La nota no es la desaparición forzada de 43 alumnos normalistas en Ayotzinapa, Guerrero. La nota sería que se acumulan masacres en México y nada pasa. Nada se mueve. Todo sigue Igual.  De Aguas Blancas (también en Guerrero), a la matanza de El Charco, pasando por Villas de Salvarcar y el Casino Royale, hasta llegar a la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. De reciente adquisición a la memoria, la ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes a manos del ejército en Tlatlaya, Estado de México. Todo esto –y muchos hechos más– hemos tolerado, aguantado y olvidado como sociedad.

¿Qué tan descompuesto está nuestro Estado para que un alcalde (narco o no narco) junto con su policía corrupta pueda desaparecer a 43 alumnos de la Normal Rural? Hoy si revisan la página del Ayuntamiento de Iguala podrán ver, no sin un alto grado de enojo, al prófugo alcalde departiendo con niños, entregando equipo a su policía municipal y apostado al lado de la bandera con cara de político. Toda la página está puesta para engañar y manipular. Con la venia del PRD, José Luis Abarca construyó su propio imperio en el que se basó para pensar que podría desaparecer a los jóvenes y nadie diría nada. Sinceramente no sé si es cinismo, estupidez o una maldad de tal nivel que me deja estupefacto. La duda que me queda es cuántos “Abarca” habrá todavía en funciones.

¿Por qué se puede desaparecer o masacrar en México? Porque hay la garantía (prácticamente absoluta) de que al autor material e intelectual no le pasará nada. Es una buena garantía para alguien que quiere cometer este tipo de actos. La impunidad detrás de las violaciones más graves a derechos humanos se recarga en la componenda entre partidos políticos y autoridades, entre fuerzas de seguridad de todos los órdenes de gobierno, en la desmemoria selectiva de los medios de comunicación. Para que la justicia se active tiene que pasar por todos estos filtros antes de ser pronta y expedita.

Enrique Peña Nieto dio un mensaje a la nación por el caso de Ayotzinapa. Su intervención fue oportuna pero ineficiente. Más allá de lamentar (cosa obvia), de dar instrucciones (que para eso está ahí) y de asegurar que no habrá impunidad (cosa que todos sabemos que es falso), no dijo nada. No habló del gobernador Ángel Aguirre, no habló de quiénes son los jóvenes, no habló del alcalde prófugo, es decir, no dijo nada. En los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa el discurso del ejecutivo está basado en retórica de respeto a los derechos humanos. Osorio Chong en la Cámara de Diputados afirmó que el compromiso se hacía evidente porque habían publicado el Programa Nacional de Derechos Humanos, documento que en realidad no sirve absolutamente para nada. La retórica está basada en enunciar avances (principalmente normativos) pero de escaso impacto en la realidad.

Human Rights Watch (HRW) salió a decir que la masacre de Tlatlaya es una de las más graves que ha vivido México y que constituye una violación grave a los derechos humanos. La credibilidad de la organización provocó que muchos medios internacionales voltearan a ver el caso. Qué bien que HRW hizo tal declaración, pero eso me lleva a una sencilla pregunta: ¿Para qué tenemos una CNDH que nos cuesta más de 1,400 millones de pesos anuales si no va hacer, como es costumbre, su trabajo? Por las irresponsables declaraciones de Raúl Plascencia en el caso y por su trabajo ineficiente, es insostenible su reelección al frente del organismo autónomo. Así de claro.

Parecería que la sangre de los jóvenes normalistas será el hecho que irrumpa en la luna de miel del reformado Peña y la prensa internacional. La batalla, ahora, está por controlar la información desde el gobierno. Simular que se busca justicia y que la impunidad (como en todas las otras masacres) no tiene cabida. En Los Pinos trabajan a marchas forzadas para lanzar mensajes que saben que ciegamente serán reproducidos por los medios de comunicación. Tienen los medios necesarios para pasar la crisis mediática y de credibilidad. Es, sin duda, difícil esconder realidades como las de Tlatlaya y Ayotzinapa; cada vez más seguido la realidad de la crisis de derechos humanos se cuela en la agenda pública, muy a pesar del control de la agenda de medios por parte de Los Pinos. Es muy complicado esconder una ejecución extrajudicial por parte del ejército, pero más preocupante es que esa realidad no combina con la retórica antes señalada.

Después de que el caso de Ayotzinapa apareció en la primera plana del New York Times, el embajador en Washington DC, Medina Mora, llamó a una “sesión informativa” para explicar el caso, hasta ahí todo bien. La peculiaridad es que los medios mexicanos fueron excluidos de dicha irregular conferencia de prensa, según relató el corresponsal de Proceso en la capital. La cobertura internacional ha sido tal, que el Canciller está haciendo su parte y declara a diestra y siniestra que en México se respetan los derechos humanos. Claro, que se los diga de frente a los normalistas cuando aparezcan. Mientras tanto ahí está la OEA demandando que se investigue a fondo el caso.

En los momentos de mayor crisis, como la que ahora se vive, la responsabilidad del gobierno es dar información clara, oportuna y completa sobre los aspectos más trascendentales del caso. Hasta ahora eso no ha sido así. El gobierno alimenta a la prensa a través de puros boletines oficiales. México es el único país dónde es práctica que en las conferencias de prensa de funcionarios la prensa no haga preguntas. Aunque usted no lo crea. La comunicación de la SEDENA y de PGR carece de información real que ayude aminorar la zozobra de la sociedad.

El derecho a conocer la verdad con respecto a graves violaciones de los derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que el Estado debe satisfacer, tanto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en general.

Somos un país de fosas clandestinas con cuerpos de jóvenes. Somos un país de masacres generalizadas y sistemáticas.  Somos un país de perpetuo dolor. Somos un país de víctimas invisibles y verdugos conocidos. Pertenecemos a un país de retórica perene e irresponsabilidades institucionales. Un país que se regocija en la simulación. Parece que somos un país que no toca fondo pero que está sumergido en la oscuridad. Somos un país que se encoleriza a través del retuit. La sociedad de este país es desmemoriada. Somos un país donde la justicia es un bien de lujo, y los normalistas rurales no la pueden comprar. El contrapunto es que ayer miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades y países para demandar la aparición con vida de los 43 jóvenes. Los gritos en las calles son señales de esperanza, sin duda.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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