Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), junto con sus abogados, informaron que cinco de ellos fueron citados a comparecer y testificar contra ocho policías y 11 médicos legistas señalados como culpables de tortura y encubrimiento, respectivamente, durante el operativo policial del 3 y 4 de mayo de 2006.
El abogado del FPDT, Juan de Dios Hernández Monge, consideró que los citatorios tienen el objetivo de mantener en la impunidad a los responsables intelectuales de la represión y agresiones contra los pobladores de San Salvador Atenco, de acuerdo con el diario La Jornada.
Para los integrantes del Frente, los llamados a testificar fueron calificados como una “trampa jurídica”, pues los pone en una disyuntiva: si declaran que reconocen a los policías podrían ser acusados de falsear declaraciones, dado que previamente han declarado que el día de los hechos los policías les taparon la cabeza para que no los vieran; si testifican que no los reconoce, el juez podría absolver de responsabilidad a los policías. “No caeremos en la trampa”, expresaron.
En conferencia de prensa ofrecida esta mañana en San Salvador Atenco, el abogado Hernández Monge dijo que los policías y médicos legistas detenidos son “chivos expiatorios” y “carne de cañón”, y que los llamados a comparecer ante tribunales del Estado de México lo que buscan es proteger a los autores intelectuales de las agresiones, entre quienes identifican a Enrique Peña Nieto, actual Presidente y Gobernador de la entidad en ese momento; Eduardo Medina Mora, entonces Secretario de Seguridad Pública; y Wilfrido Robledo, quien entonces fungía como titular de la mexiquense Agencia de Seguridad Estatal.
Los integrantes del FPDT también exigieron que se sancione al ex Secretario general del gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño, y el entonces Presidente, Vicente Fox Quesada.
Las personas que fueron citadas a comparecer son Adriana Sánchez Zárate, Erasmo Marcelino Paredes Morales, Jorge Salinas Jardón, Juan Ventura y Reyes Castillo González.
De acuerdo con La Jornada, el pasado 22 de octubre la Procuraduría General de Justicia (PGJE) del Estado de México informó que un juzgado penal con sede en el penal de Santiaguito decretó un auto de formal prisión por tortura a ocho policías estatales, por los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006. Asimismo, dictó formal prisión a 11 médicos legistas por encubrimiento, pues omitieron reportar las lesiones causadas por los policías.
Edith Rosales, una de las 11 mujeres que fueron detenidas en ese operativo y han denunciado que sufrieron tortura sexual por parte de los agentes que las custodiaron tras su detención, consideró que los citatorios a comparecer son una “farsa”, para que el gobierno aparente que está haciendo justicia en el caso.
Las 11 víctimas de tortura sexual en Atenco llevaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Edith Rosales dijo en entrevista telefónica con SinEmbargo que el gobierno mexicano está buscando entablar una solución amistosa. Ante este panorama, expresó, el gobierno está acudiendo a “medidas desesperadas para demostrar que está haciendo algo”, como serían los procesos contra los ocho policías y 11 médicos legistas.
Sin embargo, afirmó que los agentes presuntamente responsables sumarían 26, pero únicamente se ordenó la aprehensión de ocho. Además criticó que tras ocho años, las autoridades sigan sin detener y sentenciar a quienes les hicieron daño.
Trinidad Ramírez, integrante del FPDT, dijo a SinEmbargo que como organización siguen juntos en la búsqueda de justicia tras ocho años del operativo policiaco, que dejo un saldo de más de 200 detenidos y la muerte del estudiante universitario Alexis Benhumea, quien falleció por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, y Javier Cortés Santiago, de 14 años. Además, entre los detenidos hubo víctimas de torturas y abusos sexuales por parte de los policías.
Ante ello, Ramírez consideró que llamar a testificar de nuevo a algunos de quienes fueron detenidos entonces es una forma de volverlos a torturar, sobre todo porque hasta ahora no han atendido su exigencia de justicia.
“Todavía no tenemos una solución, seguimos esperando una solución”, expresó.
