México, 9 Nov. (Notimex).- Los presidentes de las Cortes Supremas y Regionales que se reunieron en la Ciudad de México acordaron poner en marcha medidas que protejan de mejor manera los derechos humanos, en especial de los grupos vulnerables.
Al presentar las conclusiones de la Asamblea Plenaria de la Cumbre de Cortes Supremas y Constitucionales y Regionales, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, indicó que se aprobó “hacer realidad la protección de los derechos humanos” y fortalecer los régimenes democráticos.
Durante la clausura de los trabajos de esta reunión, el ministro subrayó que los tribunales superiores de cuatro continentes se comprometieron a coordinar esfuerzos para consolidar a las instituciones judiciales, para reforzar y potenciar la protección de las garantías fundamentales.
Entre los puntos en los que los representantes de las Cortes Supremas lograron un mayor consenso está desarrollar jurisprudencias en sus sistemas legales, acordes con la incorporación de los derechos humanos en el escenario internacional, y en el marco de sus respectivas competencias.
Además coincidieron en que existe una clara tendencia para favorecer a través de los fallos la protección a grupos en situación de vulnerabilidad, respetuosa de su identidad cultural y del pluralismo jurídico que las caracteriza.
Asimismo los magistrados reunidos convinieron en que los tribunales deben compartir sus criterios, prácticas, sentencias o resoluciones, cuando hayan tomado en cuenta estándares internacionales en materia de derechos humanos.
En este sentido, Silva Meza comentó que los 29 países apoyaron la propuesta de intensificar un diálogo jurisdiccional en torno a sus distintas experiencias sobre la proliferación de criterios interpretativos, para armonizar el derecho nacional con el internacional.
De igual manera, afirmó que los participantes acogieron el ofrecimiento de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos para utilizar las herramientas con que cuenta, con el objeto de elaborar parámetros comunes para facilitar el intercambio de acciones jurisdiccionales en la materia.
