La injerencia de los gobiernos federal y estatales en los procesos electorales a través del uso de instituciones públicas y programas oficiales para la compra de votos, difusión de propaganda, movilización, intimidación no es nueva; en nuestro país nos hemos habituado a dar por sentado que, en mayor o menor medida, esto ocurrirá prácticamente en todas las elecciones. Sin embargo, incluso para nuestros bajos estándares, lo ocurrido en el pasado proceso electoral en el Estado de México, perfectamente documentado y denunciado por la prensa y organizaciones como “Ahora”, parece haber resultado demasiado.

El PRI perdió todo rastro de pudor e hizo, a plena luz del día, lo que estuvo a su alcance para retener una entidad que resulta fundamental para su supervivencia. Es este el contexto que confiere una especial relevancia a los diversos reportes que apuntan a inconsistencias o discrepancias en los registros del PREP mexiquense. Es decir, las condiciones presentadas durante todo este proceso obligan cuando menos a no descartar de antemano las anomalías u opacidades de en los datos publicados dadas a conocer por Sinembargo.mx, Proceso, y Huffington Post México.

En teoría, un fraude vía el PREP tendría ser la opción menos probable. La información del PREP está a la vista y al alcance de todos.  Se supone que el si el PREP existe para dar certidumbre y evitar especulaciones; ningún proceso electoral debería dejar duda alguna de la legitimidad de la candidt@ ganador@. Pero, justamente en el proceso electoral más turbio de nuestro siglo XXI, el PREP ha abonado a la desconfianza. Es por ello que tenemos derecho a exigir total claridad y reclamar que se explique satisfactoriamente –es decir, racionalmente-  cualquier cabo que haya quedado suelto.

Sin importar nuestra posición de partida, la actitud inicial tendría que ser escepticismo, que no es lo mismo que negacionismo. El escéptico, a diferencia del negacionista, exige pruebas y las acepta cuando éstas aparecen y son racionales. Así, algunas discrepancias han sido aclaradas –véase, por ejemplo, el blog de Javier Aparicio-, aunque otras lucen de primera mano más complicadas y todavía no han sido justificadas. El escepticismo necesario incluye también por poner en duda las posiciones de los partidos políticos implicados. El apoyo devocional a un candidato -o la oposición devocional a un rival- suele mandar a segundo plano la relevancia que, más allá del resultado, el proceso electoral tiene para una democracia.

Todo lo que se valide en estas elecciones determinará el tipo de proceso que tendremos en 2018 y, probablemente, hacia adelante. Si se legitima lo que hemos visto, el próximo año nuestra elección presidencial y de gobernadores serán surreales, incluso para nuestros estándares. La limpieza del proceso no es suficiente, pero si necesaria para garantizar la limpieza del individuo que llega al poder. De un proceso sucio sólo pueden surgir gobernantes sucios, pues si la ley que rige es la ley de la selva y las trampas son necesarias para ganar –“haiga sido como haiga sido”, entonces es casi imposible que alguien logre ganar sin cometerlas. Y, consecuentemente, sería complicado que el ganador decida no replicar la fórmula desde el poder durante su gobierno y con miras a las próximas elecciones.

Las condiciones del proceso electoral terminan determinando, pues, el tipo de gobiernos que nos esperan.  En consecuencia, cualquier individuo que se jacte de demócrata, tendría que aceptar que la limpieza y claridad del proceso electoral son jerárquicamente superiores a los intereses del partido al que se apoya o de preferencias ideológicas. En consecuencia, si existen sospechas de que un proceso no ha sido limpio, es irrelevante quién ha pedido su clarificación; el proceso debe ser depurado o, en su caso, repuesto.

Se supone que limpieza y claridad el proceso tendrían que ser defendidas por los partidos involucrados en la competencia electoral. Pero este no ha sido el caso. En este sentido, los seguidores de Andrés Manuel López obrador o del PAN se equivocan al aceptar que es posible justificar que si sus candidatos deciden recurrir a las mismas tácticas del PRI porque “así son las cosas”. Todavía más complicado de justificar sería que el PAN decida pactar con el PRI y opte por no empujar la anulación o el recuento satisfactorio de los votos en el Estado de México a cambio de que se le declare ganador en Coahuila. Sin embargo, algunos panistas probablemente celebrarían semejante acuerdo –de esta forma, Morena quedaría gritando solo y el PAN pavimentaría su ruta hacia 2018-. Desde luego que lo mismo ocurriría si aplicamos la misma lógica, pero en sentido contrario.

Pero incluso los simpatizantes o militantes de un partido pueden reconocer que un acuerdo de esta naturaleza equivaldría traicionar su compromiso con la democracia por propia conveniencia. ¿Por qué sólo defender la limpieza de aquel proceso en que uno pudo resultar ganador o del que se puede sacar provecho? Peor aún, en caso de hacerse de la presidencia el próximo año gracias a un esquema de esta naturaleza, el PAN o Morena terminaría defraudando al grueso de sus seguidores, pues no tendrían ningún interés en cambiar las reglas del juego que han ganado ni, mucho menos, de proceder contra aquellos con los que pactaron un año antes. Recordemos que esta historia ya la vimos antes. Recordemos, pues, a Felipe Calderón.

La situación sería diferente si, como parece ser que ocurrirá en Coahuila, el PAN y Morena exigen la total clarificación o anulación de ambos procesos. No hace falta ser de izquierda, Morenista ni Amlover para pedir que la elección de Edomex se defina democráticamente. Tampoco hace falta ser panista para exigir que lo mismo ocurra con la de Coahuila. Es más, la selectividad sería un contrasentido.  Este tipo de acuerdo es completamente distinto al comentando en el párrafo anterior, ya que implica la garantía de que ambos procesos habrían sido correctos.

Aún si este escenario es buscado por mutua conveniencia, de esta forma sentaría un importante precedente de cara a las elecciones de 2018: no todo se vale; no se puede llegar al poder violando la ley. Desde luego que si esto ocurre el PRI quedaría liquidado, pero esto tendría que ser visto como un efecto colateral de la defensa de la democracia.

Es claro que la continua degeneración de nuestros procesos electorales desde 2006 nos ha conducido al sitio donde hoy estamos. Revisar lo ocurrido antes de la jornada es fundamental, pero será tardado. Es por ello que en este momento la atención tendría que estar centrada en exigir a las autoridades electorales que cuando menos despejen todas las dudas generadas por el PREP. Es decir, en exigir que se cuenten y recuenten todos los votos necesarios para darnos una mínima certidumbre.

Dada las condiciones en que se ha producido esta elección, y considerando la confusión causada por el PREP, no hay manera racional de defender la no revisión de los resultados. En este sentido, de nuestro actual revoltijo tendríamos que extraer una premisa que hasta el día de hoy resulta poco aceptada: no se puede ser demócrata si no se defiende permanentemente, y más allá de intereses personales, la total limpieza y claridad de los procesos que requiere la democracia.

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Antonio Salgado Borge

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Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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