Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– La carrera rumbo los comicios del próximo 7 de junio ha iniciado a toda velocidad, así como las estrategias del Instituto Nacional Electoral (INE) para recuperar la certidumbre de la ciudadanía y, entre esas acciones, se encuentra la regulación de las encuestas electorales que en el pasado sirvieron como instrumento de propaganda de los propios partidos políticos y para inducir el voto, y no como una herramienta para informar al ciudadano con imparcialidad sobre las tendencias, lo que resquebrajó su credibilidad ante la sociedad mexicana.

Previo a la elección del 1 de julio de 2012, la mayoría de las casas encuestadoras dieron una amplía ventaja al entonces candidato y ahora Presidente Enrique Peña Nieto frente a su competidor más cercano Andrés Manuel López Obrador. Parametría le dio una ventaja de 15 puntos; Mitofsky, de casi 16; Buendía y Laredo, de 17, y GEA-ISA, de 19 puntos.

La realidad fue muy distinta: Peña Nieto obtuvo 38.21 por ciento de los votos, mientras que López Obrador consiguió 31.59; es decir, la diferencia fue de poco más de 6 por ciento. Las contradicciones entre sus cálculos y los resultados finales de la elección provocaron una severa desconfianza entre los ciudadanos y el desprestigio e incluso la descalificación de las encuestadoras por parte de la opinión pública.

A raíz del conflicto en los comicios presidenciales se planteó incluir en la Reforma Electoral de 2014 cambios sustantivos con efectos para casas encuestadoras, medios de comunicación, y autoridades electorales locales.

Durante el foro “El nuevo modelo de regulación de las encuestas electorales organizado por el INE”, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) y el apoyo de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI) y el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas (CEDE), expertos coincidieron que la finalidad de estas modificaciones es crear mecanismos de exigencia que contribuyan a un voto informado y transparente.

“Crear un contexto de exigencia para que la demoscopía se convierta en un instrumento para ejercer el derecho a la información y evitar que esta disciplina se vuelva a utilizar como una herramienta de las campañas electorales, que es algo válido, pero sobre todo del litigio post electoral”, afirmó el Consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.

Los especialistas consideraron que se debe analizar el impacto que pueden tener las encuestas en la formación de la opinión pública y en el comportamiento electoral.

El Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, refirió que cada vez más, las encuestas son un insumo que permite a los ciudadanos formarse una opinión sobre el estado de ánimo de una sociedad y de hacerse una idea de las tendencias. En ese sentido, enfatizó que la regulación de las encuestas electorales responde a un régimen de transparencia y máxima publicidad.

En este contexto, dijo, “el nuevo modelo de regulación de encuestas da un paso adelante a nivel constitucional, legal y reglamentario, pues exige diferenciar la actividad demoscópica de la propagandística; la ciencia de la opinión, frente a la publicidad”.

EL CAMINO A LA TRANSPARENCIA

La nueva normatividad mantiene como eje central de la regulación un régimen de transparencia, que se materializa mediante la difusión que hace la autoridad electoral de los estudios científicos que respaldan los resultados de las encuestas sobre preferencias electorales que son publicados por cualquier medio.

La nueva ley electoral contempla que las casas encuestadoras tienen que estar inscritos en un padrón que el INE estará actualizando en donde se tienen que explicar todas las cuestiones metodológicas lo que se prestaría para dar credibilidad al trabajo demoscópico. Aunque este ejercicio sí se realizaba anteriormente, las agencias de encuestas se autoregulaban por sí mismas y ahora la ley electoral fija es que sean sujetos obligados a la transparencia.

“En esta nueva legislación electoral hay toda una serie de oportunidades para perfeccionar estos instrumentos de cara a las elecciones de 2018”, opina el académico Gerson Hernández Mecalco de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Colegio de Consultores en Imagen Pública.

La obligación central que establece la norma es que quienes publican encuestas sobre preferencias electorales deben entregar el estudio metodológico que respalda los resultados publicados, los cuales deben apegarse a los criterios generales de carácter científico aprobados por el INE. Asimismo, el nuevo modelo consiste en la nacionalización de la normatividad en la materia, es decir, que se homologan los criterios para la realización y publicación de encuestas en todo el territorio nacional y para encuestas de cualquier elección (ya sea local o federal) para evitar resultados disímiles e incluso contradictorios.

Uno de los esfuerzos más destacados consiste en la obligación de entregar a la autoridad, además del estudio científico que respalda resultados publicados, el costo y patrocinador de la encuesta. Ahora podemos saber, no sólo quién realiza, solicita y publica las encuestas, sino también quién las paga y cuánto paga por ellas.

El Consejero Electoral Arturo Sánchez recordó durante el foro que la percepción de que las encuestas fueron utilizadas como instrumentos para influir en la intención del voto durante el proceso electoral de 2012, lo que dio lugar a la reforma electoral a partir de la cual los encuestadores se convirtieron en sujetos regulados por la Ley.

Agregó que la nueva ley electoral brinda transparencia a la publicación de las encuestas; el hecho de que aparezcan datos metodológicos, así como quién levantó la encuesta, y quién ordenó su publicación, aportan elementos al ciudadano para discernir sobre la información que recibe.

Los especialistas plantearon que el nuevo modelo de regulación es un buen paso para la transparencia y rendición de cuentas, pero también aportaron nuevos elementos a la ciudadanía para tener más información sobre los candidatos, los partidos políticos y sus proyectos.

“Esta herramienta es científica, sin embargo se puede utilizar de manera propagandística. ¿Cómo evitamos que sea utilizada de manera propagandística? Pues transparentando la metodología, sabiendo quién financió las encuestas; y al final me parece que los ciudadanos somos bastante inteligentes para poder darle credibilidad o no a cualquier casa encuestadora y del partido que venga”, comenta Hernández Mecalco.

LA CIUDADANÍA Y EL VOTO INFORMADO

Los expertos consultados por SinEmbargo coincidieron en que las encuestas son sólo una herramienta, pero no significan por sí solos en una elección; es decir que no son “sinómino de un proceso electoral”, por lo que enfatizaron debe existir un trabajo conjunto entre las casas encuestadoras los medios de comunicación para la construcción de un voto informado.

Al respecto, el especialista Bernardino Esparza Martínez, de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, hace énfasis en que “la encuestas son sólo una aproximación y no quiere decir que sean desde mi punto de vista al cien por ciento confiables para dar un resultado. El resultado al final será en una elección en una jornada electoral, hay conteo y hay un resultado oficial”.

Si bien en primera instancia los lineamientos de la autoridad electoral buscan reglamentar la difusión de encuestas electorales, lo que se petende a fin de cuentas es proteger y garantizar el derecho de los ciudadanos a contar con información lo más certera, fidedigna y legitima posible, que le sirva para normar su criterio y tomar su decisión ante las urnas.

“[La encuesta] es una herramienta que es útil, pero lo mas importante es que los ciudadanos tengamos todos las herramientas para poder hacer una interpretación lo más cercana a la realidad”, dice el experto en Comunicación Política Gerson Hernández.

En esta labor están involucrados los medios de comunicación, quienes deben aportar la mayor y más clara información posible a los ciudadanos, debido a que la nueva legislación busca abrir el panorama de datos, pero al final de cuentas los resultados de las encuestas se publican en los medios.

Para los participantes en el foro es necesario establecer códigos de ética periodística y llevar a cabo un trabajo conjunto de pedagogía pública para entender qué mide una encuesta, cómo debe presentarse, para qué le sirve a la sociedad, entre otros.

Un reto consustancial para la regulación en materia de encuestas y el establecimiento de un contexto de exigencia, señalaron, es la participación que deben tener distintos actores (observadores electorales, organizaciones civiles, analistas, académicos, especialistas en la materia, periodistas, etcétera) para analizar, dilucidar, y ofrecer explicaciones sobre el desempeño de las encuestas y los resultados que ofrecen y cómo se publican.

El consultor Gerson Hernández explica que muchas veces los medios de comunicación dan la preferencia bruta y no la relativa o no toman en cuenta los índices de abstencionismo o la tasa de rechazo, lo que podría impactar de manera significativa el resultado publicado. Además de conocer información que respalde a cada una de las casas encuestadoras como la experiencia profesional y la trayectoria, para cotejar cuál sí va a ofrecer información científica.

La reforma electoral también exige información sobre la metodología como el periodo de levantamiento de la información, si se realizó por vivienda o por llamada telefónica y el margen de error.

Pero lo otro más importante, considera el académico, es que la ciudadanía participe. “Hay muchos lugares de México donde no pueden entrar los encuestadores; es decir que quienes están haciendo los levantamientos no pueden entrar por causas de inseguridad, pero a parte de esto hay una tasa de rechazo bastante negativa. Me parece que no nos cuesta nada a los ciudadanos responder a favor o en contra de un partido político, pero si no participamos y si no pensamos que un proceso electoral las encuestas tienen como principal objetivo capturar y dar a conocer las opiniones, expectativas, sentimientos pues no hay ninguna otra herramienta que pueda predecirnos qué opinamos o qué queremos”, plantea.

PLATAFORMAS POLÍTICAS

La importancia de las encuestas no sólo radica en la influencia que ejercen sobre los votantes, sino que de manera muy significativa, el desarrollo mismo de las campañas electorales está definido por las encuestas electorales que son usadas por los partidos como parámetros para sus estrategias de promoción política, e incluso de litigio electoral.

En este sentido, el reto común de autoridades y el propio gremio parece ser inequívoco: impedir que las encuestas electorales sean usadas como propaganda electoral; es decir, diferenciar la actividad demoscópica de la propagandística, la ciencia de la opinión frente a la publicidad.

Los especialistas consultados por SinEmbargo coincidieron que las encuestas no sólo deben servir para los institutos políticos durante las campañas sino que deben ser impulsoras iniciativas.

Al respecto, Esparza Martínez señala que el objetivo de las encuestas es dar un panorama tanto de preferencia electorales como de los problemas no solucionados para que posteriormente éstos se usen como plataformas políticas.

“Hay que ver si efectivamente esta encuesta va a tener una resonancia una repercusión en la solución de los problemas que los partidos políticos que en principio deben tener como gestores sociales; es decir cumplir cabalmente con su función como representantes de la sociedad”, dice.

El analista explica que las casas encuestadoras están haciendo preguntas con el final de recabar información y hacer una plataforma de candidaturas de los partidos políticos y de sus candidatos y los candidatos independientes para ofertar ya en las campañas electorales y esto sea posteriormente un programa de gobierno.