El desequilibrio en las finanzas en el Gobierno del Estado es tal, que en 2019 no se realizará una sola obra de infraestructura, se disminuirán las metas de cada secretaría, reducirán sus programas, dejarán de pagar millones en “ayudas sociales”, habrá menos apoyos a organismos civiles y no se comprará una sola patrulla, ni equipo de cómputo. Reducirán nómina, honorarios, difusión institucional, bonos y reuniones de trabajo, para poder cubrir el quebranto financiero.
Por Isaí Lara Bermúdez
Tijuana/Ciudad de México (Zeta/SinEmbargo).- Al fin, y tras años de asegurar que su gobierno maneja “finanzas sanas”, el Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, firmó un documento en el que ordena a sus secretarios y operadores del presupuesto estatal, reducir sus gastos para hacer frente a un déficit de miles de millones de pesos.
La administración panista está obligada por la Ley de Disciplina Financiera (decretada en 2016) a liquidar sus deudas de corto plazo al menos tres meses antes de concluir su administración. De no hacerlo, incurriría en una falta que incluso generaría una conducta penal y se vería obligado, tanto como su secretario de finanzas, a pagar el daño patrimonial.
Con el número 0075/234/34, el oficio despachado de la oficina del Gobernador el 20 de julio, está dirigido a los “titulares de las dependencias y entidades paraestatales” con el fin de instruirles las “medidas de ajuste y contención” que deberán aplicar para planear el presupuesto del año que viene.
Aunque el asunto de este oficio (arranque proceso de planeación) se gira cada año para iniciar el proyecto del presupuesto, ninguno ha sido como éste. Primero, porque admite un desequilibrio financiero y un déficit a liquidar antes de concluir su administración; segundo porque se ordena reducir por lo menos el 25 por ciento de prepuesto total de cada secretaría.
Además de ordenar reducir metas y programas, cancelar el presupuesto para obras, adquisiciones de equipamiento como vehículos o computadoras, reducir las ayudas sociales, entre otras partidas; y por último, que por primera vez este oficio no lo firma el secretario de Planeación y Finanzas, sino el propio Gobernador del Estado.
LA ORDEN DE “KIKO”: RASURAR PRESUPUESTO
A pesar que el oficio es de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el documento firmado por “Kiko” Vega describe que “este proceso presupuestario” tiene “una mayor trascendencia toda vez que se trata del último año de gestión estatal, por lo que debemos reflejar el compromiso de contribuir al equilibrio financiero en este cierre de administración, por lo que será necesario ajustar a la baja compromisos, metas y coberturas, atendiendo los techos presupuestales”.
Por ello, todos los titulares de las dependencias y las paraestatales, “se apegarán sin excepción a las siguientes consideraciones”.
Primero, “el objetivo del presupuesto para 2019 será reducir el gasto Público para preferenciar la disminución del déficit presupuestario y atender los adeudos de corto plazo”. En este inciso, el Gobernador recuerda que es para atender la Ley de Disciplina Financiera que los obliga a liquidar su deuda a corto plazo tres meses antes de dejar el cargo (Artículo 30).
El documento también refiere el Artículo 6 de la Ley, que establece que los gastos de los gobernadores “deberán contribuir a un Balance presupuestario sostenible”, lo cual se logra “cuando al final del ejercicio fiscal dicho balance sea mayor o igual a cero”. En el caso de Baja California, según la Auditoría Superior de la Federación, fue menor a 2 mil millones de pesos en 2017.
En segundo término, el Gobernador ordena a todos los titulares proyectar “una reducción general de por lo menos el 25% del presupuesto cuya fuente de Financiamiento sea Estatal o de Participación Federales, tomando como base el presupuesto Inicial autorizado en el ejercicio 2017”.
Esto significaría, considerando que el Presupuesto de Egresos 2017 de Baja California fue de 44 mil 946 millones 972 mil 237 pesos, que Vega pretende ajustar a las dependencias para pagar sus deudas de corto plazo por 11 mil 263 millones de pesos.
Es decir, este recorte equivale a tres veces el presupuesto total de Mexicali en 2018. O bien, si ese “remanente” se canalizara a la Secretaría de Salud, que tiene uno de los peores resultados a nivel nacional y sufre de desabasto en hospitales, el Gobierno del Estado podría crecer ocho veces la totalidad de su presupuesto anual (mil 413 millones de pesos).
REDUCIR PROGRAMAS, METAS Y PERSONAL
Evidentemente, el gobierno reducirá su presupuesto para 2019, pero también su operatividad y sus servicios, al dejar de contratar personal pese a tener vacantes, no trabajarán horas extra, no se hará una sola obra de infraestructura, reducirán las ayudas sociales a personas y a asociaciones civiles, entre varias medidas más.
En el caso de la plantilla de personal de las entidades paraestatales, según el oficio, la Secretaría de Planeación y Finanzas “notificará los lineamientos” para establecer “invariablemente un ajuste a la baja”.
Por ejemplo, instruye el Gobernador, “no incremento en sueldos y salarios, la congelación de contrataciones de plazas vacantes, la no contratación de nuevas plazas, el no pago de tiempo extra, salvo para las áreas de atención al público, así como la suspensión de pagos de bonos y compensaciones”
La partida de Transferencias a Entidades Paraestatales (41501), se reducirá un 15%, es decir, 2 mil 467 millones 500 mil pesos.
Eso sí, el documento en mención plantea que, pese a las reducciones, “el presupuesto debe asegurar la atención de compromisos de carácter estratégico, así como los temas prioritarios en la agenda del C. Gobernador”.
CERO OBRAS Y PATRULLAS, PERO SÍ PARA VIAJAR
En otro punto de las medidas, está el no presupuestar “para construcción de nueva infraestructura”, solamente para la conclusión de obras en proceso. En 2017 se presupuestaron mil 233 millones de pesos para nueva infraestructura.
El “C. Gobernador” también advierte en su documento que “… no se autorizarán adquisiciones de equipamiento con recursos estatales, ya sean propios y/o de participaciones federales”, esto es, no habrá un solo peso para comprar equipo de cómputo, vehículos o mobiliario para las dependencias.
De igual forma, “no se aprobará presupuesto para la remodelaciones oficinas y adquisiciones de equipamiento o mobiliario”.
En 2017, el gobierno presupuestó 19.5 millones de pesos para Adquisiciones de Equipamiento y Remodelación de Oficinas. En 2019, la partida será cancelada en su totalidad.
Cosa curiosa: las adquisiciones de equipamiento, a la que no se dará un solo centavo, en teoría serían parte del patrimonio del Estado, contrario a lo que se gasta en comidas, hospedajes y peajes para facilitar los viajes o trayectos de los funcionarios del Estado. Pues bien, para estos pagos, sólo se reducirá el 50%: de 81 en 2018, a 40.5 millones de pesos en 2019.
La instrucción del titular del Poder Ejecutivo del Estado también es reducir a la mitad la partida de Gastos de Cafetería, que en 2018 fue de casi 2 millones de pesos.
De igual forma, el Estado pretende reducir a la mitad la partida de Honorarios Asimilables a Salarios, que en 2017 se fijó en 94 millones 274 mil pesos. El gobierno contará, entonces, con la mitad del personal contratado bajo este esquema. Los gastos para Reuniones de Trabajo también serán recortados a la mitad.
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En otro punto de oficio para “planear el presupuesto de 2019”, el Gobernador instruye que se reducirá un 50% la partida de Servicios de Difusión Institucional, que en 2017 se proyectó en 94 millones 445 mil pesos, aunque en el año sufrió ampliaciones.
El detalle es que cada dependencia contaba con cierto presupuesto para servicios de difusión. En el documento, el Gobernador justifica que “para llevar un control efectivo para el caso del Sector Central, esta partida de gasto se presupuestará en el Ramo 03, por lo que ninguna dependencia podrá presupuestar este rubro”. Es decir, todo el presupuesto será para su oficina (Ramos 03).
En el plan presupuestal se restringen totalmente los Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos, al igual que los Servicios de Consultoría en Tecnología de la Información. En estas dos partidas se invertían más de 21 millones de pesos.
MENOS APOYOS SOCIALES
De acuerdo al mencionado plan el Gobernador, el Capítulo de Gasto 4000, que refiere a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, será disminuido, principalmente en las partidas 44101 (Ayudas Sociales a Personas, con 212 millones en 2018), también en la de 44103 (Otras Ayudas, con 30 millones de pesos) y la 44501 (Ayudas Sociales a Organizaciones No Gubernamentales, presupuestada en 133 millones de pesos para el presente año).
Según la instrucción, estos apoyos que no se entregarán, contribuirán “al logro del equilibrio financiero”.
Vega de la Madrid resume el impacto de su nuevo presupuesto al describir que “los puntos anteriores obligarán invariablemente a realizar ajustes en los Programas presupuestarios: tales como fusión de programas, reducir el alcance de los bienes y servicios que entregan (metas) o en caso necesario, poner en pausa programas y proyectos”.
HAY INCERTIDUMBRE POR AMLO: SECRETARIO
Entrevistado por Zeta sobre una reducción en el presupuesto del Gobierno estatal para 2019, Bladimiro Hernández Díaz, secretario de Planeación y Finanzas, justificó que se proyecta un presupuesto basado en la austeridad para enfrentar dos situaciones: la incertidumbre ante el nuevo Gobierno Federal y, precisamente, la obligación de liquidar las deudas a corto plazo.
Sobre las condiciones en que el gobierno estatal logrará pagar estos adeudos, el funcionario estatal expresó: “No hay números específicos, (pero) tenemos el propósito de enviar un presupuesto austero con alguna precaución”.
Las medidas de austeridad, argumentó, se tratan de “una serie de precauciones para alcanzar a dejar en cero el corto plazo como marca la Ley de Disciplina Financiera, hay que hacer la previsión en su caso para ir liquidándolos”.
Sin abundar más en esas medidas, Hernández Díaz refirió que en una primera instancia y antes de realizar recortes, se requiere conocer cuál será el presupuesto federal que se apruebe en la Cámara de Diputados, puesto que a partir de ello se calcula el presupuesto estatal.
“Estamos intentando hacer un presupuesto austero para 2019 de manera precautoria. El tema es fundamentalmente el cambio de Gobierno Federal, aún no tenemos noticia del paquete económico federal, que es la base con la cual iniciamos la presupuestación local”, manifestó.
De ahí que hablara de un “panorama incierto” para las finanzas estatales en 2019, el último año de la administración que encabeza “Kiko” Vega.
Sobre el paquete económico federal a aprobarse, el secretario comentó: “Tenemos que esperar como cada año, porque ahí se define una buena parte de lo que sería el presupuesto del Gobierno del Estado”.
Hernández Díaz detalló que otros años, el 8 de septiembre se presenta la propuesta de este paquete económico ante la Cámara de Diputados y la aprobación se da antes del 15 de noviembre, “pero por el cambio de gobierno, va a tardar un poco más” y, por ende, también tardará más el presupuesto estatal. No se refirió a las medidas que circularon en el oficio firmado por el Gobernador, ni cómo impactará la operación de los programas y metas de la administración.
CORRUPCIÓN Y MAL MANEJO, ALERTAN
El diputado del Partido Baja California (PBC), Jorge Eugenio Núñez Lozano, comentó respecto a la reducción presupuestal que despierta aún más sospechas respecto al manejo de las finanzas estatales.
“Es una cuestión drástica que deja dudas, qué bueno que sean austeros, pero ahora resulta que este último año van a aplicar la austeridad. Definitivamente hace ruido”, opinó.
De igual manera, señaló que esta administración se ha distinguido por su separación con la ciudadanía, “hay una obvia desconfianza por parte de los ciudadanos y grupos organizados, sobre cómo se ha gastado el dinero este gobierno. Los últimos compromisos que se han llevado a cabo de las APP (Asociaciones Público Privadas), las desaladoras, incluido este último del C5i, simplemente juntos a final de cuentas, crean una gran desconfianza de irregularidades y la sospecha de casos de corrupción”.
El legislador local destacó cómo no ha habido un gasto equilibrando, debido a que “hay muchos compromisos a mediano y largo plazo, donde habrá hasta tres o cuatro Gobernadores que les va a tocar estos compromisos. Es algo delicado”.
Por último, expuso: “Todo ello confirma esa sensación que tiene la población en todo el Estado, de un gobierno no cercano a la ciudadanía ni los sectores, y con esta falta de transparencia”.
EL FRACASADO PLAN DE AUSTERIDAD
Prácticamente cada año, el Gobierno del Estado, en voz de la oficial mayor Loreto Quintero, ha presumido un plan de austeridad aplicado por la administración panista, generando grandes ahorros a las arcas estatales.
Todavía en el marco del Quinto Informe de Gobierno, la funcionaria realizó una gira de medios en la que resaltó los logros de su mentado plan, el cual ha “eliminado” los excesos en gastos.
Como parte de su “plan”, ha alardeado la reducción de los salarios de primer en varias ocasiones, empezando por el Gobernador, y ahorros en teléfonos celulares, vehículos, viáticos, entre otros que, a decir, de la panista, han sumado 90 millones en “ahorros”.
Frente a las nuevas severas instrucciones del Gobernador, en las que la administración reducirá considerablemente su operación para salvar sus finanzas a causa de las deudas, el cacareado plan de autoridad de Loreto Quintero y las “sanas finanzas” presumidas por el Gobernador y su gabinete, quedan en el plano del discurso y la propaganda.
GOBIERNO MIENTE: JUICIO CONTRA CSi SIGUE
Luego que el Gobierno del Estado informara por medio de un comunicado de prensa que un Juez de Distrito resolvió a su favor en la demanda de amparo interpuesta por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública de los cinco municipios y del Estado en contra del C5i, el organismo ciudadano aclaró que tal información es falsa.
De entrada, el boletín que cita a Víctor Lujano Sarabia, subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal, asegura que el juez “negó la suspensión provisional dentro de la demanda” cuando ni siquiera se ha celebrado audiencia, por lo que no puede existir una resolución, aclaró Juan Manuel Hernández Niebla.
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, añadió que será hasta el 10 de octubre cuando ocurra la audiencia para conocer la respuesta de las autoridades involucradas.
Asimismo, no sólo no ha sido dictada sentencia definitiva, sino que el Juez de Amparo aún no ha presentado el estudio de fondo del amparo obligatorio por Ley.
“Dicho estudio dictaminará si las actuaciones de las autoridades responsables obedecieron y aplicaron los principios de legalidad, siendo estas omisiones el fondo del amparo, que aún no se resuelve”, subrayó Hernández Niebla.
Hace dos semanas, los organismos informaron en conferencia de prensa que como resultado de múltiples irregularidades detectadas en el proceso de licitación y en el proyecto mismo del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i), se interpondría un amparo para nulificar este proyecto que endeudará a Baja California durante diez años, con pagos trimestrales superiores a 17 millones de pesos a la empresa Seguritech.
En el boletín reproducido por algunos medios de comunicación, se atribuyen declaraciones de Lujano Sarabia en las que asegura que a los demandantes no les será concedida la suspensión definitiva “por falta de interés jurídico y legítimo”.
Los consejos empresariales y de seguridad ciudadana denunciaron que el proceso de licitación se vio empañado por opacidad, sobreprecios, procesos amañados y corrupción.
Al respecto, señalan puntos como la falta de consulta con organismos ciudadanos, la falta de información sobre el número de cámaras de vigilancia (y sus precios individuales), entre otros aspectos que restan legalidad al contrato por 789 millones 280 mil 700 pesos.
“Si es una cuestión complementaria, si son muchas o poquitas cámaras, el Gobierno del Estado está dispuesto al diálogo con ellos, yo no veo la necesidad de estar judicializando toda inquietud social”, comentó el funcionario estatal a través del comunicado de prensa.
Además de la demanda de amparo, el presidente de Coparmex Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila, presentó una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría del Estado, sustentada -entre otras cuestiones- por la falta de análisis económico y financiera en la propuesta de Seguritech, empresa que acumula investigaciones y denuncias en otros estados de la República Mexicana por la ejecución de otros complejos C5i.
