Previo al funeral de su hijo José Eduardo Moreira Rodríguez, el jueves 4 de octubre de 2012, a Humberto Moreira, el ex gobernador de Coahuila, pocas veces se le había visto en público desde diciembre de 2011, cuando renunció a la dirigencia nacional del PRI.

Moreira el ex gobernador –no el ejecutado hijo, ni el gobernador de Coahuila, Rubén– fue acaso el primer sacrificado del ahora presidente electo Enrique Peña Nieto. No fue gratis en términos de política, la realidad es que los excesos en el gobierno de Humberto Moreira lo exhibían no sólo como mal administrador al heredar a su consanguíneo y malversar los recursos de los coahuilenses en un monto superior a los 35 mil millones de pesos, también lo ubicaban bajo la sospecha de traspasar los límites de la incapacidad hacia la ilegalidad.

Las críticas –obvias y justificadas– hacia el entonces presidente del PRI afectaron en demasía la incipiente campaña del candidato presidencial que, basado en el narcisismo electoral, se deshizo del priísta leal y lo mandó al exilio en algún lugar de su estado. Institucional, tricolor hasta la médula, Moreira se cuadró y no salió. Ni el 1 de julio, ni el 30 de agosto, ni es parte del equipo de transición como tampoco lo es del cercano al electo. Sin embargo, siempre estará ligado a Enrique Peña Nieto.

De los seis estados del norte de México, dos son gobernados por panistas: José Guadalupe Osuna Millán en Baja California y Guillermo Padrés Elías en Sonora. El resto son representantes priístas: César Duarte en Chihuahua, Rodrigo Medina en Nuevo León, Egidio Torre Cantú en Tamaulipas y Rubén Moreira en Coahuila, pero vaya, ninguno de esos gobiernos está más enraizado en el PRI que el de la dinastía Moreira.

Los tres Moreira, el gobernador, el ex gobernador y el hijo ejecutado, enquistados en el gobierno; el poderío priísta en su máxima expresión, miembros todos de esa gran familia política que crece y se enriquece al amparo de los ciudadanos y los erarios. La muerte pues de uno de ellos, afecta a todos. A los priístas en lo particular, a los gobiernos en lo general, y a los mexicanos también.

Significa la ejecución del joven Moreira que el estado mexicano se ha convertido en mero espectador del caótico escenario –donde la vida no vale nada– creado por dos factores que el propio estado mexicano ha originado: la impunidad al narcotráfico y el crimen organizado, y la corrupción de las corporaciones policíacas en el país. No hay una salvable, allende de partidos, de apellidos y de regiones.

La muerte de José Eduardo Moreira se originó en el centro mismo donde él nació. En la política gubernamental mexicana.

Es probable que en esta condición, tocado un político priísta y no un poeta activista, el próximo gobierno de la República tome decisiones y consideraciones para cambiar el escenario de inseguridad nacional. El factor Moreira podrá tener alguna influencia o no en la determinación de un cambio en las políticas de combate al narcotráfico.

Ciertamente la indiferencia política hacia las víctimas de la inseguridad ha facilitado el enfrentamiento entre los cárteles de la droga y las organizaciones criminales, a la vez que le abona a la corrupción tanto en corporaciones policíacas como en instituciones de justicia. Mientras no haya castigo para los asesinos, estos seguirán existiendo y los mexicanos –incluidos aquellos de apellidos priístas– seguirán siendo el rehén y la carne de cañón para los delincuentes en México, que en una Ley de la Selva y hasta el momento, llevan las de ganar.

Quizá, y sólo quizá, en solidaridad, por ser de casa, por haber sido leal hasta la candidatura, Enrique Peña Nieto considerará el factor Moreira para aminorar esa indiferencia hacia los caídos. Quizá, y sólo quizá, la muerte del joven sea ese motor que requiere quien será a partir del 1 de diciembre el Presidente de este país para encender la maquinaria del estado mexicano.

El norte de México es campo de guerra para tres organizaciones criminales: Los Zetas, el cártel del Golfo y de Sinaloa, los más violentos que se tengan cuenta en el país. Lo mismo asesinan rivales que migrantes y políticos; alcaldes han caído bajo sus balas, procuradores, secretarios de Seguridad han sobrevivido atentados, pero en pocos casos la ola mediática y el temor político ha sido como el del joven Moreira asesinado. Coahuila no es siquiera de los primeros cinco estados con mayor número de ejecuciones, acaso estará en los primeros quince con menos de 500 ejecuciones en lo que va de este año, tampoco es el estado con la frontera más rica o accesible con los Estados Unidos, pero sí es el que es manejado por una dinastía no sólo priísta sino cercana al futuro Presidente. El mensaje pues es muy claro: el narcotráfico ha impregnado a los gobiernos y desde ese centro mismo envía señales de afrenta a la próxima administración federal para establecer el esquema que viene en materia de seguridad y desarrollo de la criminalidad.

La primera reacción del gobierno que viene fue de temor. Ni el Presidente electo ni el gobernador constitucional acudieron a las honras fúnebres del hijo mayor de Humberto Moreira. Sabido es que en Coahuila varios han sido los velorios que terminan en ejecuciones masivas; el temor pues, es latente.

A la acción de la ejecución en una grande parte del territorio nacional, y la de políticos, correspondería una reacción igual de contundente del gobierno –de este, del que viene– en el combate al narcotráfico. Es importante la captura de los asesinos materiales y alguna capa intelectual, pero es urgente un mensaje sólido, categórico, a los líderes de las organizaciones criminales; más allá de la detención debe estar la desarticulación, la persecución del dinero, la aniquilación de la estructura base que desde el narcomenudeo da cimiento al narcotráfico.

El factor Moreira influirá en la toma de decisiones de Enrique Peña Nieto, para bien, para mal, para seguir, frenar o negociar. El narcotráfico, se demostró con esta ejecución, ya está en casa priísta. Y de no tomar medidas extremas, no lo podrán sacar. Los niveles de terror hacia la clase política incrementarán mientras el estado mexicano siga siendo un simple observador de la guerra de cárteles, un encubridor de crímenes.

Adela Navarro Bello

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