El presidente Felipe Calderón Hinojosa perdió Michoacán. No se lo ganó el PRI. La realidad es que esa entidad le pertenece al narcotráfico. Mafiosos han erigido un estado alterno. No es Estado de Derecho, es Estado de Horror. Los capos de dos estructuras criminales son los responsables de la seguridad, el desarrollo económico y el cobro de impuestos. Tres potestades del Estado mexicano en manos de delincuentes.

Los narcotraficantes mexicanos, pertenecientes a una de las más de 25 organizaciones criminales que actualmente delinquen en territorio nacional, poco a poco van minando no la capacidad, sino la facultad del Estado mexicano para administrar los bienes de la nación en beneficio de la población.

Sabido es y documentado está, que cuando Calderón Hinojosa accedió al poder federal luego de una elección impugnada, en la República se contabilizaban menos de diez cárteles de la droga. Hoy día esa cantidad prácticamente se ha triplicado. A fuerza de balazos, divisiones criminales, enfrentamientos entre autoridades, detenciones sin estrategia y la ausencia de una estructura integral y efectiva de combate al crimen organizado, nos ha dejado a los mexicanos en manos de delincuentes.

En 2011, en el mensaje a propósito de su quinto año de gobierno, Calderón reconoció la existencia de once organizaciones criminales. La del Golfo, los Zetas, la Familia, la del Pacífico, el cártel de Jalisco, Nueva Generación, la Resistencia, los Beltrán Leyva, los Arellano, el cártel de Juárez, los Caballeros Templarios y la escisión de los Beltrán que organizó Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, detenido en el año 2010.

Pero aún sin el reconocimiento público del Presidente, pero sí documentada su existencia en indistintos expedientes en procuradurías de los estados y la propia General de la República, el cuadro criminal de organizaciones ilícitas lo completan:

Los Matazetas, el cártel de Acapulco, Gente Nueva, el cártel del Pacífico Sur, el cártel de Acapulco, el cártel de Guadalajara, el cártel del Centro Narco, el cártel de Jalisco, el cártel del Milenio, Los Pelones, Los Güeros, La Barredora, Los Aztecas, La Línea, el de Colima, el cártel del Istmo, y otras bandas como la de los Aboytes en el Estado de México y Los Antrax en Sinaloa.

En la última edición del año 2011 así lo documentamos y lo publicamos en el Semanario ZETA de Baja California: 28 cárteles tenían el poderío en territorio nacional; cinco meses después el escenario no ha variado. Cosa contraria, las manifestaciones de violencia han incrementado. Los muertos, los ejecutados, decapitados, colgados, balaceados, se cuentan por decenas cada semana.

A pesar de las detenciones –ninguna de suma importancia y todas le abonan a la descomposición– la inseguridad persiste. El control del narcotráfico sobre territorios en los estados mexicanos es tan real como palpable. Los pueblos fantasma en entidades como Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, son muestra del terror que las organizaciones criminales infunden en la población, a grado tal de hacerlos abandonar su bien patrimonial, el seno de su hogar, la herencia de sus hijos, para huir para sobrevivir.

Ciénega de Flores, un poblado neolonés que destacaba en la gastronomía mexicana por su contribución a partir de los empalmes (si no tuvo la oportunidad de probarlos, eran dos tortillas de maíz con manteca de cerdo y diferentes rellenos), se distingue hoy día por la soledad. Casas vacías, negocios cerrados, calles en el abandono y edificios que son escenario de las inclemencias de los elementos, del vandalismo y la falta de mantenimiento. La población ha disminuido hasta convertir el otrora folclórico escenario en un paisaje de desolación. Los habitantes de esa no muy retirada zona de Monterrey, prefirieron huir cuando ya no tuvieron ni dinero ni producto para pagar la extorsión, el pago por seguridad, el cobro de piso. Las bandas del crimen organizado acabaron con un pueblo y contribuyeron al éxodo.

Michoacán, el estado natal del presidente Calderón, particularmente Morelia su capital, transita por una etapa difícil. La ley del narcotráfico es la que impera. La vida o el negocio. La seguridad de la familia o el dinero. Recientemente, personas de aquella región del país me comentaron sus avatares. Miembros de la Familia Michoacana y de los Caballeros Templarios, les han quitado el negocio. Con impunidad total llegaron primero a reclamar una parte de la producción para permitirles continuar con la empresa. Un 30 por ciento (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cobra otro 30 por ciento por el Impuesto Sobre la Renta). Y si el negocio es redituable, los narcotraficantes mejor se quedan con él. ¿Cómo le hacen? Muy fácil. Si el propietario de la empresa no quiere ceder a partir de amenazas, el lugar es clausurado. Mayormente por personal del Ayuntamiento. Entonces llega el segundo mensaje de los mafiosos: “¿Quieres que reabramos el lugar?”, si la respuesta es afirmativa entonces viene el toma y daca en donde ya se imaginará, el que sale perdiendo es el trabajador, el hombre, la mujer que durante muchos años erigieron un pequeño negocio para sobrevivir económicamente, deben entregarlo para salvaguardar la vida.

De esta manera, los narcotraficantes controlan la producción, el entretenimiento y los servicios de Morelia, Michoacán. Las familias han optado por retirarse ante la frustración de verse robados por el crimen organizado y el gobierno. Funcionarios participan con clausuras, policías con logística y políticos volteando para otro lado. Poco a poco, los michoacanos van abandonando su tierra. Migran a otros estados  de la República lo que tienen dinero para hacerlo y empezar un nuevo negocio. Se refugian en Estados Unidos los que tienen los contactos y el poderío económico. Y se van de mojados, de indocumentados los que no tienen nada más para invertir.

Michoacán lo perdió Calderón, lo que ahí impera es la ley del narcotráfico, la ley del horror. Y no hay gobierno alguno que haya decidido recuperar el Estado de Derecho.

Adela Navarro Bello

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