Guanajuato ha vivido un repunte impresionante en sus índices delictivos en la cantidad de homicidios dolosos y en la percepción de inseguridad de sus ciudadanos en los últimos dos años.

Los datos están allí, en las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad; en las encuestas de victimización y percepción de inseguridad del Inegi; y en los recuentos hemerográficos que realizan organizaciones como el Observatorio Ciudadano de León.

Los especialistas parecen no tener discrepancias: en Guanajuato el panorama de la seguridad se ha complicado y sus autoridades locales no parecen tener idea de qué es lo que está pasando y menos aún de cómo enfrentarlo.

Cuando llegó a la gubernatura Miguel Márquez Márquez, en septiembre de 2012, la situación era completamente diferente. Se percibí la violencia y la inseguridad rampante como acontecimientos a los que Guanajuato era ajeno. Se vivía el boom de los acuerdos para el establecimiento de inversiones extranjeras espectaculares, particularmente de la industria automotriz y de autopartes.

Fue en ese contexto que el mandatario, recién llegado y con un bono de novedad a su favor, se embarcó en un proyecto de seguridad apoyado en tecnología que hipoteco por seis años al estado para instalar una red de arcos carreteros y videocámaras en los principales municipios de la entidad. El costo total será, al final del gobierno marquista, de 2 mil 700 millones de pesos, quizá más.

Sin embargo, el proyecto no fue parte de un esquema integral de prevención. Se apostó solo a la compra de equipo y al monitoreo, peor no a la capacitación policial, a la creación de fuerzas de reacción y a la construcción de centros de inteligencia no solo tácticos, sino también de planeación y prevención.

A la vuelta de dos años de la instrumentación del Programa Escudo y de que se haya fincado un espectacular contrato en un clima de falta de transparencia y mediante la designación a un solo proveedor de credenciales cuestionables, Seguritech, donde los principales defensores de ese gasto fueron los propios funcionarios del área policial convertidos en voceros y publirelacionistas de los empresarios, las cosas han empeorado.

Como la venta de la cuantiosa y opaca inversión fue precisamente “el blindaje” de Guanajuato para impedir la entrada de la violencia que asolaba a entidades vecinas, particularmente Jalisco y Michoacán, el hecho de que se viva hoy un pico de ejecuciones, feminicidios y asaltos con violencia ha puesto en un predicamento a las autoridades locales.

Los principales defensores del Programa Escudo, el Procurador Carlos Zamarripa y el Secretario de Seguridad Álvar Cabeza de Vaca, han optado por el silencio. Su ofensiva mediática de los primeros meses cuando todos los boletines del área policial se referían a las bondades de “escudo” y le atribuían hasta la detención de conductores ebrios, ha dado paso a una terminante falta de explicaciones sobre el auge de la violencia delictiva en estos días.

Ha tenido que ser el Gobernador Miguel Márquez quien salga a dar la cara para ofrecer explicaciones, por cierto con muy poco tino.

Ante la innegable realidad de que han aumentado los homicidios violentos, reflejado no solo en las secciones policíacas de los medios locales que ya son las portadas principales un día si y otro también, sino en las estadísticas oficiales, el gobernador ha pergeñado la tesis de que Guanajuato es un estado “culturalmente violento”, de que aquí nos matamos casi por gusto en cualquier ocasión festiva.

Acogido a la filosofía de cantina josealfrediana, a la que no se le conocía adepto como si lo es por ejemplo el perredista Carlos Navarrete, el panista Miguel Márquez ahora quiere explicar la crisis de la seguridad, que es directa responsabilidad de su gobierno, en la simplificación vernácula de que en Guanajuato “la vida no vale nada”.

Una vez que no funcionó el gasto polémico y criticado de Escudo, una vez que la violencia se apoderó de Guanajuato no por una invasión de factores externos sino por quiebras del marco institucional local, lo único que le queda a los gobernantes para continuar evadiendo los problemas y la necesidad de actuar frente a ellos, es una pobre sociología de bolsillo que pretende responsabilizar a los ciudadanos del fenómeno delincuencial para exculpar a los gobernantes.

Mal andamos cuando quien tiene la responsabilidad de las decisiones políticas y el manejo de los recursos públicos escurre el bulto y solo ofrece justificaciones carentes de imaginación y de claridad lógica.

Con razón no hay más política pública en esta y en otras materias que la del avestruz.

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Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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