Ciudad de México, 8 de ene (SinEmbargo).- El ex edil Frontera Comalapa, Chiapas, Irán Guanerges Mérida Matamoros, se suma a la lista de ex presidentes municipales detenidos por asociación delictuosa, peculado y ejercicio indebido de funciones. Con Mérida Matamoros, van 9 funcionarios chiapanecos que deberán enfrentar cargos por estos delitos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo la noche de ayer a Irán Mérida, quien en las próximas horas rendirá su declaración ante el Ministerio Público, publica Chiapas Hoy.
La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos ordenó la detención de los ex presidentes municipales debido a un informe del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado en el que se detectaron irregularidades como ingresos omitidos, erogaciones no justificadas, pagos en exceso en la ejecución de las obras y volúmenes pagados no ejecutados.
La PGJE detuvo ayer a Daniel Arévalo Díaz, ex síndico de Tapachula, Chiapas, quien se había enlistado con los otros ocho funcionarios chiapanecos detenidos por los mismos delitos durante la administración de Juan José Sabines Guerrero (2006-2012).
VER INFORMACIÓN RELACIONADA: En los últimos días, la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo y puso a disposición del juez penal a los ex alcaldes de Reforma, Herminio Valdez Castillo; Chicomuselo, Miguel López; Ocozocoautla, Silver Eroy Corzo León; Cacahoatán, Jesús Arnulfo Castillo Milla; Ixhuatán, Magdiel Rafael García Cancino, y del municipio de Francisco León, Rodolfo Vázquez Martínez.
Además, se observaron recursos ejercidos con fines distintos a los objetivos, no existió una correcta supervisión y ello ocasionó que los recursos públicos no fueran justificados y comprobados debidamente, como parte del ejercicio fiscal 2010, asegura el diario local.
La Fiscalía Especializada destacó que continúa con las investigaciones y atiende de manera puntual las denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior, al tiempo en que reiteró el compromiso de llevar ante la Justicia a todo aquel que abusando de la confianza ciudadana haya desviado recursos para fines personales.
