El Plan Frontera Sur ha sido la principal política en materia de migración impulsada por la administración de Enrique Peña Nieto. Su implementación ha sido criticada por organizaciones civiles defensoras de los derechos de migrantes, que han señalado que lejos de proteger a las personas en su paso por México, las ha criminalizado y ha dificultado su tránsito, impidiéndoles subir al tren conocido como “La Bestia” y obligándolos a buscar rutas más largas que recorrerán a pie. Todo esto, con el clima de violencia que persiste en el territorio nacional.
Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).- El Plan Frontera Sur, una de las principales estrategias implementadas por la actual administración destinó en 2015 el 95.73 por ciento de sus recursos a pagos administrativos y sólo el 0.023 por ciento para labores en campo y de supervisión.
Esta estrategia surgió dentro del contexto de la crisis de menores migrantes solos en Estados Unidos, que estalló en julio de 2014, cuando más de 52 mil menores fueron detenidos en nueve meses. Tiempo después, el 28 de agosto de 2014, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó el Programa Integral Frontera Sur, que funcionaría bajo tres ejes: evitar que los migrantes suban al tren de carga conocido como “La Bestia”; desarrollar estrategias puntuales que garanticen la seguridad y protección de los migrantes; y combatir y erradicar a los grupos criminales que vulneran sus derechos.
La implementación contempló un mayor monitoreo en las rutas con más alto flujo migratorio, un aumento en el patrullaje y elementos federales para combatir los actos delictivos y promocionar la integración legal con el mejoramiento de los servicios de trámites.
De acuerdo con la solicitud de información 400022716, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur de la Secretaría de Gobernación (Segob), no tiene registro del dinero que fue utilizado para la puesta en marcha de los ejes del Plan Frontera Sur. Sin embargo, en el documento de respuesta se anexó el Avance Presupuestal de los ejercicios fiscales 2014 y 2015 y el ejercicio de enero de 2016.
En 2015, el único año que ejerció de manera completa la Coordinación, contó con un presupuesto original de 102 millones 011 mil 743 pesos, de los cuales, 48 millones 824 mil 217 fueron destinados a gastos administrativos, como sueldos base (9 millones 586 mil 186 pesos), aguinaldos y gratificación de fin de año (5 millones 449 mil 172 pesos) o cuotas para el seguro de separación individualizado (3 millones 538 mil 712 pesos).
Por otra parte, los gastos derivados de combustibles y aditamentos para vehículos terrestres para la ejecución de los programas de seguridad pública y nacional y para servidores públicos, tienen cero pesos ejercidos, a pesar de que en el presupuesto original se destinaba dinero para ello.
Sólo se gastaron 11 mil 890 pesos en labores en campo y de supervisión, el 0.023 por ciento del presupuesto ejercido (el 0.011 del presupuesto original).
Para los cuatro meses en que funcionó la Coordinación en 2014, la Secretaría de Gobernación destinó 15 millones 179 mil 610 pesos, de los cuales, 14 millones 850 mil 472 fueron para sueldos base de personal eventual y 329 mil 138 pesos para impuestos sobre nóminas.
En lo que respecta a 2016, se le dio un presupuesto de 93 millones 589 mil 589 pesos, a pesar de que en agosto de 2015, Humberto Mayans Canabal, quien fue designado para atender la Coordinación, dejó el cargo, ya que ésta desapareció como consecuencia del recorte del presupuesto base cero para 2015.
Mayans dijo que la Coordinación desaparecería y las funciones que desempeñó serían responsabilidad de un nuevo organismo que crearía la Secretaría de Gobernación.
Antes de irse, el Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presumió la inversión de 6 mil millones de pesos para la modernización del tren de carga, con el que se aceleraría la velocidad de 10 a 60 kilómetros por hora, lo que impediría el arribo de los migrantes.
Funcionarios de Gobernación se defendieron en su momento al argumentar que se trata de políticas de “ordenamiento”. Omar de la Torre, encargado de la Unidad de Política Migratoria de Segob, dijo que México había sido reconocido por los gastos que ha realizado para garantizar la protección de las personas migrantes.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF), que decretó la creación de esta unidad, se describió a la Coordinación como un mecanismo impulsado por el Gobierno para fortalecer la presencia de la autoridad del Estado en la zona y coordinar acciones con los países centroamericanos para superar los desafíos comunes, y “avanzar en el establecimiento de una frontera más moderna, eficiente, próspera y segura”.
Pero la realidad para miles de personas, en su mayoría de origen centroamericano, y de quienes defienden sus derechos en su paso por México, es diferente a lo que se prometió. Incluso, trajo lo opuesto, según lo denunciado por organizaciones civiles.
EL PLAN QUE CRIMINALIZÓ
Aunque las y los migrantes ya no pueden subir tan fácilmente al tren, no han dejado de salir de sus países, guardando la esperanza de llegar a Estados Unidos. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), las detenciones de migrantes incrementaron 46 por ciento, tan sólo en los últimos cuatro meses de 2014 en que el Plan ya funcionaba.
En entrevista con SinEmbargo, Andremar Galván Serrano, Coordinador General del Colectivo de Apoyo para Personas Migrantes AC (Coami), expresó que con la implementación del programa se dieron una serie de cambios a las condiciones en las cuales viajaban o transitaban las personas.
“Los resultados que ha dado Frontera Sur son visibles: hay cambios de ruta, cambio en las condiciones de transporte, mayor presencia de seguridad, de control y verificación. Y dentro de todo esto, también es evidente la fuerte criminalización hacia las personas migrantes y a las que defienden los derechos de estas personas. Esos son elementos tácitos que tuvo este programa”, comentó.
El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria de la organización Sin Fronteras, señaló en 2014 que el Plan Frontera Sur era el reflejo de una política migratoria desarticulada: “Pareciera hecho al vapor […] dicho programa se centra en la administración y control de flujos migratorios en la frontera sur, desde una óptica de seguridad nacional, y no toma en cuenta los problemas estructurales por los cuales la población sale de sus países de origen”, indicó el grupo integrado por más de 20 organizaciones civiles, analistas y consultores.
Cuestionaron también la creación de la Coordinación, “¿qué política migratoria ejecutará esta instancia?, ¿a qué se refieren con atención integral?” […] Parece que este programa sólo es un anuncio más”.
De acuerdo con la experiencia del Coami, los índices de violencia persisten aún con el Plan Frontera Sur. Aunque se generaron nuevas rutas y el medio de transporte dejó de ser el tren, el viaje se hace ahora a pie, se pueden encontrar nuevos puntos, por ejemplo en Oaxaca, donde la zona de Chauites, es conocida ya como un foco rojo de violencia, extorsión y de asaltos a migrantes, que al no tener los recursos para poder pagar un transporte público, buscan medios alternativos, lo que desata toda la cadena de extorsión con las personas que los transportan o de las mismas autoridades.
“Tras procesos de acompañamiento, podemos decir que los resultados son contrarios. Hay un incremento de los controles migratorios en las autopistas y en las y una mayor colaboración entre autoridades migratorias y fuerzas de seguridad, una participación conjunta. Se nos hacía raro que policías federales y militares estuvieran con la intención de atender a los migrantes, pero en realidad fue para detenerlos y criminalizarlos”, comentó Galván Serrano.
