Luego de años de exigir lo básico, las trabajadoras del hogar recibieron una noticia que las llenó de alegría: la Suprema Corte de Justicia de la Nación les reconoció el acceso a la seguridad social. Pero ahora, a lo que sigue: buscarán a la brevedad el esquema para que eso se lleve a cabo y no quede en papel, e insistirán en que sea ratificado el Convenio 189 de la OIT, el gran pendiente que dejó Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la no obligación de dar seguridad social a las trabajadoras del hogar, fue un bálsamo para las mujeres que durante casi 20 años trabajaron en que les fueran reconocidos sus derechos laborales mínimos, pero representó también una nueva etapa para que esto no quede solo en papel.
La SCJN reconoció que el Artículo 13 fracción II es anticonstitucional y discriminatorio, ya que establece que los empleadores y empleadoras no están obligados a dar seguridad social a las trabajadoras del hogar.
“No existe alguna razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social, lo cual provoca una discriminación injusta contra dichas trabajadoras. El trabajo doméstico ha sido tradicionalmente objeto de condiciones inadecuadas, extensas jornadas y bajos salarios, expuesto a condiciones que están lejos del concepto de trabajo digno”, puede leerse en el fallo.
La Corte agregó: “dejar fuera el trabajo doméstico del régimen obligatorio del IMSS afecta desproporcionada a la mujer, pues estadísticamente la labor del hogar es realizada preponderantemente por ellas”.
Con esto se deberá implementar un “programa piloto” que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar con facilidades administrativas que permitan cumplir de manera sencilla y clara las obligaciones patronales. Se debe contemplar que en algunos casos existe más de un patrón y que las relaciones laborales no siempre tienen un contrato físico de por medio.
Claramente sentenció que este régimen no será de carácter voluntario, sino obligatorio.
Tras el anuncio, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, comentó a través de su cuenta de Twitter, que la decisión de proteger a las trabajadoras del hogar es un parteaguas para empezar a replantear y buscar esquemas que permitan avanzar en la protección de sus derechos y en su inclusión en la seguridad social.
De la misma manera, Germán Martínez, Director general del IMSS, señaló que se acataría de manera inmediata y puntual la decisión de la SCJN de incluir a las trabajadoras del hogar al Régimen de Protección del Seguro Social. “He ordenado a la Dirección de Incorporación y Recaudación inmediatamente se ponga a diseñar un programa piloto que se hará en los plazos que la Corte ha fijado, y he ordenado a la Dirección de Vinculación entable un diálogo con las organizaciones civiles para que se haga un trabajo integral, puntual y claro”, dijo a través de un video.
Posicionamiento del Director General del #IMSS, Germán Martínez Cázares frente a la resolución de la @SCJN a favor de las trabajadoras domésticas y #SeguridadSocial. #TrabajadorasDelHogar pic.twitter.com/Eh5UF3QxVm
— IMSS (@Tu_IMSS) 6 de diciembre de 2018
El plazo que se dio al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de no mayor a los 18 meses; tendrá que presentar el programa al Congreso para las adecuaciones legales y para la incorporación formal al Sistema Especial de Seguridad Social de las Trabajadoras del Hogar. Se busca que en tres años la seguridad social sea efectiva, robusta y suficiente para la totalidad de las trabajadoras del hogar del país.
Este viernes el Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de la Suprema Corte y dijo que su Gobierno ratificará el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece los derechos laborales para las trabajadoras del hogar.
A través de un comunicado conjunto, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar y el Centro de Apoyo y Capacitación para Trabajadoras del Hogar, señalaron que el fallo se da luego de décadas de invisibilización hacia ellas y hacia lo que hacen y anunciaron que darán un seguimiento puntual a la construcción del programa piloto para darlo a conocer entre las trabajadoras y esperarán en lo breve las reformas a la Ley del IMSS y a la Ley Federal del Trabajo para que queden garantizados los mecanismos, presupuesto y procesos para que la decisión no se quede en letra muerta.
Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar (CACEH), dijo en entrevista con SinEmbargo que hay felicidad porque se trata de un gran avance, pero están conscientes de que el cambio no se dará de manera automática.
“Tiene que haber un proceso y deben plantearse estrategias claras para que el fallo no se quede en papel […] Prevemos que haya resistencia de una sociedad que no reconoce los derechos y también una cultura en la cual dentro de los hogares este trabajo se considera una ‘ayuda’ de parte de una persona que es ‘como de la familia’. Son muchas cosas las que impiden el ejercicio de nuestros derechos. Aunque muchas los conozcan, es difícil exigirlos”, expuso.
Patricia Vélez, integrante de la Red Nacional de Trabajadoras del Hogar (RNTH) del estado de Michoacán, dijo por su parte que el fallo de la Suprema Corte lo consideran una nueva oportunidad para ellas y una nueva etapa para seguir avanzando en el tema.
Un obstáculo con el que se han encontrado en todo este tiempo en el que han solicitado la seguridad social, es el de la no respuesta de las instituciones gubernamentales responsables de la aplicación de esa Ley, es decir, el IMSS y la Secretaría de Hacienda.
“Estas instituciones se reunieron en el mes de octubre y se comprometieron a diseñar un esquema de cuotas que sería el sistema de inscripción de las trabajadoras. Sigue pendiente ese resultado, nos tienen que decir en qué avanzaron”, contó.
El Sistema de las Naciones Unidas en México dijo a través de un comunicado de prensa que el fallo de la SCJN “representa un paso importante en la garantía de los derechos de las trabajadoras domésticas para el ejercicio de sus derechos laborales y de seguridad social en consonancia con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Estado mexicano”.
Cerca de 2.3 millones de trabajadoras domésticas remuneradas en México enfrentan alguno de los múltiples escenarios de discriminación y violencia, incluyendo hostigamiento sexual. Además, al carecer de un contrato laboral escrito, trabajan jornadas superiores a la ley sin paga extra, no cuentan con seguridad social, pensión, vacaciones ni aguinaldo, determinó un estudio de la organización Impunidad Cero.
El 81 por ciento de ellas se dedica a ese trabajo por razones de necesidad económica y factores de pobreza, entre los que destaca la falta de estudios y oportunidades: el 23.8 por ciento no ha concluido la primaria.
El 90 por ciento no tiene un contrato laboral, de acuerdo con la Comisión Nacional contra la Discriminación (Conapred). Esto las priva de derechos de seguridad social como seguro médico, licencia de maternidad, guardería para sus hijos, pago por incapacidad, pensión, ahorro y créditos para vivienda.
El 46 por ciento labora más de las ocho horas establecidas en la ley; un 45 por ciento no cuenta con el derecho a disfrutar de descanso semanal; un 66 por ciento no tiene vacaciones y un 57 por ciento no recibe aguinaldo. El 74.9 por ciento recibe como salario hasta dos salarios mínimos.
EL PENDIENTE QUE DEJÓ PEÑA NIETO
“Y ya que se están aprobando leyes y se está abriendo esta posibilidad, queremos saber cuál será la implementación porque tenemos que darle seguimiento y pasar al tema de la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde se considera esta parte de la seguridad social para las trabajadoras y el esquema que ahí se contempla al respecto”, agregó Patricia Vélez.
El Gobierno mexicano elaboró y aprobó en 2011 el Convenio 189 de la OIT, pero la administración de Enrique Peña Nieto en seis años no la envió al Senado de la República para su ratificación. Dicho convenio busca combatir la desigualdad laboral que enfrentan las y los trabajadores del hogar. Ahí se reconoce que se trata de un trabajo con derechos laborales y establece medidas para impedir el abuso y la explotación.
Bautista señaló que el fallo actual de la Corte es el principio de la solución a uno de los problemas que aquejan a las trabajadoras del hogar, la falta de seguro social, pero que sí falta la ratificación del convenio 189 de la OIT.
“Ese es un instrumento que hará que el Gobierno mexicano asegure la protección de los derechos humanos de las trabajadoras del hogar, entonces nos seguiremos organizando y asesorando a las trabajadoras y también a empleadores que quieran saber cómo hacer las cosas. Nosotros no estamos peleando porque no se respeten, estamos peleando porque no hay mecanismos, no hay leyes para que tanto empleadores y empleadoras puedan cumplir”, agregó.
Y hay mucho trabajo por hacer. Diana Carmona, trabajadora del hogar y coordinadora del Sinactraho de Baja California, comentó en entrevista con este medio digital que la noticia del fallo les trajo felicidad pero a la vez guardan mucho escepticismo.
El caso de las trabajadoras del hogar de Baja California es diferente al del centro del país en donde el tema se ha visibilizado, mientras que allá avanza a marchas forzadas.
“Es reciente el trabajo que se empezó a hacer, tiene menos de dos años y ha sido difícil colocarnos como un tema importante, sobre todo con las señoras trabajadoras […] El fallo es bueno por el simple hecho de que se visibilizó el problema y esa información puede llegar a muchas mujeres que trabajamos y que dependemos de esa actividad para sustentar a nuestras familias. Pero también sirve para que se enteren los empleadores, que donde veo más factible la negativa de cumplir con el fallo”, señaló.
Diana y otras compañeras desde Tijuana trabajan en llevar información a otras trabajadoras y van a casas a platicar con las mujeres, sin embargo dijo que es complicado trasladarse a otros municipios. El grupo de ellas en Baja California consta de al rededor de 15 mujeres que han recibido capacitación en conjunto con el Sinactraho.
“En esta frontera hay una negación del problema por el cambio de economía tan grande que hay entre ciudades. Acá las mujeres minimizan las problemáticas por el salario, dicen que ganan muy bien porque tienen la facilidad de cruzar a Estados Unidos, hay otras que trabajan con una familia que gana en dólares y el sueldo es más alto”, explicó.
Finalmente, habló de atender el problema de raíz: “No es solo el reconocimiento legal o institucional. Tenemos que ver desde cuándo las mujeres que hacemos esta actividad hemos estado oprimidas y eso nos lleva hasta la colonización o antes. Es una actividad que hace mover el mundo y muchas personas pueden hacer sus actividades favoritas porque hay otras, mayormente mujeres, que estamos haciendo lo que no pueden hacer. Hay que reconocer que somos una base importante que sostiene muchísimas otras cosas más”.
