La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, tuvo que salir al quite.
Después de que el Gobierno de Estados Unidos emitiera la alerta sobre la visita a 18 estados de México, Espinosa tuvo que hablar.
“Cada nación es libre de tomar decisiones”, dijo. A la vez, destacó los esfuerzos “titánicos para brindar seguridad a los mexicanos”.
El Gobierno de Barack Obama renovó esta semana su alerta de viaje a México por los “serios problemas” de violencia y crimen organizado que vive el país, por lo que se ha elevado, según ellos, el número de ciudadanos estadounidenses asesinados en su territorio.
“El crimen y la violencia son problemas serios en todo el país, y pueden ocurrir en cualquier parte”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado, que reemplaza la alerta emitida el 22 de abril de 2011.
El número de ciudadanos estadounidenses asesinados en el país ha aumentado a más del triple en cuatro años, de los 35 registrados en 2007 a los 120 contabilizados este año, según las cifras del país del norte.
La secretaria se refirió a los esfuerzos titánicos para brindar la seguridad a los mexicanos. Lo cual no se duda, pero lo cierto es que eso no ha sido suficiente ni para que los mexicanos nos sintamos del todo seguros, ni para que los estadounidenses decidan hacer turismo en nuestro país. Aún con el millón de visitantes que tuvo México el año pasado, la percepción, sentimiento e información que prevalecen es la de una batalla no ganada que simula una guerra civil en el país.
60 mil es la cifra de muertos de la que se habla ya en el país. Aparecen narco fosas con 10, 15, 20 personas. Migrantes de Centro y Sudamérica son extorsionados, violentados o ejecutados al pasar por nuestro país en su camino hacia Estados Unidos.
Incluso, el mismo Departamento de Estado señala como a pesar de dichos esfuerzos realizados por el Gobierno mexicano para intensificar el combate al crimen organizado, se tiene el registro de 12 mil 903 personas asesinadas en los primeros nueve meses de 2011 en crímenes relacionados con la narcoviolencia.
El Gobierno estadounidense ha puesto especial énfasis en no viajar a Tamaulipas, Coahuila, Durango y Chihuahua. Además, de que alerta contra viajar a gran parte del territorio de los estados de Zacatecas, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Aguascalientes y Nuevo León; y recomienda ejercer la prudencia en Colima, Morelos y Veracruz. Contabilizado así, a Estados Unidos le preocupa la violencia generada en más del 50 por ciento del país y resalta “el número creciente de secuestros y desapariciones en todo México”, que ha afectado “tanto a las comunidades locales como a las expatriadas”, que ha implicado en ocasiones a policías mexicanos.
“Aconsejamos rotundamente que mantengas un perfil bajo y evites demostrar cualquier señal de riqueza que pueda atraer la atención”, dice el comunicado.
Los secuestros y robos en plena carretera son “problemas muy serios” en muchas partes del área fronteriza, y varios ciudadanos estadounidenses han sido asesinados en este tipo de accidentes, advierte.
Y tienen razón. Cada vez sabemos de más y más casos donde la gente no puede cruzar por nuestras carreteras. Donde hemos cambiado hábitos de viaje o donde los zetas, narcos o cualquier vándalo se equivoca y dispara porque alguien tiene una camioneta oscura.
Sin embargo, sigo pensando que esta alerta no tiene ningún sentido. No es que no haya mexicanos o estadounidenses atacados. No es que no haya secuestros y violencia en las carreteras del país. Si no que cuando se trata de los reclamos contra medidas realizadas por los mismos Estados Unidos nos hemos quedado callados.
No es la primera alerta. Ha habido alertas a los jóvenes para que no vengan a playas como Cancún para celebrar sus vacaciones (Spring break), a inversionistas para que se cuiden y no “demuestren riquezas”, a los turistas para que no anden solos y en la noche en las carreteras.
Nos asusta la idea de que pongan una alerta que puede afectar el turismo, excelente fuente de ingreso para cualquier país. Nos asusta que se diga que estamos mal, pero son ellos mismos, a través de sus autoridades, que los estadounidenses han contribuido a esta lacra.
Por un lado, tenemos el primer país consumidor de drogas como mercado pasando el Río Bravo, pero la autoridad que se supone es nuestro aliado para combatir el narcotráfico es el mismo que, por varios errores, hace operativos que hacen circular armas y dinero lavado en nuestro país. Estados Unidos ha armado a grupos de narcotraficantes a través de sus operativos “Rápido y Furioso” o “Receptor Abierto”. ¿Por qué ellos pueden alertar sobre algo en lo que han contribuido y nosotros seguimos sin responder?
No se trata de salir al paso y argumentar solamente a favor de la lucha contra el narcotráfico, sino de hacer los reclamos formales sobre la responsabilidad que ellos mismos tienen sobre la situación que no sólo los estadounidenses viven en el país cuando vienen de visita. ¿Qué tal los mexicanos que vivimos estas tierras todos los días?
¿No deberíamos poner también nosotros una alerta en contra de nuestro supuesto aliado a quien sus operativos no le salen? O a lo mejor le salen mejor de lo que nosotros pensamos, pero ni lo reclamamos, ni lo anotamos como parte del problema. Es verdad que el presidente Felipe Calderón sostiene que son desde las armerías estadounidenses que se arman grupos criminales, pero nunca habla de operativos oficiales que tienen el mismo y hasta peor resultado que una armería que vende armas a narcotraficantes en Arizona.
Ha sido hasta repetitivo este tema en varias columnas, pero pareciera que el silencio permanece sobre el tema de los operativos y que no hay nada que hacer, más que asegurar que se están haciendo esfuerzos titánicos en lo que ocurre en nuestro país. Pero ¿qué pasa en el otro? ¿No es que acaso es una relación bilateral que busca resolver también de manera bilateral?
