En el contexto de la crisis de Ayotzinapa se comienzan a destapar otros casos que llevan a una sola y dolorosa conclusión: es increíble lo que los gobernantes nos hacen a los mexicanos.
Poco a poco las marchas y manifestaciones van brotando de de costa a costa y de frontera a frontera. El ojo a-crítico podrá afirmar que es un marco que aprovechan los “anarcos” para hacer más desórdenes, sólo un pretexto para dejar de trabajar o de estudiar. Pero si se piensa con ganas de entender es inevitable darse cuenta de que es el hartazgo, la indignación, y no la simpatía por el desorden, lo que mueve a estas expresiones.
Opiniones las hay de todo tipo y color. Algunas resultan inverosímiles, otras mueven a la furia, y cada vez más pocas se quedan ya en la “zona de confort”. Entre las primeras encontramos nada menos que la del Rector de la UNAM, el doctor José Ramón Narro Robles, quien el 29 de octubre afirmara que “…no se vale tratar de encontrar a un culpable, que sigamos con estas actitudes de ver a quién le echamos la culpa de todas las responsabilidades…”, en un claro intento de exculpar a Enrique Peña Nieto. Ese análisis superficial se esperaría de un lector de puros encabezados, pero no de un científico informado, encargado de dirigir la máxima casa de estudios de este país tan duramente vulnerado tantas veces durante tanto tiempo.
El Dr. Narro Robles estudió siempre en planteles públicos, se recibió de médico en la UNAM y se especializó en medicina comunitaria en Londres. Su formación profesional supone una preocupación por la comunidad, opuesta a la declaración citada arriba y al complemento que expuso luego: “…los hechos de los días 26 y 27 de septiembre competen al estado de Guerrero, porque se dieron en Iguala. El alcalde es el principal responsable, yo no sé por qué tenemos que estar buscando cosas donde no existen.” Fue como decir ‘Ya dejen en paz al Presidente, él es inocente’. ¡Insólito que un rector, y sobre todo el de la UNAM, se exprese así ante la desaparición de 43 jóvenes estudiantes! Y es el colmo que la voz oficial salga a decir que José Luis Abarca no quiere decir nada, como si esa fuera razón suficiente para considerar agotadas las posibilidades de investigar al implicado. Esa postura contrasta con la tortura que el Estado aplica a los ciudadanos incómodos para que confiesen incluso delitos que no han cometido.
Ayer, en Chilpancingo, el Procurador Murillo Karam informó a los padres de los 43 desaparecidos que fueron encontradas seis bolsas con cenizas. ¿Qué sucederá si un día la PGR informa que los 43 normalistas de Ayotzinapa están muertos? ¿Arderá Troya? Es una posibilidad que ven cercana muchos analistas y ciudadanos a nivel banqueta. Y no es difícil que se dé, sobre todo porque a raíz de esta tragedia se van destapado más actos de autoritarismo criminal, de complicidad y de impunidad, que ahora sí tienen la resonancia que merecen y engendran cada vez más indignación. Son graves violaciones a la ley cometidas por las autoridades encargadas de impartir justicia. Parte perseguidora y acusada, juez y parte, autoritarismo puro.
Varios cientos de alumnos de diversos planteles ayer “clausuraron” simbólicamente la sede de la PGR en Av. Reforma, en una manifestación pacífica que acusó al Estado de ser el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El único incidente violento fue protagonizado por un grupo de encapuchados que lanzaron pintura roja y piedras contra la fachada del edificio. Es obvio que se trató de infiltrados, ya nadie lo duda por las evidencias previas.
Hemos llegado al punto de sospechar de todo, de desconfiar de todos los niveles de gobierno y de sus aliados. Por ejemplo, en las redes sociales ya se plantea algo que no es descabellado: el silencio que impera sobre Tlatlaya desde que surgió Aotzinapa, ¿no será una estrategia para que la opinión pública se olvide del primero –ocurrido en Edomex, gobernado por el PRI– a costa del PRD, que gobierna en Guerrero? De ser así, estaría marcando el inicio de las campañas electorales del año próximo.
Nos ahoga una crisis generalizada de gobierno ante la que Peña Nieto no sabe qué hacer, porque su equipo tampoco. No les ha resultado culpar al crimen organizado, como otras veces, debido simplemente a que anoche se cumplieron 43 desde la desaparición de los 43 normalistas. Y porque se han encontrado muchas otras fosas y seis bolsas con cenizas, pero no a los estudiantes. Y porque cuentan con todos los recursos para haberlos hallado en mucho menos de seis semanas. Y porque cunde la idea de que el Estado, encargado de resolver el caso, es el autor de la tragedia. Porque sabemos que el aparato gubernamental es muy capaz… de cualquier cosa.
