En México se tortura. Su práctica es generalizada, según lo dice la máxima autoridad de Naciones Unidas que es el relator Juan Méndez. El relator Méndez hizo su trabajo y, sin miedo a las represalias del gobierno mexicano, puso –o intentó- un tema de primer orden en la agenda nacional. Ya lo había dicho hace unos meses el director general de Amnistía Internacional. La virulenta reacción de la Cancillería solo puede responder a dos factores: El primero es que la política en materia de derechos humanos y cooperación con la comunidad internacional está cambiando. El escrutinio será permitido siempre y cuando sea en acorde a las reglas y matices que el gobierno logre imponer. Para Méndez esta condición era inaceptable. La duda sobre el futuro de la política se disipa cuando vemos que en los dos últimos informes de la ONU (desaparición forzada y tortura) la respuesta de nuestra ofendida diplomacia ha sido el descrédito y descalificación de su contenido. Se avizora ya un patrón. El segundo factor va más al mermado carácter democrático de la administración de Peña Nieto. Su coqueteo cada vez más burdo con el autoritarismo nos dibuja claramente su desdén para con instituciones y principios democráticos para dar cabida a prácticas claramente totalitarias. El subsecretario, Gómez Robledo, dejó entrever –mientras le respondía groseramente al relator- que la franqueza del informe “ayudaba” a las fuerzas más duras y reacias a los derechos humanos que están dentro de la administración. En otras palabras, el informe provocaría que dicha fuerza ganara terreno y se acogiera a la premisa “mejor nos cerramos para que nos golpeen más”.

El presidente está acorralado y su grupo cercano le está alentando el endurecimiento de su política. Un acto de tortura en el país sería suficiente para darle toda la atención al fenómeno. Reconocer –porque así lo hizo SRE- que la tortura se practica, debería obligar al primer mandatario a un golpe de timón. En cambio optó por la misma estrategia que hace países como Congo, Egipto, Irán, China y Estados Unidos, desconocer los dichos de la ONU.

Aunque Peña Nieto admitió que no gobierna para las encuestas, seguramente algún valiente asesor le ha dicho que su aprobación es del 39% (encuesta Reforma). Según la encuesta los dos temas principales que provocan la reprobación presidencial son el crimen, la economía y la corrupción. En 2013 y 2014 Amnistía Internacional realizó junto con Parametría una encuesta sobre tortura en México (el estudio era global). Los resultados sustentan nuevamente nuestra cercanía, tolerancia y miedo de la población a ser torturado. “El temor a ser torturado –de acuerdo al estudio- en caso de ser detenido por las autoridades es mayor en: Brasil (80%), México (64%) y Turquía (58%), donde más de la mitad de los entrevistados no confían en  que estarían a salvo de estas prácticas en caso de detención. Llama la atención que más del 70% de la población entrevistada en China e India afirma que a veces que la tortura puede justificarse. En cambio en Grecia, Argentina, España, Alemania, Brasil y Chile son mayoría quienes sostienen que la tortura no puede justificarse ni siquiera para proteger a los ciudadanos. En México, tres de cada diez entrevistados dijeron que la tortura era necesaria en algunos casos, mientras que 67% estuvo en  desacuerdo con acceder a esta práctica.”

La tortura en México es estructural, sistemática y generalizada. Si revisamos la información del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas señalan decenas de miles de casos en casi todos los estados del país. De 2010 al 2014 Artículo 19 registró 1748 agresiones contra la prensa. Ochocientas trece fueron violencia física –incluyendo casos de tortura-, 289 casos de amenazas, 152 detenciones arbitrarias, 36 casos de privación ilegal de la libertad y 64 homicidios relacionados con la labor periodística y 14 casos de desaparición (algunos de desaparición forzada). Todos en impunidad, y cometidos por autoridades de todos los órdenes de gobierno.

Por lo anterior, la violencia contra la prensa es sistemática y, también, generalizada, siguiendo con la tendencia de otras violaciones graves.

En la citada encuesta de Reforma, se anunció un dato que debe de preocuparnos mucho.  La encuesta también indica que hay una percepción ciudadana creciente de que en el país se tiene menos libertad de expresión. El porcentaje que opina que hay mucha o algo de libertad de expresión ha bajado de 72 por ciento al inicio del sexenio de Fox, a 45 por ciento actualmente. El autoritarismo se acompaña del miedo y del silencio. Imposible tener una democracia cuando la percepción de un derecho fundamental –para la misma democracia- como la libertad de expresión baja tan dramáticamente en los últimos años.

El tener menos libertad de expresión es un síntoma inequívoco del avance del autoritarismo. La violencia contra voces disidentes está ampliamente registrada. Lo que requiere mayor análisis es cómo, ante graves crisis de derechos humanos, el país se mantiene en su mismo curso. El papel de los medios de comunicación juegan un papel fundamental para la reproducción de un discurso oficial que claramente niega la realidad, y, por ende, no tiene una voluntad política para revertir la realidad.  El brazo ejecutor de la omisión de temas de primer orden y de interés público son un amplio sector de los medios tradicionales de comunicación. No se podría mantener el status quo sin la permanente coordinación entre los medios y el gobierno federal. Solo así se puede explicar que no sea nota de ocho columnas y en los principales noticieros el informe del Relator contra la Tortura de la ONU. La nota, más bien, fue la violenta y desmedida respuesta de la Cancillería. Cambiar la realidad tendrá que ir acompañado de lograr romper el cerco informativo.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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