En el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, otrora cabeza del cártel de Sinaloa, que se lleva a cabo en una corte de distrito de los Estados Unidos en Nueva York, de las “figuraciones” pasaron a los hechos, pero en México las revelaciones en el extranjero sobre la corrupción que impera en las instituciones del gobierno mexicano en cualquiera de sus tres órdenes, no han tenido resonancia alguna. Acá, la impunidad es lo que prevalece.

Al mismo tiempo que eso sucedía en los Estados Unidos, en la República Mexicana en el diario El Universal revelaban cómo ex funcionarios tanto del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México como del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, habían colaborado para un presunto desvío de 17 mil millones de pesos. Información que el portal Aristegui Noticias confirmó con la publicación de documentos de la investigación de la Policía Federal luego de un reportaje que postearon en el sitio a finales de 2018.

Sin embargo, el mismo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desestimaría la investigación hasta minimizarla con un “en este caso no fue así, no presentó la Policía Federal Preventiva ninguna denuncia”, y ante la insistencia de los reporteros en su mañanera conferencia, confirmaría sin más: “Sí, pero no hay elementos, no hay pruebas… en este caso fue algo que no corresponde a la realidad”. Otra vez la impunidad.

En México no hay justicia por más investigación que se haga de manera profesional, periodística, por área administrativa o en el extranjero. No la hubo en el pasado, ni en el pasado inmediato, y no la hay ahora cuando se prometió que llegaría.

Lamentable lo que sucede. En dos hechos distintos, al menos de sectores que deberían ser antagónicos y a veces no lo son, como el narcotráfico y la función pública, abogados y medios evidencian las ligas de corrupción que invariablemente incluyen a representantes del Estado Mexicano, sea de la estructura administrativa del gobierno o pertenezcan a las corporaciones policíacas o fuerzas armadas de la Nación, sin que en las instancias facultadas para ello, como la Procuraduría General de la República, inicien o fortalezcan investigaciones que concluyan con llevar a proceso a los deshonestos, y finalmente hacer justicia.

En el juicio en Estados Unidos contra Guzmán Loera, cuando se reveló a partir de testimonios de criminales organizados aprehendidos en aquel país pero de origen mexicano o colombiano, cómo funcionaba la red de protección de “El Chapo” a cargo de procuradurías, subprocuradurías, policías federales, estatales e incluso elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, en nuestro país se desestimaron esos dichos porque los testigos no eran personas con credibilidad, no ofrecían pruebas, o porque emitían sus declaraciones como parte de una estrategia jurídica para perjudicar o beneficiar al capo que se escapó en dos ocasiones de dos prisiones federales de máxima seguridad.

Aun cuando lo que está en juicio en Nueva York es la conducta criminal de Joaquín Guzmán Loera, y no la corrupción en el gobierno mexicano, se han presentado elementos y testimoniales que en este lado de la frontera son desestimados con total impunidad.

Pero de los dichos de testigos, la fiscalía norteamericana ha elevado el nivel de las pruebas que ofrece para demostrar la conducta criminal de Guzmán Loera. Esta semana fueron presentados a la Corte, audios logrados a partir de intervenir el o los aparatos de comunicación que utilizó “El Chapo” para establecer relaciones, dar órdenes y supervisar su ilícito negocio entre abril de 2011 y enero de 2012, cuando el FBI (Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos) logró a base de estrategias persuasivas, penetrar al círculo íntimo de seguridad del narcotraficante y reclutó al colombiano Cristian Rodríguez, encargado de encriptar los aparatos de comunicación del mafioso para evitar precisamente, que fuesen intervenidos.

De más de mil 500 llamadas intervenidas a Guzmán Loera, en 200 tuvo una participación directa. Fue él quien habló, ordenó, solicitó información o la proveyó, para mantener su ilegal negocio de las drogas. Aunque no se dieron a conocer al jurado todas las llamadas, sí fueron transmitidas algunas, aquellas que dieran cuenta de la actividad criminal del procesado. Entre esas, algunas con Orso Iván Gastélum “el cholo Iván”, quien hacía las labores de su jefe de seguridad, y que de hecho fue aprehendido junto al capo. En las escuchas, refieren las notas de reporteros presentes en el juicio, se escucha cómo El Chapo le da órdenes, y cómo El Cholo se jacta de maltratar a policías que están corrompidas por el cártel de Sinaloa y que le sirven para mantener la impunidad.

También refieren los cronistas del juicio, hubo llamadas intervenidas donde se daba a entender la compra de voluntades de funcionarios y policías mexicanos a favor del capo y su cártel criminal. En esta ocasión, a diferencia de los testimonios desestimados anteriormente, no se dieron a conocer nombres específicos de quienes entre 2011 y 2012, desde distintos gobiernos, administraciones públicas y corporaciones policíacas, permitieron que el narcotraficante originario de La Tuna, Sinaloa, se mantuviera prófugo de la justicia luego de evadirse del penal de Puente Grande, Jalisco y antes de ser capturado en Mazatlán, Sinaloa.

Seguramente en mil 500 llamadas intervenidas, y en las 200 no escuchadas de Guzmán Loera, necesariamente se encontrarán elementos para integrar una investigación que revele la red de corrupción gubernamental a favor del capo, sin embargo no es conocido que las autoridades mexicanas hayan solicitado a las norteamericanas tales evidencias, para integrarlas a las averiguaciones existentes o iniciar algunas.

Nada está sucediendo oficialmente alrededor de esa información. Al menos no lo han dicho así de claro los funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, encargados de combatir al crimen organizado y la corrupción.

Quien ha emitido posicionamientos al respecto, más para justificar la creación de una Guardia Nacional que para investigar a los coludidos con el narcotráfico, ha sido el senador Ricardo Monreal, lanzando reflexiones en sus redes sociales sobre el estado de infiltración de las corporaciones policiacas, pero sin promover desde su posición una depuración de las mismas antes de recurrir al Ejército o la Marina para “resolver” el problema del narcotráfico.

Monreal ha complementado con frases como “¿Por qué esperarnos hasta que los extranjeros nos juzguen?”, en relación precisamente a los actos de corrupción evidenciados en la corte de Nueva York. Efectivamente, el nuevo gobierno no debería esperar esos momentos de ignominia internacional para iniciar las investigaciones contra los corruptos de casa. Una promesa fue transformar la forma de hacer gobierno, combatir esa corrupción, pero no se está haciendo.

En el caso del aeropuerto de Texcoco, los documentos públicos en la página de Aristegui Noticias dan cuenta de una investigación realizada por la Policía Federal sobre contratos, materiales, empresas, sindicatos y funcionarios, parte todos de un entramado de corrupción para el desvío de 17 mil millones de pesos a través de la compra de materiales de baja calidad, con sobre precio, a sindicatos, y sin la participación de empresas; donde se incluyen además elementos para presumir la participación directa de Raúl González Apaolaza, ex director de obra del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, y de Carlos Noriega, ex director del director general de administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, entre otros funcionarios implicados en la investigación.

De hecho ex funcionarios consultados tanto por El Universal como por Aristegui Noticias, validaron la investigación de la Policía Federal que fue entregada a la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública, y el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Seguridad, sin embargo para el presidente “no hay elementos”, “no hay pruebas”, “está fuera de la realidad”.

El presidente no abrió la puerta para una futura investigación al minimizar la presentada por los periodistas con documentos oficiales de la indagación de la Policía Federal. La desestimó como han desestimado las declaraciones de testigos contra Guzmán Loera en Estados Unidos que implican a exfuncionarios, policías y elementos de las fuerzas armadas en el entorno de corrupción que permitió al capo mantenerse prófugo por más de diez años.

En nuestro país la situación de corrupción e impunidad no cambiará hasta en tanto no se investigue, se procese y se juzgue a los funcionarios que se coluden con el narcotráfico, o que desvían dinero de una obra como el ya cancelado aeropuerto de Texcoco, y eso, de acuerdo a las declaraciones del presidente, está lejos de suceder… si es que sucede.

Adela Navarro Bello

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