En estos días aciagos para nuestra patria, quienes colaboramos regularmente en algún medio (impreso o digital) hemos logrado formar una corriente de opinión a favor del estado de derecho que los usuarios jóvenes de las redes sociales han radicalizado, a la par de otros discursos, hasta llegar a la consigna de “renuncia Peña Nieto”.
El motivo de la escalada deriva de las acciones del presidente de la República en respuesta a los hechos recientes, que se presentan como presagios ominosos. Tras una docena de días en silencio después del crimen de Iguala, considerar que disentir de su modelo de país es subvertir la paz; responsabilizar de la tragedia sólo a las fuerzas municipales de Iguala y Cocula y diseñar planes para combatir la corrupción de las entidades locales absolviendo de inicio a la autoridad estatal y federal.
Finalmente, dar por cerrado el caso e invitar a los mexicanos a superar la tragedia y ver hacia adelante (queda sin mencionar el arranque de ira a causa de las denuncias por la compra de la Casa Blanca y sus relaciones con Grupo Higa).
Este último mensaje, que clausuró el caso Ayotzinapa en el nivel ejecutivo, es preocupante: “superémoslo y vayamos adelante”. Darle la espalda a la crisis que vive México como si no hubiera pasado nada es darles carta blanca a funcionarios de los altos niveles de Gobierno para que continúen con su régimen de impunidad e ilegalidad.
Como parte de la comunidad que se ha formado en torno a los editorialistas, y mediante una sintonía reflexiva, mesurada y enérgica, insisto que se debe recuperar la vida tranquila y civilizada bajo un auténtico Estado de Derecho. Todos coincidimos en que se debe caminar hacia un país de leyes, transparente y que combata de forma frontal a la corrupción pues está claro que, como las escaleras, se debe barrer de arriba hacia abajo.
Esta postura lleva a catalogar como hecho imperdonable que uno de los jóvenes desaparecidos haya sido asesinado porque reúne todas las evidencias de la ejecución extrajudicial, una de las violaciones de Derechos Humanos de mayor envergadura, considerada un crimen de magnitud internacional, imprescriptible y que sólo sucede en los países barbaros.
Aunque es sólo un caso comprobado, queda por demostrada la existencia del crimen (identificada en el mundo del derecho penal como el cuerpo del delito) y la existencia de una grave afectación del derecho. Lo que debe seguir es una investigación exhaustiva hasta dar con los responsables, procesarlos como presuntos inocentes y al final del juicio y comprobada su responsabilidad, penarlos como culpables.
No sabemos si renunciará o no Peña Nieto, ni si se localizará con vida a alguna de las víctimas actualmente desaparecidas; no sabemos quién se beneficia con la crisis que enfrenta el país pero, sea quien sea el presidente de la República, la obligación de encontrar y castigar a los culpables de lo que ha sucedido en estos días es una obligación ineludible.
Por esto y ante el cuerpo del delito, invito a levantar una reclamación común, justificada e indispensable para seguir viviendo con esperanzas en este país: Castigo para todos los responsables, sean materiales, intelectuales, encubridores, cómplices, asociados y conspiradores (por comisión o por omisión).
