Demandante en La Haya dice que FCH permitió ejecuciones, desapariciones, tortura e impunidad en su sexenio

08/02/2014 - 12:05 am
Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo
Netzaí Sandoval Ballesteros presentó una denuncia por delitos de lesa humanidad contra quien fuera Presidente de México entre los años 2006 y 2012: Felipe Calderón Hinojosa. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).– El expediente de delitos internacionales ocurridos durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa ha crecido, afirma Netzaí Sandoval Ballesteros, abogado que presentó una denuncia por delitos de lesa humanidad contra quien fuera Presidente de México entre los años 2006 y 2012. El litigante que en noviembre de 2011 acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Holanda, recuerda que cuando presentó el expediente reunía evidencias de 470 delitos internacionales, pero –como el expediente está en etapa de examen– la suma actual de casos ha reunido, junto con organizaciones ciudadanas, más de cinco mil. El expediente pasó de 700 páginas a alrededor de siete mil y reúne casos de ejecuciones cometidas contra la población civil o narcotraficantes que fueron abatidos a partir de una política sistemática. También contiene casos de torturas. La intención es llevar a juicio internacional al anterior Presidente Felipe Calderón por su responsabilidad en las miles de muertes –casi las 100 mil–  y desapariciones –27 mil de acuerdo a la actual administración federal– ocurridas durante su sexenio y producto de la declarada guerra al narcotráfico. Aunque no está comprobado que hayan sido autorizados por el entonces Presidente Felipe Calderón, los secretarios de la Marina o de la Defensa Nacional (SEDENA) o el de Seguridad Pública (SSP), principales instancias involucradas en los delitos, tampoco intentaron detener dichas prácticas, explica. Además de Calderón, los datos apuntan a que quien fuera Secretario de Seguridad Pública en el sexenio calderonista: Genaro García Luna, parte importante en la política de gobierno que permitió ejecuciones, desapariciones, tortura e impunidad. “Lo que tenemos claro es que la Secretaría de Seguridad Pública bajo las órdenes de Genaro García Luna cometió crímenes internacionales y que hay una política de impunidad que hace sospechar que quienes autorizaron estos crímenes son sus superiores”. Él supo de los delitos internacionales y los encubrió, dice. “Para decirte inocente en el contexto internacional no basta decir ‘yo no firmé un documento ordenando matar civiles’. No basta eso. Si quieres mostrarte como inocente tuviste que haber dado órdenes, haber actuado para sancionar a los responsables. Si te enteraste que tus inferiores torturaron, cometieron ejecuciones extrajudiciales, tienes que haber dado pasos para que fueran juzgados y si no lo hiciste tú eres responsable. Ese es el tipo de responsabilidad que estamos señalando en el caso de Calderón, que él sabía que esos delitos se estaban dando, en el caso de García Luna también, que no los detuvieron y además decidieron garantizar impunidad. Eso en derecho internacional se llama responsabilidad del mando, tu superior no puede decir ‘yo no me hago responsable de lo que haga un soldado’”, agrega. LOS PORQUÉS Cuando Netzaí presentó la denuncia ante La Haya contra Felipe Calderón en 2011, el trabajo de recopilación de datos lo había iniciado siete meses antes, en un trabajo conjunto de organizaciones de la sociedad civil. La decisión de acudir ante La Haya fue porque los delitos cometidos por el gobierno de Felipe Calderón en el combate al narcotráfico ni siquiera están tipificados por la legislación mexicana, explica. El Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública han hecho uso de prácticas donde se asesina a narcotraficantes como una práctica sistemática. Sandoval Ballesteros dimensiona así el baño de sangre que sufrió el país durante el sexenio pasado: en operativos de seguridad puede haber bajas civiles, pero al mismo tiempo hay formas de comparar si estas rebasan parámetros internacionales. Ejemplifica que mientras en Vietnam las bajas civiles por las de un soldado estadounidense eran de 10 a 1, la Sedena ha informado que por cada soldado murieron 18 civiles, mientras que en el caso de la Marina la cifra es de 34. “El Ejército mexicano mata a 18 ellos, dicen que narcotraficantes por cada soldado muerto. Pero la Marina es todavía peor, asesina a 34 narcotraficantes que no son narcotraficantes, porque jurídicamente no son narcos porque para que puedas decir que alguien es un delincuente eso lo tuvo que decir un juez, todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Todas esas personas que murieron sin juicio murieron inocentes”, dice Netzaí. “Ahora es posible que hayan muerto en un enfrentamiento, pero si hay 34 muertos del otro bando y uno solo mío eso te permite saber que quién está agrediendo es la Marina, el Ejército, no es que estén respondiendo a una agresión porque entonces tendrían más bajas ellos y lo que hace el Ejército es solamente estar ahí y responden y evidentemente el Ejercito tendría muchas bajas. Imagínate más del triple que Estados Unidos y no es explicable como ellos lo narran, no puede ser que son blancas palomitas, que reciben balazos y responden, eso no es según los datos”. Agrega que de acuerdo con especialistas en el tema el promedio aceptable de bajas civiles por cada militar para que se considere el proceder de manera legal es de 15. “No es el caso mexicano ni en el Ejército ni en la Marina”. Un dato que aporta sobre la impunidad es que la Sedena reconoció que de diciembre a 2006 a 2011 habían asesinado a dos mil 268 personas en enfrentamientos, así argumentaban. “Ahora sin embargo la PGR por homicidios sólo levantó 997 averiguaciones previas en general”, según datos que tiene. Un ejemplo del proceder militar alejado de los protocolos de derechos humanos es el que encabezó el general Manuel de Jesús Moreno Aviña. “Crímenes de guerra que tienen que ver con esta estrategia en la que el Ejército ya no está deteniendo a personas, sino que está decidiendo directamente asesinar narcotraficantes, documentamos el caso del general Moreno Aviña que torturaba, ordenaba ejecuciones extrajudiciales, ordenaba inhumaciones en las que además se desaparecieron los cuerpos, era un un mando del Ejército y está documentado ante la fiscalía”.

Foto: Cuartoscuro
Tanto como Calderón como García Luna permitieron ejecuciones, desapariciones, tortura e impunidad durante su sexenio. Foto: Cuartoscuro

LOS ESCENARIOS El abogado dice que el expediente está en revisión y en caso de que se apruebe entraría en fase de Análisis Preliminar, en la cual otros seis países ya están, uno de ellos Colombia, otro es Honduras. En caso de llegar a esa etapa, la Fiscalía de La Haya mandaría el mensaje de que sí hubo delitos internacionales y entonces enviarían una misión de supervisión para investigar si hay voluntad y capacidad en México de juzgar a los responsables. “Si al final de etapa de Análisis Preliminar se concluye que no hay voluntad o capacidad para juzgar esos delitos la Corte atrae el caso y lo juzga”. Si se llega a la etapa de Análisis Preliminar y el gobierno quiere evitar que el caso sea atraído por la CPI, entonces debe tipificar los delitos en la legislación para que jueces mexicanos lo juzguen. “No están tipificados los crímenes de guerra, de lesa humanidad, el de agresión, entonces cuando logremos poner en análisis preliminar el gobierno podría hacer tipificar para no llevar a juicio. ¿Qué más podría hacer? Ordenar ya no llevar a los cuarteles militares a los detenidos y evitar la tortura; poner fin a la política de impunidad y comenzar a juzgar las torturas”. El abogado ve que en el actual gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto algunas de las prácticas aún persisten, pero otras ya no, como el arraigo, donde se abría la posibilidad de la tortura mientras no se presentara a los culpables frente a un juez. En caso de que se llegara a la etapa de Análisis Preliminar y se siguiera sin tipificar los delitos y Calderón fuera juzgado por la Corte Penal Internacional, algo que sería un proceso de años, la actual residencia del ex Presidente en Estados Unidos le permitiría despreocuparse, ya que el país del norte está convertido en un paraíso penal y difícilmente se le obligaría a responder ante instancias internacionales por su guerra contra el narcotráfico. Así lo mostró la decisión de no enjuiciar al ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León por la matanza de Acteal, Chiapas, y el hecho de que Estados Unidos sea un opositor a la CPI. Por eso Sandoval Ballesteros, incluso, ve lejano un retorno de Calderón a México. “No creo que Felipe Calderón tenga muchas ganas de regresar”, concluye.

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