Un video tomado por la cámara de seguridad de un comercio ha evidenciado un nuevo hecho nefando protagonizado por soldados del Ejército mexicano. Las imágenes repugnantes han sido ampliamente difundidas: los militares ejecutan a sangre fría a los presuntos delincuentes a los que perseguían y a los que sin dificultad sacado de un vehículo que previamente se había estrellado contra un muro de concreto y desarmado. 

El video muestra que los militares ya tenían el control de la situación. Si bien parece evidente que se trata de un grupo que estaba huyendo y traían consigo armas de grueso calibre, los soldados los desarman y bajan del vehículo sin resistencia, por lo que tenían condiciones para detenerlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público. En lugar de eso, los colocan frente al muro y los fusilan. Después, modifican la escena: toman las armas que habían recogido y las ponen a lado de los cuerpos para simular un enfrentamiento. Además, el superior que llena el informe miente sin recato a la hora de narrar los hechos.

Se trata de una nueva prueba de algo que sabemos quienes observamos críticamente el proceso de militarización de la seguridad desde hace décadas: de manera cotidiana los militares detienen arbitrariamente, torturan, desaparecen y asesinan a presuntos delincuentes y también, en no pocas ocasiones, a personas que nada tienen que ver con el conflicto interno armado que vive el país desde la infausta declaratoria de guerra al narcotráfico de Felipe Calderón, la cual no ha parado por más que el Presidente de la República se afane por declarar lo contrario. Las violaciones a los derechos humanos tienen un carácter sistemático y pueden ser consideradas como crímenes de lesa humanidad.

El Presidente López Obrador, de manera predecible, ha salido a decir que se trata de un hecho aislado y que “no se ordenó desde arriba”. Según él, durante su Gobierno ya no ha habido masacres protagonizadas por la milicia y ya las cosas cambiaron porque él no ordena matar. El reiterado discurso presidencial deja implícito que sus antecesores Felipe Calderón y Peña Nieto sí le habían ordenado a las Fuerzas Armadas aniquilar a los criminales, pero él no. Sin embargo, tanto López Obrador como Peña y Calderón han puesto a una maquinaria de guerra a cargo de la contención de la delincuencia, lo que los hace responsables del actuar castrense, que en la historia mexicana no ha significado otra cosa que la confrontación armada del bandidaje, desde el siglo XIX.

Durante el régimen del PRI, los militares fueron usados como agentes de la represión de los movimientos sociales y lo hicieron desapareciendo y asesinando a líderes y militantes opositores. Además, siempre que los soldados hacían el trabajo de policías actuaban con el estilo militar de contener violentamente las amenazas, en lugar de acumular pruebas para un juicio legal. Los oficiales del Ejército organizaban o llevaban a cabo torturas o ejecuciones extrajudiciales con impunidad. No fueron infrecuentes las matanzas de campesinos disidentes o de bandidos producidas por el Ejército, como cuando en 1943 el Ejército respondió a intentos de rebelión en Morelos y el Estado de México ejecutando sumariamente a todos los “bandidos” que encontraban; lo mismo ocurrió por esos años en Nayarit (Rath, 2015). 

Más conocidos son los casos posteriores, como el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en los tiempos de la Presidencia de Adolfo López Mateos, la represión al sindicalismo ferrocarrilero en ese mismo sexenio, a los movimientos estudiantiles durante el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y la guerra sucia emprendida durante el Gobierno de Luis Echeverría, entremezclada ya con la guerra contra las drogas declarada por presiones del Gobierno de Richard Nixon en los Estados Unidos. El Ejército mexicano ha sido durante buena parte de su historia, una fuerza represiva que nunca ha respetado los derechos humanos.

El cambio de régimen no trajo consigo una reforma de las Fuerzas Armadas para convertirlas en un cuerpo estrictamente constitucional. La milicia a la que López Obrador le ha encargado no sólo tareas de seguridad, sino de gestión pública especializada es la misma de los tiempos del PRI, con sus mismas prácticas organizacionales, acostumbrada a no rendir cuentas y a actuar en la mayor opacidad con la complacencia de los políticos civiles. Es al menos ingenuo pensar que, como el Presidente les dice que se porten bien, si es que en realidad se los dice, se van a convertir en una fuerza impecable de paz.

Los índices de letalidad (número de muertos de civiles presuntos delincuentes por cada herido en enfrentamientos) de las actuaciones del Ejército durante lo que va de este Gobierno, según lo ha documentado el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, sigue siendo altísimo y tal vez la única diferencia respecto a lo documentado durante los gobiernos anteriores se deba al subregistro y a la mayor opacidad en la información cada vez menos pública.

Por más que el Presidente lo diga, lo ocurrido el 18 de mayo y que anteayer conoció todo el país no es un hecho aislado. Es, por el contrario, un comportamiento sistemático de las Fuerzas Armadas. Si el video no se hubiera hecho público, de seguro el Ejército hubiera ocultado el brutal incidente, como lo ha hecho en el pasado con cientos de casos similares que han sido reportados como “enfrentamientos”, pero en los que en realidad ha habido ejecuciones (en México toda ejecución es extrajudicial, pues no existe pena de muerte), siembra de armas y, desde luego, ninguna investigación posterior.

La construcción de la paz no se va a lograr si las fuerzas del Estado se comportan igual que los delincuentes o peor. La superioridad ética del Estado sólo se consigue si renuncia al asesinato y a la venganza, para actuar con estricto apego a la Ley y a los derechos humanos, con presunción de inocencia, investigaciones bien hechas y con juicios justos. Mientras en México se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad por parte del Estado, la violencia descarnada será la norma.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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