¿Qué está negociando la oposición en materia electoral?

09/05/2013 - 12:00 am

Al contrario de cuantos han declarado su muerte en los últimos meses, el Pacto por México sigue adelante. Como se ha dicho en este espacio, se ha logrado una dinámica de negociación donde todos saldrían perdiendo si se salen. El problema es concretar el mayor número de reformas, preferentemente a la Constitución, posible antes de que las dirigencias del PAN y el PRD pierdan la capacidad de cohesionar a sus bases previo a la renovación de sus dirigencias. Una vez que esto sucede la podrá ser relativamente fácil al PRI negociar la indisciplina de algunos para aprobar los cambios a las leyes secundarias.

¿Qué para mantener el Pacto se necesitó acordar que los partidos respeten la ley en cuanto al uso de programas sociales durante los procesos electorales de este año? Más allá de la retórica el interés del PAN y PRD es controlar lo más posible la intervención del orden federal en aquellas entidades importantes para ellos (Baja California, Puebla, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz), frente a lo cual el PRI decidió que bien vale esto a cambio mantener los acuerdos para su agenda legislativa. A final de cuentas, la clientela electoral es de quien la financia. Lo interesante sería que el acuerdo también sirva para limitar a los gobernadores.

También se insertó en los acuerdos incluir una reforma política y electoral. Sobre el primer tema se ofreció discutir el tema de la reelección inmediata de legisladores, lo cual sería un avance importante para mejorar nuestra democracia. Respecto al tema electoral se busca redactar un código electoral único y sustituir al Instituto Federal Electoral con un Instituto Nacional Electoral (INE).

Una reforma se debe medir en términos de su eficacia para combatir un problema, sabiendo que no existen soluciones definitivas y que su aplicación ciertamente creará otras complicaciones imprevistas. Sin embargo, ¿se puede decir que sería un arreglo mejor crear el INE?

Para empezar veamos el problema: aunque la aplicación de las leyes electorales es por lo menos aceptablemente buena a nivel federal, la normatividad y administración de los comicios está en buena medida sujeta al control de los gobernadores. Visto desde esta perspectiva cabría preguntarse si la centralización ayudaría a mejorar las condiciones de certeza jurídica y equidad en la contienda.

Se espera que un arreglo federal permita a cada una de los estados resolver sus problemas más inmediatos con autonomía, reconociendo las diferencias que cada uno tiene. En este sentido cada entidad se convierte en un laboratorio experiencias basadas en la prueba y el error que pueden llevar a mejores leyes, las cuales pueden también ser retomadas y adaptadas por sus pares.

Al respecto la diversidad de normas electorales locales ha permitido saber cuáles experiencias pueden funcionar y cuáles no. Por ejemplo durante la década de los noventa y hasta hace unos años en San Luis Potosí existió la segunda vuelta electoral para los ayuntamientos, la cual se derogó por ser poco útil y onerosa. También desde los años noventa existen en la mayoría de los estados las figuras de plebiscito, referéndum e iniciativa popular. Antes de 2007 se han registrado en varios estados experiencias con candidatos independientes, e incluso en algunas ocasiones han llegado a gobernar.

Dentro de cada uno de los temas arriba mencionados los estados han diseñado leyes acorde con su situación, las cuales son en mayor o menor medida perfectibles. Pero ciertamente son fuente de experiencias para mejores normas. El afán de centralizar podría bajo esta lógica llevar a normas homogéneas que lleven a resultados aun menos adecuados.

Por otra parte atribuir mayores facultades a un órgano electoral nacional implicaría también incrementar la presión política a un posible INE. Esto puede implicar que en caso de elecciones competidas la institución sea el blanco de ataques como en 2006. Entre más grande sea lo que está en juego mayores pueden ser las tentaciones para generar un conflicto post-electoral. Por lo tanto la idea de centralizar pueda llevar a resultados no deseados.

Ahora bien, ¿por qué los gobernadores son tan poderosos? Porque usan un instrumento de control que tenía el PRI a nivel federal cuando era partido hegemónico: la capacidad de imponer la disciplina a la clase política gracias al control que tienen sobre las carreras políticas con la no reelección inmediata. Es decir, si controlan una mayoría parlamentaria gracias a que ellos garantizan a dónde irán los legisladores si son leales, tienen la capacidad para definir quiénes conformarán los órganos electorales.

¿Traería la reelección inmediata un cambio? Sí, aunque como sucede con todo cambio a las normas, en algunos estados será más rápido que en otros. Sin embargo estaríamos hablando de un proceso imparable que llevará a mejores instituciones.

Tomemos el caso de las elecciones. Si los legisladores dependen de la ciudadanía para continuar con sus carreras, no tendrán por qué seguir a rajatabla lo que dicen sus gobernadores. Y buscarán también equilibrios distintos en los órganos electorales para garantizar elecciones lo más imparciales y equitativas posible para todos los actores. Pero esto significa que los partidos pierden mucho del poder que hoy tienen.

Mientras tanto la centralización parece una solución atractiva para nuestra clase política, y para ellos no es importante hacer ejercicios de prospectiva: a final de cuentas los diputados se van en 2015 y los senadores en 2018.

Fernando Dworak
Licenciado en Ciencia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro en Estudios legislativos en la Universidad de Hull, Reino Unido. Es coordinador y coautor de El legislador a examen. El debate sobre la reelección legislativa en México (FCE, 2003) y coautor con Xiuh Tenorio de Modernidad Vs. Retraso. Rezago de una Asamblea Legislativa en una ciudad de vanguardia (Polithink / 2 Tipos Móviles). Ha dictado cátedra en diversas instituciones académicas nacionales. Desde 2009 es coordinador académico del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa del ITAM.
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