Les llaman la clase dorada.
Su poder lo deben a todos los miembros de la sociedad mexicana, misma que ignoran y con frecuencia menosprecian, salvo cuando hay elecciones.
Son de las instituciones con menor credibilidad en el país. Pero eso no les importa, porque no les ha afectado en lo más mínimo para aumentar su riqueza y consolidar su poder.
Sí, son los partidos políticos de México.
Nada más en la última década, entre 2000 y 2010, se gastó para actividades electorales federales –vía el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)– un monto superior a los 104 mil millones de pesos, de los que 32 mil millones se destinaron a 16 partidos políticos; en especial siete –PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, CD y Panal–recibieron más de 94% del total.
Además, en este 2011, los partidos políticos ingresaron otros 3 mil 300 millones de pesos. Sólo esta cifra es mayor al costo del edificio de la nueva sede del Senado de la República y poco menor al presupuesto anual de 2010 para el Subsidio en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y Distrito Federal (SUBSEMUN).
País de pobres, partidos ricos
Según cifras oficiales del Instituto Federal Electoral y de la Subdirección de Economía del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, durante el periodo de referencia, los montos que recibieron cada uno de los partidos fueron los siguientes:
-Partido Revolucionario Institucional (PRI): 8 mil 919 millones de pesos.
-Partido Acción Nacional (PAN): 8 mil 847 millones de pesos.
-Partido de la Revolución Democrática (PRD): 5 mil 128 millones de pesos.
-Partido Verde Ecologista de México (PVEM): 2 mil 765 millones de pesos.
-Partido del Trabajo (PT): 2 mil 295 millones de pesos.
-Convergencia por la Democracia (CD): mil 986 millones de pesos.
-Partido Nueva Alianza (Panal): 949 millones de pesos.
Sistema oneroso y bajos rendimientos
Además, en esta década sólo siete de un total de 16 partidos políticos, lograron mantener su representación en el Congreso de la Unión, mientras que otros nueve –que recibieron un total de mil 896 millones de pesos– perdieron su registro por no lograr el porcentaje mínimo de votación de 2%, establecido en el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe).
Los partidos políticos que perdieron su registro y recibieron financiamiento público son los siguientes:
-Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC): 568 millones de pesos.
-Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN): 441 millones de pesos.
-Partido Alianza Social (PAS): 433 millones de pesos.
-Partido Liberal Mexicano (PLM): 97 millones de pesos.
-México Posible (MP): 97 millones de pesos.
-Fuerza Ciudadana (FC): 95 millones de pesos.
-Partido del Centro Democrático (PCD): 54 millones de pesos.
-Democracia Social (DS): 54 millones de pesos.
-Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM): 53 millones de pesos.
Y hay más.
Si estas cantidades no parecen suficientes, hay que destacar que en esta suma no están integradas las cantidades que entre 2000 y 2010, y por financiamientos públicos, recibieron los partidos políticos para elecciones de gobernadores, diputados locales y presidentes municipales. Mucho menos se incluyen los más de 400 millones de pesos que gastaron, de 1997 a 2007, las Agrupaciones Políticas Nacionales (APNs).
El sistema más caro de partidos políticos
Al respecto, un estudio de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) compara a 19 países de América Latina y sostiene que México es la nación con el sistema de partidos políticos más caro.
La principal diferencia entre México y el resto de los países comparados, plantea el análisis, tiene que ver fundamentalmente con el monto “extremadamente elevado” del financiamiento público directo, ya que los valores en México son más de 18 veces superiores al promedio de la región.
“Puede argumentarse que los criterios de adjudicación utilizados en México se encuentran entre los más generosos de la región en el sentido de favorecer a los partidos de menores dimensiones”, sostiene la investigación comparativa del IFES realizada como parte del convenio de cooperación internacional que mantiene con Instituto Federal Electoral.
El documento que también reconoce que en México, a diferencia de otros países latinoamericanos, se tienen mecanismos electorales más completos e integrales; destaca que en este país prevalece un “mucho mayor costo” de mantenimiento del sistema de partidos políticos, así como en lo que hace a los gastos ordinarios y los de campaña.
Además establece que los actores responsables de definir esos elevados costos son los propios partidos políticos, a través de sus representantes, y no hay factores que actúen de contrapeso en esta tendencia.
Se ha argumentado, precisa el análisis, que las reformas de 2007-2008 resultan en una significativa disminución de los aportes del Estado a los partidos políticos, lo cual es cierto si se deja fuera del cálculo a los tiempos en radio y televisión correspondientes al Estado y que el IFE distribuye ahora entre los partidos políticos. Pero suponer que por el hecho de no implicar un costo directo no tienen valor es incorrecto, “porque aunque los tiempos gratuitos no implican erogación directa, son extremadamente valiosos aún cuando no se otorgue su valor comercial, ya que al usarlos para las campañas electorales se marginan otros fines importantes y valiosos como la promoción de campañas de vacunación y actividades similares. Por ello si se contabiliza ese costo oculto, el monto total de los gastos de campañas aumenta significativamente”.
Los investigadores del IFES destacan también que la información ofrecida sobre los partidos políticos o proporcionada por los mismos en informes de un promedio de 800 páginas (o de alrededor de 250, en el caso de las organizaciones políticas nacionales) resulta de muy difícil lectura y limitado impacto, por ello recomiendan:
“Sería necesario que el IFE resumiera y sistematizara esa información de modo que sea inteligible para el público en general. Mientras ello no se haga, no se obtendrán todos los beneficios posibles de la transparencia”.
La democracia minimalista
El doctor en Ciencia Política e investigador de la UNAM, cuya línea de estudio es el financiamiento de los partidos políticos, Francisco Javier Jiménez Ruíz, propone crear mecanismos donde prevalezca la lógica de la racionalidad política-económica, porque hasta ahora el sistema de partidos políticos en México ha sido de “muy alto costo” y de “muy bajo rendimiento”.
En el análisis comparativo con otros países cuyas democracias están más avanzadas, añade, resulta “oneroso” ver que un voto válido para Presidente de la República en México cueste 10 veces más caro que en Francia, 12 veces más que en Japón y 17 veces más que en Alemania.
“Entre más eficaces son las democracias se descubre que sus costos son más baratos, en especial sus procesos electorales; entonces, el voto válido de los ciudadanos cuesta menos económicamente y, en términos democráticos, es más valioso”, añade.
El especialista reconoce que en México los partidos políticos han sido elementos fundamentales y exitosos para lograr la representación política y conformar gobiernos, lo cual es clave en cualquier democracia representativa. Sin embargo, ha llegado el punto de cuestionar la viabilidad y el costo económico de esta “democracia minimalista” donde, explica, “se gastan cantidades extraordinarias de dinero proveniente de recursos públicos para conseguir lo mínimo de lo mínimo de la democracia”.
En este sentido propone disminuir sustancialmente los costos de financiamiento electoral, para destinar esos recursos hacia salud, educación y vivienda, en vez de seguir privilegiando a las élites partidistas, ya que los recursos que éstas reciben no se ven reflejados en beneficio directo de la sociedad.
Con la modificación del marco jurídico respectivo y la perfección de los mecanismos de fiscalización, afirma, es viable reducirles a los partidos políticos el financiamiento público y, a la vez, permitirles el aumento del financiamiento privado. Esta operación de racionalidad política-económica obligará a las élites de los partidos a atender verdaderamente los problemas y las necesidades de los ciudadanos, de lo contrario no conseguirán el apoyo económico necesario, agrega.
La crisis de credibilidad y de legitimidad que padecen los partidos políticos con la sociedad, insiste, se debe en parte al abuso del financiamiento público, en cuya conducta está inmerso un problema “grave” de corrupción, ya que a lo público se le da un uso de patrimonio privado.
Precisa, sin embargo, que “a través de sus dirigentes y por medios de sus coordinadores parlamentarios en las cámaras de diputados y senadores, ahora los partidos políticos tienen un auge en términos de incremento del poder, ya que imponen las reglas del juego político a su conveniencia y deciden el futuro de este país bajo sus intereses de partido.
El “falso debate”
El consejero del Instituto Federal Electoral, Alfredo Figueroa Fernández, ataja: “Ese es un “falso debate” porque, más allá de que los montos del financiamiento público que se otorgan a los partidos políticos –sea mucho o poco dinero–, lo que hace falta es implementar una serie acciones adicionales relacionadas con la reforma política del Estado”.
La disminución o el aumento de los recursos económicos públicos para los partidos por sí solos no resuelven el problema de desvinculación con la sociedad, tampoco fortalece el sistema de partidos y mucho menos el proceso democrático del país, insiste.
Por ello propone legislar sobre una Ley de Partidos Políticos que obligue a sus dirigentes a manejarse con mayor trasparencia, establecer condiciones más democráticas en su vida interna y, sobre todo, respetarlas como una vía para superar el rechazo y la desilusión que hay hacia los partidos como consecuencia de una falta de vinculación entre sus dirigentes y la sociedad.
Esta ley, precisa, en principio debería cambiar la fórmula de elegir a sus dirigencias, estudiar su representatividad a nivel geográfico, modificar sus condiciones de participación, informar a sus militantes sobre todos los recursos que les ingresan por la vía pública y privada e instaurar asambleas generales para elegir candidaturas.
Los partidos políticos han cumplido con una labor determinante e histórica en el proceso democrático de este país y el que se les quite el financiamiento público “me parece” –dice el consejero– “una paradoja que en realidad esconde un mecanismo donde se alimenta la posibilidad de que éstos dependan cada vez más del financiamiento privado y, por lo tanto, de los poderes privados que todavía, de modo salvaje, se presentan en la vida pública”.
Tampoco considera que el problema de desvinculación entre los dirigentes de los partidos y la sociedad esté relacionada con los montos del financiamiento público: “Eso no es correcto, más bien hace falta un proceso de mayor democratización en la vida interna de los partidos donde su permanencia en el espacio público y en el sistema se deba a su vínculo con la sociedad”.
A su juicio, los partidos políticos tienen que ser entidades con una presencia superior a los procesos electorales, pero hay cosas adicionales que tenemos que “preguntarnos” en este país: ¿Cuántos partidos debe admitir el sistema? ¿Debe haber candidaturas ciudadanas? ¿Qué relación debe darse entre los grupos parlamentarios? ¿Cuál es el vínculo con el Poder Ejecutivo? ¿Cómo reformar el Poder Judicial?
En fin, agrega, es así como el horizonte de cambios podría concitar un nuevo impulso social, político, partidista e institucional, que abran nuevas posibilidades a la sociedad y no reduciendo únicamente los montos del financiamiento público para los partidos políticos.
