávez reveló que fue hasta el 2005, en que Grupo Minero Lobos se interesó en explotar el yacimiento de Titanio –“luego de una disputa con otra compañía minera de la cual Ernesto Ruffo es socio”-, cuando el gobierno federal hizo modificaciones a la Ley Minera para concesionar los depósitos mineros en la plataforma continental del país.
De acuerdo con López Domínguez, esta regulación sólo legaliza las concesiones, no los impactos ambientales, los permisos, los cambios de uso de suelo y la obtención de licencias.
“Y es ahí donde todas las dependencias de gobierno empezaron a intervenir con intereses propios, con terceros o gente ajena a la minería, y empezaron a trabar todo”, apuntó.
Lo cierto es -agregó- que los litigios jurídicos por la posesión del yacimiento están vigentes, en un constante “estira y afloja” que impide explotar ese enorme filón minero y que frenan otras inversiones frente a las costas de Colima y Chiapas, en donde existen grandes depósitos de acero para los cuales la autoridad federal no encuentra una forma que permita su explotación legal y armoniosa.
“Definitivamente falta voluntad política y madurez para entender a cabalidad el concepto de desarrollo social sobre el interés particular. Con esto, el problema se resolvería, no con litigios, pero hoy sabemos que el caso Colonet está por llegar a la SCJN luego de largos años de disputa legal”.
LA CONTROVERSIA
Esta perspectiva de López Domínguez choca con la versión que, en septiembre de 2007, proporcionó el entonces coordinador general de Minería de la Secretaría de Economía, Norberto Roque Díaz de León, en el sentido de que la concesión al Grupo Minero Lobos estaba revocada.
El motivo principal de la cancelación de la concesión, explicó entonces el funcionario federal, fue que la empresa no obtuvo los permisos en materia ecológica de la SEMARNAT.
Sin embargo, Díaz de León reconoció que no existía un tiempo específico para anular la concesión, “pero lo que sí puedo decir es que está perfectamente sustentado el proceso de cancelación”.
Años más tarde –marzo de 2010-, el licenciado en Derecho Gerardo Sánchez Henkel, entonces titular de Asuntos jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que el Tercer Tribunal Colegiado de Mexicali resolvió que el grupo de Chávez Aguirre “no tiene ningún interés jurídico” en el desarrollo portuario de Colonet, por lo que su proyecto no se podía desarrollar.
Meses después, Gabriel Chávez dijo que las acciones del gobierno de Felipe Calderón en contra del grupo lo dejaban “en total indefensión jurídica”, por lo que recurriría incluso a instancias internacionales en busca de justicia.
-¿Han tratado el tema directamente con Felipe Calderón?
-Sí. Él ya sabe y lo conoce. No hemos estado directamente con él, pero sí con gente que él ha señalado para atender esto; específicamente con el doctor Ibarra, que es el director de Infraestructura Tipo A de la SCT. Con él hemos platicado en Los Pinos.
Pero debo decir que la dinámica hacia dentro de la Coordinación de Puertos (de la SCT) es una, en Semarnat es otra, en Economía es otra y en Los Pinos otra. Para la SCT Colonet únicamente es puerto; para Economía, ellos ya cumplieron su acto jurídico y no quieren tocar el tema del puerto; para Los Pinos es un proyecto político y social de gran impacto, que tiene que ver con la generación de empleos y con las cadenas productivas. Ellos no ven más.
–¿Cree que la Presidencia de la República resolverá conflicto?
-Tengo esa confianza totalmente. No hay duda que esto se resolverá con una decisión política del Presidente. De hecho, está en su escritorio en espera de resolución.
-¿Y qué pasa si el gobierno federal decide no resolverlo?
-La Ley de Bienes Nacionales prevé el rescate de las concesiones federales que se considere necesario revocar. En el caso de la Minería hay un reglamento específico pero no contempla la figura del rescate, no existe y le voy a explicar las razones:
La Ley de Bienes Nacionales se puede aplicar en el rescate de un inmueble, que puede ser una escuela, una oficina de gobierno que se concesionó a un particular, una iglesia, pero no de una concesión minera. Por ejemplo, Hacienda no va a revocar una concesión de banco porque éste se considera estratégico. Tampoco vas a revocar la concesión de una planta energética por la inversión que ésta representa y porque es estratégica. Lo mismo sucede en la Minería.
Es cierto que muchas minas nunca llegan a producir, o pasan muchos años para que puedan hacerlo. Tenemos el caso de la mina El Arco, del Grupo México, en el Paralelo 28 de la península (de Baja California). Grupo México es el productor número cuatro de cobre en el mundo. Probablemente tarden muchísimos años antes de llegar a producir en El Arco, pero no puede llegar el gobierno y decir: Te quito esas reservas. ¿Cómo quedaría la cuestión económica, la cuestión internacional y legal?
-¿La cancelación de la concesión a Grupo Minero Lobos viola el Estado de Derecho en México?
-Completamente. Y por supuesto estamos dispuestos a entrar a un litigio en tribunales internacionales. Implicaría una serie de responsabilidades y procesos. En materia de Minería, hay un reglamento muy claro y específico. Es como un contrato de adhesión: tú te apegas a ese contrato y el Estado te garantiza. Mientras tú cumplas no tienen por qué revocarte nada. La minería incluso tiene un factor de utilidad pública, que no necesitas probarlo y que está por encima de cualquier otra actividad.
¿HISTORIA SIN FIN?
En junio del 2006, Gabriel Chávez solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la concesión de una terminal portuaria de altura y cabotaje con instalaciones y prestación de servicios comerciales, industriales y turísticos de carácter particular sobre bienes de dominio público de la federación.
En su petición el empresario bajacaliforniano indicó que el 11 de agosto del 2005 la Secretaría de Economía le otorgó a él, a Sergio Saucedo Martínez y Adolfo Rodríguez Haros, socios en BC Puerto Enterprise, una concesión de exploración y explotación minera (Magnetita y Titanio) bajo título minero número 225262 denominado Lobo 32, registrado en el acta 322, a foja 161, volumen 351 del Registro Público de Minería.
En apoyo a la concesión minera, la empresa celebró una alianza estratégica con Stevedoring Services of America (SSA) México, S. A. de C. V., mediante un acuerdo mercantil en donde ambas compañías deciden participar con el 50 por ciento de las acciones de BC Puerto Enterprise.
SSA es un consorcio trasnacional con oficina matriz en Seattle, Washington. A través de su filial SSA México, participa en la privatización del Sistema Portuario Nacional desde 1995, en donde maneja cinco puertos mexicanos además de ser la operadora de terminales marítimas y ferroviarias más grandes de Estados Unidos y el Hemisferio Occidental.
Entre los servicios que presta a sus clientes están los de estiba; construcción, mantenimiento y administración de terminales marítimas y ferroviarias; consultoría; servicios en terminales de ferrocarril y camiones de carga.
Realiza 150 operaciones a nivel mundial, incluyendo Panamá, México, Chile, Sudáfrica, Nueva Zelanda e Irak, y posee 48 terminales de ferrocarril en Estados Unidos.
Tan sólo en el año 2004 movió 7.9 millones de contenedores (Teus) en tráfico marítimo; 10.6 millones de Teus de ferrocarril; 30.4 millones de toneladas en transborde de carga y 40 millones de toneladas de carga a granel y general.
Opera más asociaciones con líneas navieras que cualquier otro competidor mundial y está presente en cuatro nuevas terminales en construcción con una inversión de mil millones de dólares.
Además da empleo a más de 10 mil personas en el planeta, lo que la sitúa como el mayor patrón en puertos y mano de obra en terminales ferroviarias de los Estados Unidos, y opera en todos los puertos de Estados Unidos, excepto Nueva York, Nueva Jersey, Baltimore y Boston, y opera la expansión de los puertos de Long Beach, Oakland y Seattle.
Es dueña al 100 por ciento de la concesión portuaria en Manzanillo, Veracruz, Cozumel y Progreso, y propietaria del 49 por ciento de la concesión de la Api en Acapulco.
Esta currícula no impresionó a la SCT, quien al publicar el Decreto de habilitación del megapuerto de Bahía Colonet provocó que SSA y sus socios mexicanos tramitaran juicios de amparo indirecto (expedientes 429/2006 y 430/2006) ante el Juzgado Décimoprimero de Distrito con sede en Ensenada, para impugnar el régimen de navegación de altura y cabotaje que la federación dio al puerto de Colonet.
El 26 de octubre del 2006 Chávez presentó un escrito de oposición a la creación del puerto que ocuparía dos mil 769.72 hectáreas integradas en agua de mar territorial (dos mil 686.55 hectáreas) y en zona federal marítimo terrestre (83.16 hectáreas), colindantes a su concesión.
El entonces director general de Puertos, licenciado Ángel González Rura, contestó el 8 de noviembre del 2006 mediante oficio de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Puertos, dirigido al licenciado José Ruiz Cruz, asesor de la Oficialía Mayor de la SCT. En ese documento el gobierno federal concluyó:
1.-Que la concesión portuaria solicitada por BC Puerto Enterprise a la SCT el 26 de julio del 2006, “demuestra que la pretensión de la empresa es la de construir y explotar un puerto en Bahía Colonet y que por ello carece de sentido su oposición al anteproyecto del gobierno”
2.– Que este anteproyecto no implica la expropiación de la propiedad raíz a que aduce dicha empresa (la parcela ejidal 194 del ejido 27 de Enero), y que es imposible físicamente situar la parcela 194 en el área del recinto portuario de Bahía Colonet, el cual se integra con bienes del dominio público de la federación
3.– Que el lote Lobo 32 no impide que en el área adyacente se constituya el recinto portuario, puesto que se trata de vías generales de comunicación por agua, bajo la competencia de la SCT
4.– Que el puerto respectivo se considera de utilidad pública por ser un proyecto general de interés nacional con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Puertos y que la declaratoria federal de recinto portuario no afecta por sí misma la concesión minera de BC Puerto Enterprise
5.– Que de la concesión minera de exploración 225262, con vigencia al 11 de agosto de 2011, “es importante señalar que en el área del puerto el objeto de dicha concesión de exploración y explotación aún no se ha llevado a cabo”
6.– No existe propiedad privada alguna en el anteproyecto del megapuerto comercial, por ello la empresa de Chávez Aguirre no tiene “legitimización legal” tanto para promover su oposición al anteproyecto, como para hacer valer, a través de la vía administrativa, de la mejora regulatoria de oposición al anteproyecto
7.– Que al no obtener la suspensión definitiva reclamada por BC Puerto Enterprise en los juicios de amparo 429/2006 y 430/2006, no existe obstáculo legal para la expedición del anteproyecto portuario
A este descalabro siguió uno más: el 15 de febrero de 2007 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó, en la Gaceta Ecológica número 6, los resolutivos emitidos del 8 al 14 de febrero de 2007 en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
En la página 2 de la Gaceta se informa que la petición de la empresa BC Puerto Enterprise relativo al proyecto denominado “Terminal de Minerales, Usos Múltiples y Contenedores Punta Colonet, Baja California”, simplemente “no aplica”.
El resolutivo, no disponible en la página de Internet de la Semarnat se refiere al trámite “Recepción, Evaluación y Resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad Particular.- Modalidad. A: No incluye actividad altamente riesgosa”, que Chávez Aguirre presentó a la DGIRA el 6 de noviembre de 2006.
Identificado con el número de referencia 02BC2006V0014, el proyecto consiste en la construcción y operación de un puerto multimodal, con nueve posiciones de atraque (muelles) destinadas al apoyo de actividades comerciales e industriales.
Este proyecto se distribuiría en una superficie de mil 96.62 hectáreas, de las cuales, siete mil 971 se ubican en su parte terrestre y las mil 88.649 restantes corresponden al área marina.
Se construirían los siguientes sistemas: energía eléctrica, agua potable, aguas residuales, telefonía y comunicaciones, vialidades, vivienda y creación de un poblado de apoyo, con todos los servicios e infraestructura urbana, con la finalidad de no incrementar los posibles rezagos que, en materia de desarrollo urbano, presenten los poblados de la zona.
El 1 de febrero de 2007, dentro del plazo fijado por la Semarnat para resolver la petición del MIA, se dio la resolución negativa a BC Puerto Enterprise, una de las cinco compañías que Chávez Aguirre, Sergio Saucedo Martínez y Adolfo Rodríguez Haros crearon entre 2004 y 2006 para hacer negocio en Punta Colonet bajo el nombre “Grupo Minero Lobos”.
En el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC), Chávez, Saucedo y Rodríguez dieron de alta las siguientes empresas:
A.– B.C. Puerto Enterprise, S. A. de C. V., inscrita en la sección Comercio bajo partida 5124111 de fecha 21 de junio del año 2004.
B.– Iron Ore de México, S. A. de C. V., inscrita en la partida 5135061 del 9 de marzo del 2005. C.- Grupo Minero de Baja California, S. A. de C. V., partida 5136655, de fecha 25 de abril del 2005.
D.– Grupo Minero Lobos, S. A. de C. V., bajo partida 5158001 de fecha 13 de septiembre del 2006. E.- Colonet International, S. A. de C. V., inscrita bajo partida 5161746, con fecha 30 de noviembre del 2006.
De esta última empresa el RPPC reporta que la sociedad se constituyó el 18 de agosto de 2006 ante la fe del corredor público número 17 de la ciudad de Tijuana, fijando como su lugar de residencia la ciudad de Ensenada.
Entre sus objetivos están la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de sustancias que constituyan depósitos mineros regulados por la ley minera vigente y su reglamento. Se trata de una sociedad mercantil con una duración indefinida y un capital social de 50 mil pesos.
Grupo Minero Lobos se creó cuatro días después, ante la fe del mismo corredor público 17 de Tijuana. Con 99 años de duración y 50 mil pesos de capital, la sociedad fijó como objetivo, entre otros, la adquisición por cesión o por cualquier título legal de toda clase de concesiones y derechos, sobre fondos mineros y plantas de beneficio.
Los accionistas son Adolfo Rodríguez Haros (también conocido con el apellido Haro), con 25 mil pesos y cargo de gerente general, y Gabriel Chávez con el mismo capital y cargo de administrador único, llevando nuevamente como comisario a Humberto García.
Grupo Minero de Baja California se formó el 8 de febrero de 2005. Agregó como objetivo el de celebrar toda clase de contratos de exploración y explotación minera y de arrendamiento de plantas de beneficio.
Iron Ore de México se integró el 27 de diciembre del 2004 en la ciudad de Ensenada, incorporando los mismos objetivos que las tres empresas anteriores.
Con 99 años de duración, su capital social de 50 mil pesos se repartió de la siguiente forma: Gabriel Chávez, 42 mil pesos, y Adolfo Rodríguez (administrador único), ocho mil.
Finalmente, B.C. Puerto Enterprise nació en la notaría pública 1 de Ensenada el 25 de mayo de 2004. Sus objetivos son: 1.- La compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, asesoría, representación y/o administración, la intermediación y en general, la celebración de todo tipo de operación para adquirir o enajenar, bajo cualquier título permitido por la ley, la propiedad posesión, o cualquier otro derecho, incluyendo el fideicomiso, sobre toda clase de bienes inmuebles, ya sea para uso habitacional, comercial, industrial, agrícola, turístico o de cualquier otra índole.
Estas empresas han intercambiado acciones para consolidar sus objetivos. Uno de estos movimientos se registró el 11 de marzo del 2005 cuando Gabriel Chávez vendió 69 de sus acciones en Iron Ore y las repartió entre B.C. Puerto Enterprise, Michael Field, Daniel Ken Sieu y Alexander George Wilson.
Adolfo Rodríguez Haros, otro socio de Chávez, es accionista y administrador único de la Cooperativa Rutilo de B.C., S. C. de R. L. de C. V., creada en marzo del 2003.
Rodríguez sostuvo un conflicto legal con Vicente Huerta Acosta, ex funcionario federal en el gobierno de Vicente Fox Quesada, socio de Ernesto Ruffo Appel en otros predios mineros de Colonet en donde también hay yacimientos de Titanio, y ex comisionado de Vigilancia en la cooperativa minera.
En marzo de 2005, el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia en Ensenada determinó que Huerta y Ruffo Appel eran los dueños legítimos de un predio, conocido como “Lobo 4”, de 280 hectáreas de superficie, que en Colonet se disputaban con la Sociedad Cooperativa Rutilo.
Este asunto forma parte de los 25 juicios que Grupo Minero Lobos sostiene en diversos juzgados federales para hacer valer sus derechos en una batalla legal que en breve llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que está por concluir el sexenio de Felipe Calderón sin que tampoco se construyera el megapuerto comercial, obra de infraestructura que con una inversión privada de 12 mil millones de dólares iba a ser la más importante del actual gobierno federal.
El Titanio fue descubierto, en 1791, en arena férrica con Titanio, como dióxido, por el sacerdote inglés W. Gregor, en un valle de Manaccan, en Cornualles, Inglaterra, y recibió el nombre de su lugar de descubrimiento: Manacannit.
Se utiliza en la elaboración de prótesis y otros implementos médicos, así como en la aeronáutica espacial, en la química y en la industria de la construcción.
Odontológicamente desplaza al oro en coronas y puentes dentales, y las prótesis de Titanio se aplican con éxito en válvulas cardíacas, articulaciones de cadera y rodilla, así como en implantes médico-dentales y ortodoncias.
También es un mineral usado por la industria militar de defensa y el dióxido de Titanio tiene mucha utilidad en la industria de la cerámica y pinturas.
Su precio internacional se triplicó en los últimos cinco años al pasar de siete dólares la libra (453.5 gramos) a 22 dólares en 2011, en tanto que una tonelada de hierro tenía en 2011 un precio en el mercado internacional que osciló entre los 225 a los 270 dólares americanos.
Según información de la Secretaría de Economía, “el tratamiento posexplotación del hierro permite que por una tonelada de hierro que se extrae se obtengan 200 libras de Titanio”.
Si una libra de este mineral se vende en 20 o 22 dólares, las 200 libras de Titanio pueden representar entre cuatro mil y cuatro mil 400 dólares.
Dicho de otra forma, un kilogramo de Titanio valía 48.50 dólares en 2011. Es decir una tonelada de Titanio costó ese mismo año 48 mil 500 dólares.
Esas son las cifras que realmente están detrás de la confrontación minera en Punta Colonet.
