¿Por qué proponer veinte iniciativas constitucionales a pocos meses de finalizar el sexenio? Encuentro dos explicaciones analíticamente distintas, pero entrelazadas.

Está, en primer lugar, el interés del presidente en fijar la agenda electoral con una serie de iniciativas de reformas tremendamente populares. En una maniobra inteligentísima, el presidente López Obrador vuelve a estampar su sello por cuarta vez en una boleta electoral. Son muchas las ventajas: atrae la conversación política cuando solo faltan 16 semanas para la elección, obliga a Xóchitl Gálvez a posicionarse en temas complejos y, por último, grita con megáfono sus propuestas en un periodo en el que ninguna de las dos candidatas puede hacerlo. En su jugada a cuatro bandas, el presidente nos tendrá hablando de sus iniciativas constitucionales hasta el primero de marzo. Touché.

En segundo lugar, al presentar sus iniciativas, el presidente muestra su intención de influir no solamente en la elección, sino, aún más importante, en el periodo poselectoral. Las ramificaciones de su estrategia van más allá del dos de junio. En más de un sentido, López Obrador construye la hoja de ruta para el segundo piso de la 4T con veinte reformas que serán —qué duda cabe— parte del programa ejecutivo de Claudia Sheinbaum. No se trata, como han querido decir algunos, de una imposición a la candidata. Como presidente constitucional y líder del movimiento político más importante del país, López Obrador deja apuntaladas las bases para la continuación de su proyecto político.

En ese sentido, lo que hace el presidente no es muy distinto a lo que han hecho otros presidentes. Durante décadas, los gobiernos, así llamados neoliberales, intentaron plasmar su modelo de país en la Constitución y en la creación de organismos autónomos que regulan o limitan la acción del Estado. El mejor ejemplo de un proyecto que intentó ser transexenal es el Pacto por México.

Ahora bien, en lo que respecta a las iniciativas de reformas propuestas por el presidente, hay luces y sombras. Empezaré por las primeras. Rescato cuatro luces:

1) La iniciativa de reforma de pensiones. Aunque deja pendiente la explicación sobre la fuente de ingresos con la que se va a financiar, tiene la virtud de poner en el centro de la discusión un tema crucial: la necesidad de mejorar la tasa de reemplazo de la generación Afore, es decir, de aquellos que comenzaron a cotizar a partir de 1997. Es un tema que había estado fuera de la discusión política y que aparece solo gracias a esta iniciativa. Aplausos.

2) La iniciativa en materia de vivienda. Ésta abre la puerta a la posibilidad de arrendamiento de vivienda social y permite al INFONAVIT destinar recursos para la construcción directa de vivienda social. Era una demanda de años que por fin cristaliza. Difícilmente la oposición podrá oponerse.

3) La iniciativa relativa a pueblos indígenas y afroamericanos. En ésta se les reconoce como sujetos de derecho y garantiza su libre autodeterminación, una demanda que antecede a los acuerdos de San Andrés de 1996, incumplidos por 26 largos años. La propuesta hace justicia a una demanda histórica.

4) De la iniciativa de reforma electoral, aplaudo que la revocación de mandato se vuelva vinculante con un 30% de la participación electoral, así como la obligatoriedad de que la consulta se realice el mismo día de las elecciones. Celebro también la reducción a la mitad del financiamiento público a los partidos políticos. Otras cosas me gustan menos.

Hay sombras en las iniciativas que propone el presidente. Son muchas y preocupantes.

1) La más grave, la ausencia de una iniciativa de reforma fiscal que permita al Estado obtener más recursos justamente para poder pagar pensiones, construir más ferrocarriles, construir más vivienda. Sigue siendo una ausencia imperdonable en un gobierno de izquierdas.

2) Es una sombra, también, la decisión de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Las implicaciones son enormes. Con esta decisión, el Estado mexicano se quedaría sin policía federal de corte civil para la prevención e investigación de delitos. En la iniciativa, además, los cuerpos especializados pasarían a la SEDENA, incluyendo el grupo especializado para combatir el secuestro. De cumplirse la reforma, la Secretaría de Seguridad se volvería solo una gestora de recursos que administraría poco más que las cárceles y algunos fondos federales. Considero que se trata de un error y una capitulación del Estado mexicano.

3) También es una sombra la reforma en materia penal que amplía el tipo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

4) Considero un desacierto la eliminación de los diputados y senadores plurinominales. A pesar de su mala fama y nulo arraigo territorial, los legisladores plurinominales garantizan la representación de las minorías. Se trata de una larga demanda de la izquierda desde la década de los años setenta. Solo a partir de los plurinominales comenzó a haber representación de otros partidos políticos en la cámara. No guste más o nos guste menos, en la representación plurinominal cristaliza la idea de que la democracia no se trata solamente de generar mayorías estables territorialmente homogéneas, sino de garantizar también la voz de las minorías dentro de una sociedad heterogénea.

5) Por último, la eliminación de órganos autónomos o descentralizados es una sombra dentro de las iniciativas presidenciales. Puedo respaldar la eliminación de algunos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero de ninguna manera de otros como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI), resultado de largas luchas democráticas de la propia izquierda.

Tengo para mí que las iniciativas de reforma judicial (que proponen la destitución de todos los ministros para 2025) y lo más crudo de la iniciativa de la reforma electoral son solo caballitos de batalla rumbo a las elecciones del dos de junio. En el contexto actual no parece haber espacio para su aprobación. Me parece bien así. En el resto, la oposición la tendrá difícil para negarse a un proyecto político basado en la expansión de derechos a los más vulnerables. Eso sí, han sido tantos los errores de la oposición en los últimos cinco años que cualquier cosa podemos esperar. La ficha está en el tablero del Frente.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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