Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– La población callejera que habita en el Distrito Federal sufre de discriminación, exclusión y criminalización no sólo por parte de la sociedad que la desdeña por su aspecto físico sino para las autoridades encargadas de ejercer justicia.

De acuerdo con el Informe Situación de los Derechos Humanos de las Poblaciones Callejeras en el Distrito Federal 2012-2013, las personas que no tienen hogar (menos de 0.1 por ciento  del total de habitantes en la entidad) se ven afectadas por una doble victimización que, además de negarles la protección del Estado, las convierte en blanco de actos de violencia e incluso de corrupción policial.

“El estigma sobre estos grupos los coloca en situaciones de mayor vulnerabilidad frente a amenazas de lesiones físicas por parte de las y los agentes de policía o autoridades delegaciones […]. Tratándose de hombres, jóvenes y niños las amenazas se materializan cuando son obligados a moverse de lugar en que pernoctan o son despojados de sus pertenencias; mientras que en el caso de mujeres y niñas, además de las agresiones verbales y físicas, se encuentran vulnerables frente a casos de hostigamiento y abuso sexual”, expone el documento presentado ayer.

Cuatro de cada 10 personas encuestadas por la CDHDF confesaron haber enfrentado problemas de acceso a la justicia y detenciones ilegales o arbitrarias, internamientos forzosos e incluso encarcelamientos por parte del sistema judicial que los criminalizó por su “potencial peligrosidad”.

Entre enero de 2011 y diciembre de 2012, 42.4 por ciento de las afectaciones registradas por la CDHDF en contra de la poblaciones callejeras se suscitaron en el marco del Sistema de justicia, existiendo una mayor presencia de hombres (64.5 por ciento) y de población joven (20.8 por ciento) con carácter de agraviada.

La CDHDF documentó que las poblaciones callejeras son víctimas de sobornos y extorsiones, pues además de ser detenidas de manera arbitraria son trasladada a lugares aislados y despojadas de sus pertenencias a cambio de ser puestas en libertad. No obstante, también es común que la carencia de recursos económicos termine con la presentación de las personas ante la autoridad judicial sin ningún motivo real, o con agresiones físicas y tortura –consistente en aplicación de toques y descargas eléctricas– para obtener confesiones autoinculpatorias.

“Me acusaban por haber agarrado 50 pesos sin deber nada; venía saliendo de [se omite el lugar por protección], ese día me empezaron a pegar. Me quisieron meter drogas pero me puse vivo y no dejé que me metieran cosas. Entonces apenas no tiene mucho que me dieron unos toques, apenas, un policía; sin saber iba pasando en la carretera y me dio unos toques”, detalló un testigo al organismo de derechos humanos.

A pesar de que en el Distrito Federal la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el DF contempla de manera específica la obligación de promover la igualdad de trato hacia las poblaciones callejeras, la ausencia de una ley integral sobre los derechos de las poblaciones callejeras que considere la composición heterogénea de este sector obstaculiza la erradicación de la estigmatización y criminalización social que impera en su contra, incumpliendo con ello una de las estrategias planteadas para la protección de sus derechos.

LA DISCRIMINACIÓN

La CDHDF reveló que tres de cada 10 personas que viven y sobreviven en la calle han experimentado discriminación en su contra. El 73.3 por ciento de los encuestados dijo haber sido víctima de autoridades y 26.6 por ciento de particulares.

De acuerdo con el informe, las condiciones de vida –que ocasionan el rechazo e indiferencia por parte de las autoridades y la sociedad– constituyen actos de marginación que propician el abuso y exclusión de éstas frente al colectivo social y les niegan la posibilidad e llevar a acabo un diálogo para hacer exigibles todas sus demandas relacionadas con el bienestar, seguridad y vida adecuada.

Asimismo, cinco de 10 testimonios evidenciaron actos de discriminación por su aspecto físico y la posesión de sustancias inhalantes para despojarlos de sus pertenencias o realizar acciones de limpieza social. Además –denuncian– que los responsabilizan de la disminución de las ventas en comercios, de la inseguridad pública, malos olores e incluso de agresiones contra transeúntes.

El 29 por ciento de los testimonios manifestaron prácticas de marginación y exclusión que consisten en la negación de servicios de emergencias. Además, señalaron, por razones de discriminación se les impide acceso a atención médica en hospitales, clínicas y centros de salud.

Respecto a las mujeres, existe una barrera para el ejercicio de sus derechos. Además son víctimas de malas prácticas en control de natalidad, obstaculización para acceder a servicios de salud materna y reproductiva y falta de información en materia de sexualidad y derechos reproductivos.

Lo que por consecuente genera un crecimiento de la población de calle que ve restringidos sus derechos fundamentales.

Sin embargo, la comunidad de personas que viven en la calle sólo pide no ser criminalizada y que se le respeten su derechos humanos, explicó José Luis Jiménez, representante de la población.

“Todos somos iguales, es lo que yo pienso, y todos tenemos todos esos mismo derechos y no nada más porque seamos chavos de la calle nos van a discriminar así”, expone uno de los testimonios de la Audiencia Pública con Poblaciones Callejeras.

GRUPO DE INVISIBLES

Las poblaciones callejeras han sido históricamente invisibilizadas al no ser consideradas en conteos o censos oficiales. Esto representa un indicio de la exclusión de la que son víctimas en el Distrito Federal.

La Audiencia Pública con Poblaciones Callejeras 2012-2013 demostró la afectación al derecho de identidad personal. Las personas que viven en la calle carecen de documentos de identificación, lo incrementa el riesgo de vulneración de otros derechos de carácter civil, político, económico, social y cultural, que tienen consecuencias en el ejercicio de la ciudadanía.

En los último dos años, la CDHDF registró presuntas vulneraciones a este derecho en 56 por ciento de los expedientes correspondientes al núcleo de Democracia y derechos humanos . De acuerdo con la información disponible, aproximadamente tres de cada 10 de las presuntas violaciones a derechos registradas en expedientes de quejas con población adulta en edad laboral con agraviadas.

De éstas, el 14 por ciento de las personas encuestadas manifestó como un problema recurrente la falta de actas de nacimiento, comprobantes de domicilio y número de seguridad social.

Datos del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del DF presentados a finales del pasado febrero plantean que en 176 puntos de la ciudad viven 5 mil 600 personas.

La Delegación que mayor número de personas concentra es Cuauhtémoc, con mil 38 personas; también hay grupos en Venustiano Carranza, Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, principalmente.

A pesar del presupuesto asignado para atender la problemática, las 16 delegaciones refirieron no contar con información estadística asociada con poblaciones callejeras.

Por su parte, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) denunció que aunque los programas del gobierno central dirigidos específicamente a poblaciones calle tienen una finalidad de atención mediata de problemas grave, no resuelve en el fondo la situación de exclusión de estas poblaciones.

“Si se considera de forma exclusiva el presupuesto asignado a cada uno de los programas, es posible apreciar inconsistencias que implican variaciones presupuestales anuales de más de 22 millones de pesos respecto a un mismo programa y que evidencian una ausencia de perspectiva estructural en la planeación financiera de la acción gubernamental, situación que en el caso de las delegaciones políticas es igualmente compleja pues con excepción de Benito Juárez, ninguna otra delegación proporcionó información precisa sobre el presupuesto ejercido en beneficio de las poblaciones callejeras entre 2011 y 2012”, detalló el informe.