Cleveland es una de las ciudades más inseguras de Estados Unidos. Con este pretexto, hace algunos meses un ciudadano estadounidense decidió recabar firmas a través de la plataforma Change.org para exigir que se permitiera la portación de armas al interior de la convención del Partido Republicano, a celebrarse del 18 al 21 de julio en esa ciudad. Más de 55,000 personas suscribieron online una petición gracias a una cuenta de email o login. Ellos no lo saben, pero es muy probable que sus direcciones de correo electrónico terminen siendo vendidas por Change.org a organizaciones afines a la causa de los simpatizantes, las cuales podrán enviarles directamente peticiones de apoyo.

Hay algo en esta historia que resulta incómodo. ¿Por qué Change.org, la principal plataforma para firmar peticiones en línea y un activo invaluable en la defensa de causas progresistas, haría semejantes cosas? Concebida originalmente como una organización sin fines de lucro, en 2012 Change.org decidió transformarse en una “corporación B”, una categoría de reciente creación en Estados Unidos en la que se agrupa a empresas enfocadas al “bien social” y que han cumplido con criterios de transparencia, desempeño y rendición de cuentas, pero que persiguen ganancias económicas.

Y vaya que se trata de una empresa rentable. De acuerdo con The Wall Street Journal (11/06/2012), solo en 2012, esta compañía generó utilidades por quince millones de dólares. Es altamente probable que esta cifra haya aumentado de desde entonces, en paralelo con el número de usuarios de esta plataforma. Los fundadores de Change.org se defendieron de las críticas generadas por este cambio argumentado que, a diferencia de lo que ocurre con empresas tradicionales, las utilidades de su compañía son reinvertidas en su totalidad. Este nuevo esquema, aseguran, les ha permitido crecer más rápido de lo que podía haberlo hecho una organización sin fines de lucro.

Pero lo que más preocupa de Change.org no es su búsqueda de ganancias, sino la forma en que las obtiene. Si esta organización ha sido calificada recientemente como “el Google de la política moderna” (Wired, 26/09/2013) es porque, al igual que ese y otros gigantes digitales, ha entrado al negocio de venta de datos de sus usuarios registrados a terceros.

La principal fuente de ingresos de las organizaciones sin fines de lucro vienen de donadores individuales, y gracias a la aplicación de algoritmos a su base de datos Change.org es actualmente capaz de predecir qué tan probable es que alguno de los más de quince millones de usuarios registrados que apoyó una petición en el pasado se interese en apoyar otra en el futuro. El siguiente caso ficticio puede ayudar a ilustrar cómo funciona este esquema: gracias a la predicción algorítmica sería factible determinar que quienes están a favor de la presencia de armas en la convención republicana tienen el doble de probabilidad que el usuario promedio de oponerse a los matrimonios homosexuales, y que quienes forman parte de los dos grupos anteriores cuadruplican el promedio de la posibilidad de apoyar la deportación de musulmanes. De esta forma, Change.org podría vender a las organizaciones que busquen deportar musulmanes la opción de pedir donativos o anunciar su petición directamente a aquellos que han firmado alguna de las anteriores.

Si lo anterior ha sido posible es porque junto con su estructura financiera, Change.org también modificó sus principios. Al momento de su fundación en 2007, la misión de esta empresa consistía en articular causas progresistas que fuera compatibles con los ideales de sus fundadores. Durante cinco años, la organización se mantuvo fiel a su visión original, modificando únicamente la forma de llevarla a la práctica. Sin embargo, en 2012, de acuerdo con una filtración publicada por The Huffington Post (13/01/2013), directivos de Change.org determinaron dar espacio en su plataforma a todo tipo de causas, incluyendo aquellas con la que estuvieran en profundo desacuerdo.

Desde luego que el vaso siempre puede verse medio lleno, y Ben Rattray, fundador y ceo de Change.org, no ha dudado en defender esta modificación argumentando que su idea es dirigir una plataforma abierta capaz de empoderar a cualquier agente de cambio independiente, y no una organización que se limite a respaldar a un sector determinado, por lo que su compañía no puede estar limitada a luchar por causas específicas. Lo cierto es que esta apertura ha derivado en eventos moralmente cuestionables; actualmente se toleran peticiones contra inmigrantes, musulmanes, la comunidad lgbt o mujeres víctimas de abuso sexual. Las únicas peticiones que pueden ser vetadas son aquellas que “dañen la marca de la compañía”; pero esta noción resulta gelatinosa si consideramos que la base de usuarios de esta organización está conformada lo mismo por liberales que conservadores.

Aunque entendible, los cambios en Change.org dejan una sensación de traición, pero son apenas una muestra más de un fenómeno al que no se le ha dado la suficiente importancia: en internet espacios que suelen ser considerados públicos son en realidad privados; es decir, son propiedad de particulares que los operan con el fin de obtener algún beneficio a cambio de sus servicios. Este problema rebasa a Change.org, que tan solo ha entrado al lucrativo negocio legal de mercantilizar los datos de sus usuarios. Los mecanismos globales para proteger la privacidad de los cibernautas son tan urgentes como necesarios.

Exigir a Change.org que preserve lo que nos gusta y deseche lo que nos molesta es válido; sin embargo, no debemos perder de vista que los usuarios no elegimos a los directivos de estas compañías y que, por ende, no tenemos forma de saber a ciencia cierta si compartimos con ellos ciertos valores o políticas comerciales. Bajo las reglas del mercado, si una compañía no le cumple a sus consumidores es más fácil que deje ir a los clientes decepcionados que aceptar cambios internos. Y esto es precisamente lo que ha propiciado el creciente éxito de nuevas plataformas para firmar peticiones que buscan retomar el original espíritu progresista y sin fines de lucro de Change.org; aunque es fácil intuir que esta historia terminará por crear un círculo vicioso.

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Antonio Salgado Borge

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Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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