El caso del multihomicidio de la Narvarte, lejos de estar resuelto está plagado de dudas, incongruencias, manipulación, lo cual aleja a los familiares de las víctimas de la verdadera justicia. A pesar de que medios de comunicación y periodistas han buscado —insistentemente—reducir el lacerante hecho a un simple robo, aún desconocemos la verdad.

Han pasado muchos días y el Gobierno del Distrito Federal ha cambiado su estrategia de comunicación respecto al caso Narvarte. El gobierno local ha optado por el silencio. Al mismo tiempo, se propaga en los medios de comunicación la vehemente defensa del robo a través de doctas plumas periodísticas. Dudo que sea coincidencia, y lo dudo porque es notoria la similitud con la versión oficial de algunos de los hechos.

Me llama poderosamente la atención la columna —en El Universal— de Héctor de Mauleón, en la que hace un análisis del caso. Con una perfecta cadencia narrativa, el periodista señala que tuvo acceso al expediente que obra en el Poder Judicial y lanza dos conclusiones que me dejan inquieto: 1. Nadie más participó en el homicidio. Lo que me provoca pensar, ¿se podría concluir que no hay actor intelectual? Porque la participación de un tercero puede ir más allá de recorrer la ciudad en una Suburban azul metálica, me parece. Y,  2. Califica los hechos como producto de un robo. ¿En serio ya podemos llegar a esa conclusión?, ¿podemos, entonces, descartar ya todas las otras líneas de investigación que aún no desarrolla la Procuraduría?, ¿qué pasó con la idea de no prejuzgar un caso hasta que se agoten todas las líneas de investigación? Al parecer, algunos se convencen con muy poco.

Para justificar su desatinada conclusión, Héctor de Mauleón nos lleva de la mano a lo largo de la labor de inteligencia y análisis informático desplegado por la Procuraduría del Distrito Federal. Las siete llamadas que uno de los implicados, Abraham Torres Tranquilino, hizo a Mile Virginia. Las 500 cámaras que registraron el trayecto que siguió la Suburban azul en la que se transportaron los tres supuestos responsables hasta el lugar de los hechos. La identificación de Omar Martínez, el último de los detenidos, mediante un estudio pericial que encuentra coincidencias entre los tatuajes filmados por las cámaras y los que realmente tiene en sus brazos.  El extraño suceso, carente de explicación, en el que se estacionan el Mustang y la Suburban donde los tres sujetos (mismos que hoy están detenidos) intercambian un sobre y una maleta negra.

Artículo 19 es coadyuvante y representa a los familiares del fotoperiodista Rubén Espinosa. También ha tenido acceso al expediente que consta de 14 tomos y 8,000 fojas (¿será el mismo que revisó De Mauleón). A nosotros, a diferencia de Héctor, nos quedan más dudas que certezas. Las decenas de horas invertidas en la defensa, revisando a detalle las diligencias hechas por las autoridades, advierten que el expediente tiene serias incongruencias y, más grave aún, demasiadas preguntas sin resolver para poder concluir, tajantemente, que el móvil fue un burdo robo de un sobre y una maleta con contenido desconocido.

“Llamaron y textearon sin parar durante 30 minutos”, señala Héctor de Mauléon. En efecto, así lo informa el expediente. Pero más allá de, con este dato, conocer la adicción por el celular de los implicados, me parece que la pregunta siguiente es a quién llamaron y textearon. Un funcionario del GDF dijo que habían sido llamadas equivocadas. Tomemos esa respuesta como una broma. Lo cierto es que el hecho descrito no dice nada. Ahora bien, si se inviestiga con quién y para qué textearon y llamaron, el hecho cobraría valor probatorio. Tampoco se ha dilucidado cómo tres sujetos, en menos de 43 minutos, llevaron a cabo lo que se conoce, en términos criminalísticos, como una “ejecución ordenada”. Se ha consultado con peritos en criminalísitca —como parte de la defensa— y han señalado que este tipo de ejecución ordenada requiere de elementos de precisión y planeación con los cuales no cuentan los detenidos. En otras palabras, desconocemos la secuencia de los hechos en el interior del departamento durante esos fatídicos minutos del 31 de julio, y desconocemos también las razones de la tortura contra las víctimas. Aquí debemos hacer una pausa importante. Desconozco los motivos de Héctor de Mauleón para afirmar lo siguiente sobre Mile Martín: “…—única que mostró señales de abuso y tortura”. La afirmación es incorrecta: Rubén y Nadia también mostraron señales de tortura. ¿Por qué la afirmación equivocada?

Ellos —los detenidos— ejecutaron, en todo caso, pero la pregunta central del móvil sigue sin respuesta.

Cuando de apoyar versiones oficiales se trata, hay un cúmulo de información que se mantiene deliberadamente en la sombra. Por ejemplo, no menciona Héctor de Mauleón el extraño hallazgo de evidencia (droga, USB, computadoras y celulares) en el departamento dos días después de los hechos, algo poco creíble por parte de la Procuraduría; la inexistencia de datos sobre el robo desde las primeras horas (tal como lo anunció el procurador); el hecho de que el único robo por el cual se acusa a los tres implicados sea el de un “cochinito” con 6,000 pesos que pertenecía a la roomie. También se omite que no se encontraron maletas negras, ni droga ni armas en los domicilios de los tres sujetos acusados. Lo que obliga a la pregunta: ¿a quién le entregaron las cosas que —supuestamente— sustrajeron del departamento?

Una vez más, el problema no es asumir una postura, sino sustentarla en medias verdades. La estrategia de comunicación gubernamental radicó en la filtración de elementos del expediente, práctica que abonó a la desinformación propagada en medios de comunicación. El problema con las filtraciones es que se trata de una fracción de un universo mucho más amplio. El cuestionamiento de fondo radica en la responsabilidad ética que conlleva tener información sensible y tergiversarla. Lo condenable es presentar una investigación incompleta e insatisfactoria para las víctimas, como un portento de acceso a la justicia en este país.

La urgencia por resolver el caso Narvarte es inminente, tanto para las autoridades como para los familiares de las víctimas. A pesar de que se ha aportado información sobre las amenazas a Rubén Espinosa y a Nadia Vera en Veracruz, las diligencias de la Procuraduría no han sido más que una cortina de humo en los medios. Claramente, la intención no es seguir esa línea de investigación. Y mal haría la defensa en aferrarse a que el homicidio fue resultado de lo vivido en ese ingobernable estado. Pero mal también hacen aquellos periodistas que afirman —con tan pocos elementos en la mesa— que el móvil fue un robo.

El punto central es ése: conocer cuál fue el motivo para ejecutar ordenadamente a cinco personas con antecedentes, actividades y profesiones distintas. Debido a la trascendencia social que ha tenido este hecho, y más allá de filias, fobias y vocerías, el umbral para todos considerarse satisfechos con los resultados debería ser unánime. Pero afirmaciones superficiales —me parece— solamente abonan a la desinformación y a que la autoridad se sienta cómoda con una actuación deficiente. Así nunca sabremos qué pasó y porqué pasó, y la zozobra seguirá instalada en muchos de quienes habitamos en lo que pensábamos era un lugar seguro: la ciudad de México.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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