La corrupción tiene múltiples dimensiones: administrativa, institucional, jurídica, política, económica, moral y, aunque algunos lo nieguen, también cultural. Las pocas pero sonadas ocasiones en que el presidente Peña ha señalado que la corrupción está asociada a la cultura, el linchamiento ha sido prácticamente unánime. Sin embargo, si se analiza el texto como tal, independientemente de intencionalidades y contextos, es cierto: la corrupción es, entre otras cosas, cultural, pues emerge en parte de las orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas de los sujetos hacia la actividad política, es decir, de la cultura política.

Como ejemplo del carácter cultural de la corrupción, valga el mensaje del propio Presidente con motivo del nombramiento de su incondicional Virgilio Andrade como nuevo secretario de la Función Pública. Después de instruir al flamante secretario a investigar los conflictos de interés en que presuntamente incurrieron la Primera Dama, el secretario de Hacienda y él mismo al hacer negocios con la constructora Higa, el mandatario reprochó a los periodistas su silencio: “Ya sé que no aplauden”, les espetó.

A la base de tal reclamo está una cultura política en la que el solo hecho de anunciar que se combatirá la corrupción, así sea tímidamente, merece aplausos y que no recibirlos justifica reproches. La corrupción carcome las instituciones del país en buena medida porque quienes están legalmente obligados a combatirla, no se consideran mandatados a ello, sino más bien exhortados y que, en caso de acudir al exhorto, merecen las palmas del respetable.

Según la definición clásica de Almond y Verba, la cultura política son “las pautas de orientación hacia la acción política”. A decir de estos autores, la cultura política, en tanto orientación general, presenta tres orientaciones específicas: cognitiva –conocimientos, creencias–, afectiva –sentimientos, emociones– y evaluativa –juicios, opiniones.

Cabe una aclaración: que la corrupción sea cultural no significa que se trate de un problema menor, ni que linde en lo irremediable, ni que, por ser tal, no pueda ser también institucional, por ejemplo. Dicho de otra manera, que el Presidente le haya restado importancia a la corrupción cuando la calificó como cultural, no implica que el calificativo “cultural” implique, de suyo, menor gravedad, asumir a la corrupción como destino inexorable o tildar de inútiles las soluciones institucionales. La corrupción es cultural simple y llanamente porque surge, en alguna medida, de las pautas con que millones de mexicanos se orientan hacia la política.

Desde el punto de vista cognitivo, detrás de la frase del Presidente hay una convicción: dar muestras de que se combatirá la corrupción merece ovaciones. Una convicción así conduce, cuando menos, a demandar el aplauso fácil, como lo hizo el Presidente, pero lo más grave es que deja el espacio abierto a la impunidad, en tanto no se reconoce la aplicación de la ley como un imperativo, sino como una mera opción deseable que, de ser efectivamente elegida por alguien, convierte a este alguien en merecedor del reconocimiento del público.

En cuanto al plano afectivo, el reclamo del Presidente muestra decepción ante el escepticismo de los periodistas. En la mentalidad presidencial, no aplaudir el nombramiento de un nuevo secretario de la Función Pública, tras múltiples escándalos de presunta corrupción, justifica reproches. Importa poco si, como es el caso, el nuevo funcionario no cumple siquiera con el mínimo indispensable de autonomía para dar pie a la simulación.

La corrupción también está articulada con la cultura política en la medida en que esta determina cómo se evalúa aquella y qué opinión se tiene sobre las estrategias anticorrupción. La cultura de cada cual define, por ejemplo, si se concibe el combate a la corrupción como una de las primeras obligaciones de cualquier administración o como un objetivo a impulsar solo hasta que se tiene el agua al cuello.

La corrupción y la eficacia –o ineficacia– de su combate están relacionadas con conocimientos, creencias, sentimientos, opiniones. Cambiar estos elementos mediante la educación, por ejemplo, es indispensable, aunque los efectos de esta solución son de largo plazo. En cambio, construir y gestionar instituciones que remodelen los comportamientos hacia la corrupción, a partir de premios y castigos, tiene consecuencias mucho más de corto plazo. De ahí la centralidad de una nueva arquitectura institucional que combata la corrupción con mejores instrumentos, tan solo porque lo mandata la ley, no en busca del aplauso fácil.

@GermanPetersenC 

Germán Petersen Cortés

https://www.sinembargo.mx/author/germanpetersen

Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. En 2007 ganó el Certamen nacional juvenil de ensayo político, convocado por el Senado. Ha participado en proyectos de investigación en ITESO, CIESAS, El Colegio de Jalisco y El Colegio de México. Ha impartido conferencias en México, Colombia y Estados Unidos. Ensayos de su autoría han aparecido en Nexos, Replicante y Este País. Ha publicado artículos académicos en revistas de México, Argentina y España, además de haber escrito, solo o en coautoría, seis capítulos de libros y haber sido editor o coeditor de tres libros sobre calidad de vida.

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