El Instituto Nacional de Elecciones después de muchos argumentos esgrimidos en pro y en contra, podemos advertir que por primera vez ocupa el centro de las negociaciones políticas al interior de los poderes de la unión, esto sin dejar de lado que debemos ser conscientes del “cartelismo legislativo” como lo he comentado en anteriores columnas.
Si bien es cierto este tema no es ninguna novedad, pues quienes hemos hablado sobre el tema o desde un enfoque más académico hemos coincidido en que resulta por demás necesaria la adopción de este organismo a nivel nacional.
Primeramente debemos establecer que muy pocos institutos electorales en los estados cuentan actualmente con una estructura del servicio profesional de carrera, que quizá sea de las pocas instituciones operativas dignas de elogiar en la actualidad del IFE, y en los que se ha implementado cuenta con muchas deficiencias procedimentales y operativas.
Sin duda alguna y bajo una mirada “sospechosa”, los Institutos Electorales en los estados están integrados por un promedio de entre seis y diez consejeros electorales, nombrados de acuerdo a la Constitución de cada estado, de manera objetiva, trasparente, previo análisis minucioso por parte del Congreso según sea el caso de las candidaturas y hoja curricular. Lo anterior claro está en un plano discursivo, ya que debemos saber y entender que estas posiciones son cuotas partidistas, son enviados y operadores gubernamentales, en la mayoría de los casos, la elección de estos miembros obedece a fines político-electorales y que en su mayoría no siempre son elegidos los mejores y más aptos para el cargo.
En esta parte es donde se gesta toda la problemática respecto a la vida electoral y de las instituciones. Ejemplificando de una manera muy sencilla podemos esgrimir que si asignamos un presupuesto para elecciones de 150 millones de pesos en promedio por cada uno de los 32 estados, nos resultarían 4,800 millones de pesos en el entendido de que sólo se realiza como un mero ejercicio mental que amplíe un poco el panorama que se intenta plasmar en esta columna, ya que por citar un ejemplo, el Instituto Electoral del Estado de México superó los dos mil millones de pesos de presupuesto en 2012. Para este 2013, Puebla ejercerá 255.7 millones de pesos; Hidalgo, 249 millones de pesos; Chihuahua, 221.5 millones; Durango, 214 millones; Zacatecas, 163.8 millones y Sinaloa, 162.7 millones de pesos. Pero seamos benevolentes y dejémosle en 150 millones, esto sin contar las prerrogativas otorgadas a cada instituto político que son otros cuantos miles de millones más y si le sumamos el presupuesto ejercido en 2012 por el IFE de 16 mil millones para el último año de los cuales cinco mil millones fueron financiamiento público a partidos políticos, obtenemos un total de 25 mil millones 800 mil pesos.
La democracia mexicana en los últimos 20 años nos ha costado a los mexicanos algo así como 194 mil millones de pesos.
Ahora, no todos los ciudadanos tienen claro las distinciones de sueldos entre los niveles del Consejo General del IFE, un consejero local de un Instituto en algún estado, un consejero distrital del IFE, un consejero distrital local y municipal de algún estado.
Suena muy complicado sólo de nombrarlos. El promedio de ingresos de un consejero del IFE contemplando auxiliares, asistentes, camioneta, y chofer, entre otras cosas, asciende a tres millones 600 pesos al año –unos 300 mil pesos mensuales–, a diferencia de un consejero electoral en un estado quien percibe entre 34 mil y 112 mil pesos. Supongamos que en el plano estatal sean nueve miembros en los consejos, que al multiplicarlos por 32 da un total de 288 funcionarios de primer nivel estatal electoral por llamarles de alguna manera con un sueldo total mensual de 22 millones y un total al año de 259 mil millones de pesos sólo en sueldos de los Consejeros Estatales nombrados por lo general por seis años por los Congresos de los estados.
Pensemos ahora en consejeros distritales tanto federales como estatales: a nivel federal son 300 distritos que se integran por juntas distritales permanentes en el IFE, y que se complementan con ciudadanos que fungen como consejeros distritales para las elecciones federales con una dieta de 7,200 pesos mensuales, al mes significa ocho millones 640 mil pesos y a nivel local se integra más o menos con el mismo número de consejeros pero con un sueldo de 4,700 pesos multiplicados primeramente por 2,445 consejos distritales y 300 distritos son más de 12 millones mensuales, que multiplicado por el periodo electoral que dura la encomienda son algo así como 103 millones 212 mil pesos.
Aquí es precisamente donde surge el primer conflicto real –si es que después de leer las líneas anteriores no ha encontrado ningún dato que le genere conflicto–, pues en la mayoría de los estados se encuentran empatados o en términos electorales se cuenta con elecciones concurrentes, lo que genera la hipótesis de si en verdad resulta necesario gastar en un organismo como el IFE y en 32 órganos locales electorales, cuando uno solo de ellos puede encargarse de la organización de los comicios en los tres niveles –basta recordar que todos los institutos electorales recurren al padrón, listado nominal, incluso programas y materiales del IFE–.
El mayor y primer argumento esgrimido hasta ahora ha sido el económico. Los gastos de los 32 institutos electorales locales más el federal resultan excesivos, pero no sólo eso, por ejemplo, en 2012 en el Estado de México existió duplicidad en capacitadores, problemas para organizar las mesas directivas de casilla, integración de estas con sus funcionarios, se presentaron las casillas espejo. ¿En verdad resulta óptimo y eficiente brindar dos capacitaciones diferentes, integrar dos mesas directivas de casilla, pagar dietas a funcionarios electorales y no me refiero a los que se encuentran detrás de un escritorio, me refiero a los miles de mexicanos que hacen del INEGI, el IFE y de los Institutos electorales su “modus vivendi” como encuestadores, y capacitadores electorales, con sueldo inferiores a los tres mil pesos mensuales y que recorren día y noche las ciudades, y que es el único ingreso que perciben, temporalizando su empleo entre estas tres instituciones? Esto es un problema porque el concentrar todas las elecciones le repercutiría negativamente a muchos mexicanos y que en realidad son la parte fundamental de los procesos electorales –al menos, creo yo, que son quienes hacen posible que una elección salga adelante–.
En el mismo sentido soy un convencido de la instauración de la Segunda Vuelta Electoral. Y sin entrar en esa discusión por ahora, sólo ejemplifico un dato publicado por la Fundación Internacional de Estudios Electorales: para las elecciones brasileñas de 2010 se ejerció un presupuesto en las dos vueltas electorales por tres mil millones de pesos y el listado nominal brasileño es de 140 millones de votantes, lo cual evidencia sin duda lo gastado por nosotros en una sola vuelta electoral.
El segundo argumento se refiere al andamiaje electoral, el plano político. Debemos de considerar la tesis de que los institutos electorales estatales han sido cooptados por los partidos políticos, que los nombramientos de sus consejeros como se ha advertido obedece a intereses, negociaciones y cuotas, específicamente un candidato a consejero debe pasar por el visto bueno de un@ secretari@ general de Gobierno, contar con la venia del Gobernador@, o en el mínimo del poder tener un buen padrino, ser parte de una buena negociación y/o imposición. Una vez nombrados, se encargarán de nombrar a su vez a los consejeros distritales que deben pasar filtros de no haber sido representante de partido alguno, quizá el único filtro legal y objetivo operado en la actualidad, pero lo más importante es el filtro de los propios representantes de los partidos políticos y los consejeros, es decir, se designarán estos cargos en la misma modalidad como ellos fueron nombrados, pero con intereses en niveles inferiores, es decir, “mini operadores” de los Consejeros nombrados pares en los distritos. Todo este panorama pone sin duda en tela de juicio la operatividad de los institutos, la credibilidad de quienes son nombrados y por supuesto señalan a los que designan es decir lo que llamo esa especie de “cartelización legislativa”, es decir, todo este sistema actúa como un perfecto cártel, donde hay poder, dinero, corrupción, negociaciones, tráfico de influencias, un padrino, el líder, tropa, operadores, etc.
Podemos advertir un pecado de origen en la forma en que se designa a los consejeros electorales. Son las lógicas de cuota y de veto utilizadas entre los partidos políticos que, a la postre, actúan en detrimento de la necesaria autonomía y convierten a la supuesta ciudadanización en una ficción, sin distinción de color, ubicación política y partido utilizando sus dos caras.
La creación del Instituto Nacional de Elecciones generaría sin duda un importante ahorro partiendo de los números expuestos anteriormente, traería como consecuencia una restructuración electoral en el país, se desvincularían de los poderes fácticos de los gobiernos de los estados, modificaría la percepción ciudadana por la falta de confianza en las instituciones democráticas del país y reduciría los índices de abstención.
En pocas palabras tenemos la primera “cara”: el dilema no es sencillo políticamente hablando, se puede plantear eliminar 32 institutos electorales, reducir miles de millones de presupuesto de estos institutos, poner las elecciones en manos de un solo órgano a nivel nacional encargado de organizar las elecciones “concurrentes” en los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Se puede aprovechar la estructura de los juntas distritales del IFE en los estados, que actualmente operan de manera permanente, no así en los institutos estatales que operan sólo en proceso electoral. En el mismo sentido, se puede intentar darle la mayor trasparencia y objetividad al nombramiento de los consejeros nacionales, en las representaciones estatales y municipales de carácter permanente se deberá elegir a los más aptos, a quienes demuestren tener los conocimientos suficientes, nombrados por la sociedad civil, los más y mejores preparados. Hace algún tiempo pensaba en el proceso de selección de consejeros del IFE y me planteaba hipotéticamente una elección sin vicios, legal, honesta, respetando a los candidatos a ocupar el cargo. Imagine usted que los legisladores y la comisión encargada seleccionara a quienes cumplen los requisitos, los ordena de acuerdo a un sistema de puntuación y deposita en una urna a los mejores candidatos y de entre ellos selecciona al azar a quienes se encargarán de ocupar los cargos, aquí sí no hay cuotas, palancas, compromisos, etc. Así tendríamos ciudades más limpias y una sola jornada electoral para elegir representantes.
El otro lado de la moneda y lo más difícil: “la cruz”. Los líderes políticos, los partidos políticos, Gobernadores y Secretarios, representantes políticos, los propios consejeros, sus secretarios particulares, todo el aparato burocrático “autónomo” de los 32 institutos, pasando por los altísimos niveles nacionales y de 20 años de instauración del IFE. “Realmente podemos imaginar que pasará algún día una propuesta en la cual se pretenda desaparecer al IFE y sus 32 hermanitos”. Esta propuesta se trata de transparencia, de legalidad, de honestidad, de racionalidad económica, de conciencia ciudadana, de buscar el bien común y ese bien común es México y sus habitantes, se trata de una guerra contra el “Mando”, terminar de una buena vez con los “Cárteles Legislativos” para estar en posibilidades de implementar una diferencia notable respecto de los Institutos en comento, devolviéndole la confianza ciudadana, convirtiéndole en la autoridad más respetable de este país.
Así que expuestas las dos caras de la moneda, ¿a usted cuál le parece más cara? O más bien deberíamos preguntarnos: ¿a quién le resulta más cara: a los ciudadanos o al sistema?
