En el mensaje con motivo de su segundo Informe de Gobierno, el presidente Peña Nieto anunció con bombo y platillo la creación de PROSPERA. Se trata de un programa social que no solo sustituye a Oportunidades, sino que lo supera en los objetivos que se plantea. El diseño del programa coordina adecuadamente las acciones de distintas organizaciones gubernamentales, señalando claramente qué le corresponde hacer a cada una y cómo se relacionarán unas con otras. En contraste, pasa prácticamente de noche mecanismos que debieran ser obligatorios para cualquier gobierno que se jacte de democrático, como transparencia, rendición de cuentas y controles al uso clientelar de los recursos públicos.

El viernes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial por medio del cual se crea la Coordinación Nacional de Prospera. Ahí se marcan los objetivos del nuevo programa y se establecen los instrumentos para cumplirlos. A diferencia de Oportunidades, PROSPERA no se limita a la entrega de recursos públicos a cambio de que la familia beneficiaria invierta en sus capacidades, sobre todo educativas y de salud. Además de continuar haciendo esto, el nuevo programa busca ir más allá: entrega de becas de educación superior a personas de escasos recursos; mejora en la nutrición de mujeres embarazadas, en lactancia y de menores en sus primeros años; incorporación de más personas de escasos ingresos al sistema financiero; y articulación de la política social con la productiva.

Para cumplir con tan ambiciosos objetivos, el decreto sienta las bases para una coordinación eficiente entre organizaciones gubernamentales. Las condiciones están puestas para que, al implementar el programa, las dependencias involucradas no solo eviten duplicidad de funciones, sino que orienten sus esfuerzos en la misma dirección. Otro de los puntos positivos del decreto es su insistencia en la evaluación, etapa toral en cualquier política pública. Si bien es cierto que no se establecen criterios claros para la evaluación, lo que probablemente se incluya en otros documentos, se le concibe como un instrumento para mejorar tanto el desempeño como el impacto del programa. Estas fortalezas están en el papel, pero está por verse si también estarán en la realidad.

Las malas noticias aparecen al notar la indiferencia del decreto hacia dos de los peores males de la política social en México: la corrupción y el uso clientelar de los recursos públicos. Solo se menciona una vez la palabra transparencia y se hace de manera marginal, como una de las múltiples funciones del Comité Técnico, que es un órgano de apoyo a la coordinación del programa, no una instancia directiva. Sobre rendición de cuentas no hay una sola frase y mucho menos sobre gobierno abierto, innovador modelo de relación gobierno-sociedad que aspira a la máxima publicidad de las actividades de la administración pública.

La corrupción en México está tan estructurada, que es a todas luces criticable que no se le considere en el diseño de un programa social. ¿La ausencia de mecanismos de combate a la corrupción en el diseño de PROSPERA es solo un error o un acto deliberado para dejar abierta la puerta a que se usen los recursos del programa para propósitos ajenos al bienestar de los más desaventajados de la sociedad? Aquellos reductos de la administración pública que no están expuestos a la mirada de los ciudadanos son los más propensos a la corrupción. Para ir todavía más lejos: un programa que ejercerá tantos recursos como PROSPERA requeriría no solo transparentar su funcionamiento sino poner en práctica una rutina de rendición de cuentas, abierta al escrutinio de la sociedad en general.

El decreto tampoco le cierra el paso a la añeja tentación de condicionar la entrega de apoyos gubernamentales a que el beneficiario “devuelva el favor” votando por el partido gobernante en las siguientes elecciones. En efecto, el decreto no incluye un solo control al posible uso clientelar de recursos públicos, aun cuando los beneficiarios serán los más pobres, cuya vulnerabilidad los expone sobremanera a esta clase de chantajes. Los gobiernos democráticos debieran tomar todas las previsiones posibles para que los beneficiarios de los programas sociales sean tratados como sujetos de derechos, no como carne de cañón para los siguientes comicios.

El que PROSPERA tenga más objetivos que Oportunidades no es necesariamente una buena noticia, aunque podría serlo. Lo será solo en la medida en que las políticas que incluye el programa se implementen exitosamente. Así, hay la posibilidad, aunque no la garantía, de que PROGRESA cumpla sus objetivos. Lo que sí está lamentablemente asegurado es que PROGESA le da poca importancia a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate al clientelismo. En suma, PROSPERA podría cumplir en eficacia, pero queda mucho a deber en democracia.

@GermanPetersenC 

Germán Petersen Cortés

https://www.sinembargo.mx/author/germanpetersen

Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. En 2007 ganó el Certamen nacional juvenil de ensayo político, convocado por el Senado. Ha participado en proyectos de investigación en ITESO, CIESAS, El Colegio de Jalisco y El Colegio de México. Ha impartido conferencias en México, Colombia y Estados Unidos. Ensayos de su autoría han aparecido en Nexos, Replicante y Este País. Ha publicado artículos académicos en revistas de México, Argentina y España, además de haber escrito, solo o en coautoría, seis capítulos de libros y haber sido editor o coeditor de tres libros sobre calidad de vida.

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