Aunque en su mayoría estos amparos han sido desechos por los tribunales, las organizaciones acusaron que las industrias del tabaco y alimentaria utilizan este recurso para aplazar la implementación de políticas públicas que abogan por la salud pública.
Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).– Desde que se promovió el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, donde se prohibe exhibir los productos libremente, se han presentado alrededor de 600 amparos en su contra por distintas empresas, que utilizan este recurso jurídico como una estrategia para bloquear políticas que favorecen a la salud pública, acusaron organizaciones de la sociedad civil.
En conferencia de prensa, Salud Justa y el Poder del Consumidor reportaron que se han presentado más de 600 amparos contra los ambientes libres de humo y contra la prohibición de exhibición del producto en los puntos de venta. Aunque en su mayoría, estos amparos han sido desechos por el Poder Judicial de la Federación, existen casos en los que se ha otorgado una suspensión definitiva a favor de empresas como las tiendas de conveniencia Oxxo a finales de febrero.
“Hacemos un llamado al Poder Judicial a que no ceda ante los grandes intereses de las empresas y las corporaciones y sus intereses comerciales”, indicó Javier Zúñiga, coordinador del área legal de El Poder del Consumidor. “Este tipo de mecanismos, de abusos que han hecho las empresas con el uso del Poder Judicial como una forma de delatar y aplazar las políticas para el control de tabaco, las políticas de salud, de salud alimentaria, no es nuevo”.
El abogado expuso que desde al menos el 2008 se han registrado este tipo de prácticas, cuando se presentaron cientos de amparos en contra de la Ley de Protección de la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de México, y luego en 2013 con el impuesto sobre bebidas azucaradas.
A esto se suman ahora, más recientemente, los amparos promovidos desde que en 2020 se aprobó la legislación sobre etiquetado frontal en productos empaquetados y ahora las disposiciones en la Ley General para el Control del Tabaco.
En casi todos los casos, los amparos se han resuelto en contra de las empresas, pero siguen recurriendo a este recurso porque permite aplazar la implementación de las medidas dispuestas en la ley, señalaron Salud Justa y el Poder del Consumidor.
Esta ha sido la situación con el Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco, el cual entró en vigor a mediados de enero y prohíbe consumir cigarros en restaurantes, estadios, bares y discotecas, así como la exhibición y publicidad de cualquier producto con tabaco en puntos de venta y comercios.
“Se han presentado más de 600 amparos, tanto en contra de los ambientes libres de humo y de emisiones, como contra la prohibición de la exhibición de productos en puntos de venta. Y es importante también puntualizar que en nueve de cada 10 amparos, se ha negado la suspensión a la industria, a los restauranteros, a las cadenas comerciales”, señaló Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa.
“En todos los casos en los que se ha otorgado una suspensión, el Gobierno federal también ha presentado recursos, y en muchos de los casos también se ha logrado revertir esa suspensión definitiva o provisional. Sin embargo, el caso que nos preocupa mucho fue el otorgamiento de una suspensión definitiva para la cadena Oxxo, y con la cual Oxxo inmediatamente que obtuvo esa suspensión definitiva regresó a la exhibición de productos en puntos de venta”.
El investigador detalló que no todos los Oxxos tendrían que haberse protegido a raíz de dicha resolución, porque varios de ellos son comisionistas y no franquicias de la empresa, por lo que no habrían debido tener el beneficio de la suspensión emitida. Igualmente, resaltó que los argumentos utilizados por la Jueza Segunda de Distrito de Nuevo León –la cual emitió la resolución a favor de Oxxo– son incongruentes con la materia que estaba en debate, puesto que se refería a un artículo que pretendía abrir la comercialización de cigarros electrónicos.
“Nada justifica que la Jueza Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez (…) basara su argumentación sobre la contradicción que se continúe con la prohibición de cualquier tipo de publicidad, promoción y patrocinio, a su vez que otorga la suspensión definitiva porque ‘no se vulnera el orden social ni se afecta el interés colectivo'”.
Sin embargo, apuntó Ochoa, el 80 por ciento de los consumidores adultos de tabaco ya tienen fija su preferencia de cigarros, por lo que la exhibición en puntos de venta tiene como objetivo persuadir a menores de edad que aún no tienen una marca de cigarros preferida y a promover su consumo en generaciones más jóvenes.
A nivel mundial, el tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible, y en México mata a 63 mil 200 personas anualmente. Además, “cuesta más de 116 mil millones por año” –el 9.3 por ciento del gasto total anual en materia de salud– “para la atención médica en hospitales y centros de salud de las patologías que provoca, incluyendo cánceres, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y afecciones cardiovasculares”, reportaron las asociaciones.
COMIDA CHATARRA TAMBIÉN BUSCA AMPARARSE
Al igual que la industria tabacalera, la industria de comida ultraprocesada ha utilizado el juicio de amparo como un instrumento “para obstaculizar” la implementación de políticas públicas que abogan por la salud de los mexicanos, entre ellas del etiquetado frontal que advierte un exceso de azúcares, calorías, sodio o grasas saturadas, añadió Gabriela Guzmán, abogada del Poder del Consumidor.
El cambio a la Norma Oficial Mexicana 051 que se hizo en el 2020 fue impugnada por empresas de comida “chatarra”, ya sea directamente a través de ellas o mediante subsidiarias, empresas asociadas, grupos fachada o personas físicas. Algunas de las denunciantes son Coca-Cola, Barrilitos, Santa Clara y Herdez.
De los aproximadamente 140 amparos que se han presentado, 80 ya fueron desechados y alrededor de 60 siguen en proceso, lo que muestra que “los amparos, más que buscar el otorgamiento, también buscan dilatar, obstaculizar, la implementación de las medidas de salud alimentaria”, expuso la abogada.
Los promoventes han llegado a solicitar que incluso los casos sean atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que al momento ha admitido a trámite dos: de Nestlé y de ConMéxico.
Son las mismas empresas de productos ultraprocesados las que han buscado diversas estrategias para presuntamente evadir la legislación que regula la promoción de dichos productos, pues además de los amparos interpuestos contra el etiquetado frontal, algunas han recurrido a la publicidad vía influencers de redes sociales, principalmente TikTok e Instagram, para anunciar “engañosamente” alimentos y bebidas con alto contenido de grasas saturadas, según un estudio publicado por el mismo Poder del Consumidor y Tec-Check.
LOS AMPAROS CONTROVERSIALES
En meses recientes, los amparos han sido tema de conversación en Palacio Nacional, puesto que el Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que este recurso jurídico es utilizado “para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país”.
Estas declaraciones las dio en el marco del amparo promovido por el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que fue otorgado por un Juez y resultó en la cancelación de una orden de aprehensión en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.
“Bueno, es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un Poder Judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces por eso esos amparos constantes”, dijo a inicios de marzo el jefe del Ejecutivo federal al respecto.
Este no es el único ejemplo del uso de amparos por parte de exfuncionarios y sus familiares en el marco de investigaciones penales en sus contras.
Las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, fueron descongeladas a pocas horas de que el exfuncionario fuera hallado culpable por un juzgado de Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, después de que un Juez mexicano fallara a su favor.
“Entonces esto del exgobernador y otros casos. Ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto porque es grave. No es intervenir en otrro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción”, indicó el Presidente de México sobre ambos hechos.
