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SCJN avala que los gobiernos estatales decidan sobre el uso obligatorio de cubrebocas

08/02/2022 - 6:27 pm

Durante la pandemia de COVID-19, los gobiernos estatales podrían decidir implementar el uso obligatorio de cubrebocas, según la resolución de la Suprema Corte.

Por Carlos Álvarez

Tijuana, 8 de febrero (Zeta).– Por ocho votos contra tres, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este martes que las administraciones estatales pueden imponer el uso obligatorio del cubrebocas para enfrentar emergencias sanitarias, aun si el Gobierno Federal no establece dicha medida.

El máximo tribunal declaró constitucional una reforma de febrero del 2021, realizada a la Ley Estatal de Salud de Nuevo León, que autorizó al Gobierno de dicha entidad ordenar el uso obligatorio de cubrebocas para todos los mayores de dos años de edad, ello mientras esté vigente una emergencia sanitaria por enfermedad contagiosa.

En caso de que el Gobierno local así lo decidiera, el uso de cubrebocas podría ser obligatorio durante la pandemia de COVID-19. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.

Con la resolución de la SCJN, y si así lo ordena la autoridad estatal, el cubrebocas será obligatorio en espacios y vías públicas, centros comerciales, transporte público y otros espacios de acceso no restringido, además de que el desacato a su uso es sancionable con una multa de hasta 481 pesos.

La reforma constitucional neoleonesa fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), misma que alegó que Nuevo León invadió atribuciones federales, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reserva la competencia en casos de emergencia al Consejo de Salubridad General (CSG) y la Secretaria de Salud (Ssa) Federal.

“Permitir la vigencia de las normas como las que se combaten, distorsionan el propósito del Constituyente, pues impide que exista uniformidad en los principios, criterios, políticas y estrategias aplicables en todo el territorio nacional en materia de salubridad general”, afirmo en su demanda María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la CNDH.

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