El Gobierno federal está crispado. Encerrado en sí mismo. Sordo ante críticas y autocomplaciente ante inocuos avances. Envuelto en su mundo. El enojo ante la crítica lo coloca como un gobierno antidemocrático, porque la crítica y el disenso son fundamentales en cualquier sistema democrático. Sin embargo, en México la intención del Gobierno federal es desterrar la crítica, alejarse del diálogo y someter a todos a una narrativa falsa, inexacta y tendenciosa que busca no solo no arreglar los problemas serios que tiene el país, sino desconocerlos.

En el 2000 uno de los primeros actos de Vicente Fox fue el firmar un convenio de colaboración y sede con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y lanzar una invitación permanente a los mecanismos especiales internacionales de derechos humanos (de la Organización de Estados Americanos y ONU) para que visiten México y hagan informes especiales. La administración de Fox supo que abrirse al escrutinio internacional provocaba un cambio de actitud en el gobierno y ayudaba a cimentar un cambio real que buscaba alejarse del autoritarismo priista que tenía a México cerrado ante los ojos internacionales.

Desde ese año decenas de relatores especiales y grupos de trabajo internacionales han venido a México y gozado de plena libertad para hacer su trabajo. Eso ha cambiado. La administración de Peña ha adoptado un doble discurso. Por un lado invita a visitar México (no se quiere ver mal ante el mundo por su papel internacional) y por el otro lado ataca y sanciona sin razón el contenido de los informes cada vez más críticos de la comunidad internacional.

Es una vergüenza la respuesta del gobierno mexicano en relación con el informe de la visita que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México el año pasado.

El ridículo del gobierno de México fue a través de un comunicado que critica el “sesgo” y las “conclusiones sin fundamento” de la Comisión. “El informe”, señala el comunicado, “no refleja la situación general del país”. Continúa diciendo: “La CIDH se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas”, dice la respuesta conjunta de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría y la Cancillería. En su comunicación el gobierno considera que México ha desarrollado “un marco jurídico sólido” contra las violaciones de derechos humanos y reivindica las medidas como la Fiscalía de Búsqueda de Desaparecidos, la Ley de Víctimas, el Mecanismo para la Protección de Periodistas o el apoyo a migrantes.

Sin embargo, la CIDH “constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una simulación“.

No podemos negar que ha habido avances legislativos para proteger los derechos humanos. Lo que resulta curioso es que se avanza en leyes en un país dónde las leyes difícilmente se aplican. He ahí la contradicción. La CIDH en su informe jamás niega dichos avances legislativos pero sí hace señalamientos como “México vive una grave crisis de violencia e impunidad”. La cerrazón del gobierno hizo que en su respuesta se atrevieran a afirmar que en México no se vive una grave crisis de derechos humanos. Es en esa actitud obtusa de dónde se puede deducir que esta administración ni siquiera reconoce los grave problemas que se viven en las calles del país. Se podría hacer una lista enorme para sustentar el dicho de que México vive una crisis de derechos humanos, pero el espacio de esta columna no sería suficiente. Supongo que para Roberto Campa, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación –quién se ha convertido en el guardián y vocero contestatario, los niveles de impunidad, violencia, pobreza para los barones gubernamentales es normal. O, más bien, su narrativa los normaliza. Porque para ellos hay que hacer política antes que defender derechos humanos.

La CIDH señala que durante el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país. Como respuesta al incremento de la violencia, las autoridades han optado por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales”, expone. Ante dichos señalamientos la Cancillería simplemente se limitó a la retórica política de denostar a la CIDH y reafirmar el supuesto compromiso de la actual administración con los derechos humanos. Dichos y más dichos.

La política gubernamental hacia la cooperación internacional ha cambiado y nos debemos de hacer cargo de ello. No está cambiando, no son casos aislados, ya cambió. El incoherente discurso de apertura y al mismo tiempo de ataque debe de orientarnos para llevar acabo una estrategia de mayor trabajo y cooperación –desde academia, medios independientes y sociedad civil- con la comunidad internacional. Debe ser en automático el enviar información sustentada y verificada a los mecanismos de derechos humanos internacionales para dar cuenta de la realidad de nuestro país. Presentarse ante foros internaciones para denunciar los ignominiosos niveles de impunidad y violaciones a derechos humanos debe ser una tarea continua. Los aliados –ante la cerrazón gubernamental- de la comunidad internacional debe de ser la sociedad civil. Si no, este gobierno nos llevará al más oscuro pasado.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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